Antauro Humala: El camino que seguirá en la Corte Suprema el pedido para que su partido sea declarado ilegal

Tras más de dos décadas en el sistema normativo peruano, por primera vez se busca aplicar el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas. La Corte Suprema tendrá que decidir en los próximos meses si declara como ilegal “por conducta antidemocrática” al partido vinculado al condenado etnocacerista Antauro Humala, que lleva como nombre el suyo propio: A.N.T.A.U.R.O. (Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros). De hacerlo, sería el primer caso en el que un partido, ya inscrito, es cancelado usando este mecanismo.

Ante ello, consultados por El Comercio, el congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) y el constitucionalista Lucas Ghersi consideraron que el máximo órgano jurisdiccional peruano debe resolver el tema de forma célere, en el más breve plazo, pero con arreglo a ley. Es, ciertamente, un caso sui generis.

Al interior de la Corte Suprema, la denuncia —presentada el miércoles por la Fiscalía de la Nación— fue derivada a la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, según informó el Poder Judicial.

Esta sala será la que tendrá que pronunciarse próximamente como una primera instancia, siendo presidida por la jueza Mariem De La Rosa Bedriñana y conformada, a su vez, por otros cuatro magistrados.

“Ojalá que la Corte Suprema se ponga a la altura de las circunstancias. No hay un precedente, pero sería importante que la actual corte lo deje sentado. Porque si no, la democracia sería boba, mucho más endeble de la que hoy tenemos. Las autoridades tienen una responsabilidad histórica”, remarcó Muñante a este Diario. Agregó que el caso debe ser abordado “cuanto antes” por la Corte Suprema.

El parlamentario presentó —en febrero pasado— un requerimiento a la fiscalía para que justamente A.N.T.A.U.R.O. sea declarado como ilegal, lo cual gatilló las primeras diligencias. El partido recibió el visto bueno de parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en diciembre pasado, en medio de cuestionamientos.

A juicio de Muñante, Humala y la agrupación que evoca su nombre han incurrido en “diversas prácticas antidemocráticas” y, a buena cuenta, han “pretendido burlar a la autoridad, presentándose como democráticos [en los documentos], pero a la hora de la hora es completamente lo contrario”.

Muñante recordó que Humala dice abiertamente que desconocerá la actual Constitución y recobrará la vigencia de la 1979, lo que “al caballazo y por la fuerza sería un acto arbitrario y antidemocrático”. También —agregó— apuesta por el cierre del Congreso e, incluso, por fusilar a personas, entre otros. “Esto, que parece una locura, irrisorio, burlesco, en la mente de este señor ya es una clara verdad, lo dice con plena convicción”, dijo.

“No podríamos nosotros esperar a que todavía lo haga para recién reaccionar. Tenemos que actuar frente a la amenaza. Hay una amenaza abierta y latente”, consideró Muñante en otro momento.

Por su parte, el constitucionalista Lucas Ghersi indicó que el pedido de la fiscalía “debe priorizarse” en la Corte Suprema. “Pero no hasta el punto de no respetar el debido proceso. Tiene que hacerse rápido, pero respetando las formalidades”, subrayó.

Ghersi remarcó que la idea de este mecanismo legal —amparado en el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas— es que, si hay un partido que está promoviendo la “disolución, la destrucción del Estado de Derecho”, que no pueda participar en la vida política y democrática del país. Es decir, “la idea es que la democracia no sea utilizada como un mecanismo para dejar sin efecto o disolver a la propia democracia”, acotó.

A su juicio, este debe ser un mecanismo “muy excepcional”, por lo que destacó que la Corte Suprema tiene que ser “muy exigente” al analizar las pruebas, salvaguardando el principio de proporcionalidad y respetando el debido proceso. No se trata –remarcó Ghersi- de disolver un partido “porque no estoy de acuerdo o porque no le quiero ganar en una elección”.

El constitucionalista también explicó que tiene que garantizarse la doble instancia, tal como lo dispone la ley; es decir, que cualquier eventual resolución tiene que poder ser objeto de una apelación ante otra sala de la Corte Suprema.

De momento, se conoce que la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente será la primera en resolver el inédito pedido, por lo que eventualmente tendrá que definirse cuál será la segunda que actúe como una segunda instancia, independientemente del resultado.

La resolución de la segunda sala, explicó Ghersi, ya sería firme. Sin embargo, también podrían presentarse amparos e, incluso, llevar el caso ante el Tribunal Constitucional (TC). Ghersi estima que el proceso (en donde se llevarán a cabo audiencias y actuación de pruebas) podría resolverse en dos años. Los plazos están ajustados.

“Si la Corte Suprema le da una celeridad muy grande, imaginemos que puede haber una audiencia este año y podrían resolver a finales de este año; pero lo más probable es que ya se resuelva el siguiente. Y que la segunda instancia se resuelva hacia finales del siguiente año. Tienen que actuar con rapidez para que haya certeza de si el partido participa en las elecciones o no”, apuntó Ghersi.

Además…

Desde el 2003

La “declaración de ilegalidad por conducta antidemocrática” fue aprobado en el Congreso de la República en el 2003, como parte de la Ley de Partidos Políticos, cuando la entonces Comisión de Constitución era presidida por el abogado Natale Amprimo. Desde entonces, se dio la atribución al fiscal de la Nación y al defensor del Pueblo para requerir a la Corte Suprema que una agrupación política sea declarada ilegal. Desde su introducción, nunca había sido aplicada, hasta ahora. 

Según explicó Amprimo a El Comercio, se usó como referencia la legislación alemana e italiana a fin de tener en el Perú una suerte de “escudo” para no permitir en el juego democrático a alguien que no cree en la democracia; sino que más bien la utiliza “para llegar al poder y destruirla”.

Por otro lado, Ghersi consideró que la denuncia formulada por el fiscal de la Nación “deja un poco sin piso” al actual presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas y que su razonamiento fue “un poco cuadriculado, formalista”, a propósito de sus declaraciones tras la inscripción del partido A.N.T.A.U.R.O. ante el Registro de Organizaciones Políticas.

“En un Estado de Derecho, el juez tiene que ser valiente, analizar un caso, determinar, identificar todas las implicaciones y dar una respuesta jurídica. El juez que es como el avestruz, que pone en tierra su cabeza en la arena, es un juez que se desprestigia y que no contribuye a fortalecer el Estado de Derecho. Y eso es lo que pasó. Es evidente que era un partido de ‘Antauro’ y se dijo que no. Entonces lamentablemente es una decisión poco correcta. Son declaraciones lamentables”, cuestionó.

Muñante, por su parte, dijo al respecto que la postura del titular del JNE fue “cuadriculada, complaciente y cómplice”.

“Ha dicho que él no tiene ninguna atribución legal para declarar ilegal un partido. Es correcto, hasta en cierta medida. (...) Una de las características que tiene que tener un partido inscrito es que promueva o defienda los cauces democráticos. ¿Y qué pasa si un partido, después de haberse inscrito, ya no promueve la democracia? ¿No va a hacer absolutamente nada? ¿No es acaso el JNE el órgano rector de salvaguardar nuestra democracia?”, aseveró.

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