La Fiscalía pidió 35 años de prisión para el exviceministro de Comunicaciones Jorge Cuba Hidalgo y los exfuncionarios del MTC, Mariella Huerta, Edwin Luyo y Miguel Navarro, por el presunto favorecimiento a la empresa brasileña Odebrecht. (Foto: Andina)
La Fiscalía pidió 35 años de prisión para el exviceministro de Comunicaciones Jorge Cuba Hidalgo y los exfuncionarios del MTC, Mariella Huerta, Edwin Luyo y Miguel Navarro, por el presunto favorecimiento a la empresa brasileña Odebrecht. (Foto: Andina)
Redacción EC

El Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional declaró instalado el último lunes 5 de diciembre el juicio oral contra y otros acusados, por los presuntos delitos de lavado de activos, cohecho y colusión por el .

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Dicho órgano jurisdiccional declaró infundados pedidos del Ministerio Público y de la Procuraduría por la nulidad del acto de instalación.

De este modo, el juicio oral continuará el próximo miércoles 7 de diciembre de 09:00 a 17:00 horas de manera presencial y virtual.

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Por este caso también han sido denunciados: Mariella Huerta Minaya, Edwin Luyo Barrientos, Miguel Ángel Navarro Portugal, Jessica Tejada, Santiago Chau Novoa, Magdalena Bravo Hinostroza, Jesús Munive Taquia y Víctor Muñoz Cuba.

Como se recuerda, el Ministerio Público acusa a Jorge Cuba de haber evaluado favorablemente los requisitos presentados a través del Comité Especial, en la adjudicación de los tramos 1 y 2, de la Línea 1 del Metro de Lima, a cambio del pago de millonarios montos de dinero.

En ese sentido, la Fiscalía pidió 35 años de prisión para el exviceministro de Comunicaciones y los exfuncionarios del MTC, Mariella Huerta, Edwin Luyo y Miguel Navarro, por el presunto favorecimiento a la empresa brasileña Odebrecht en la licitación antes mencionada.

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Para la fiscalía, Cuba y los otros implicados habrían recibido US$1′385.000 de Odebrecht por el tramo I de la línea 1 del metro de Lima. Esto se suma a los US$6′700.000 que el exviceministro habría cobrado por el tramo II de la línea 1 de la misma obra.

Jorge Cuba se entregó a la justicia en 2017 y, junto a Edwin Luyo, fueron recluidos en los penales de Ancón I y II. Ambos exfuncionarios del segundo Gobierno aprista fueron liberados en 2019 por una orden judicial, debido al exceso de carcelería.

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