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Desde que el juez Richard Concepción, a cargo del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Santa, ordenó el último jueves la prisión preventiva contra los involucrados en el Caso ‘La Centralita’, son 29 los que están en calidad de prófugos de la justicia.
Así lo informó el fiscal responsable de la investigación Laureano Añanca. Según dijo, ninguna de estas 29 personas que cuentan con orden de prisión preventiva, por ser acusadas de asociación ilícita y peculado, han sido capturadas por la policía o se han puesto a disposición de las autoridades.
En esta lista de evadidos figuran: el empresario Martín Belaunde Lossio; el vicepresidente regional de Áncash, Florencio Román Pereyra; el asesor de imagen de César Álvarez, Jorge Burgos Guanilo; la periodista Rosa Olivares y el vocero del mandatario ancashino Luis Arroyo Guevara.
El sábado, El Comercio informó que la Superintendencia Nacional de Migraciones y la Dirincri ya tomaron las medidas de precaución respectivas en todos los aeropuertos del país. Asimismo, se dispuso el inmediato control fronterizo. Sin embargo, hasta el momento los resultados son nulos.
Ayer, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte del Santa ordenó prisión preventiva para Eladio Rupay Tarazona, acusado de movilizar gente a favor de Álvarez a cambio de dinero aparentemente ilícito. Lo mismo sucedió con Martín Espinal Reyes, consejero regional de Áncash por la provincia de Pallasca.
CASO NOLASCO
Después de una maratónica audiencia de casi 16 horas, el Segundo Juzgado Penal Nacional, a cargo del juez Walter Sánchez, dictó ayer la prisión preventiva por 36 meses contra el suspendido presidente regional de Áncash, César Álvarez, y otros siete implicados en el asesinato del ex consejero Ezequiel Nolasco.
De ese modo, el magistrado Sánchez declaró fundada la medida de fuerza que planteó el fiscal Manuel Castro, quien sostiene que Álvarez junto con Luis Arroyo Rojas (alcalde del Santa), Juan Manuel Garay Obregón, Jhonny Saavedra Acosta, Cristhian Cruzate Pereda, Rubén Moreno Olivo y los sindicalistas Víctor Julio López Padilla y Modesto Mondragón Becerra integraron una organización criminal que asesinó en marzo último a Nolasco Campos.
Todos ellos han sido acusados de haber incurrido en los delitos de asociación ilícita y homicidio calificado.
Tras escuchar la decisión del juez Sánchez, el abogado de Álvarez, Alfredo Ortecho, interpuso un recurso de apelación.
Horas después, en RPP, el letrado adelantó que solicitarán que se levante el secreto de la identidad de los seis testigos y el colaborador eficaz de la fiscalía que sindicaron a su patrocinado como autor intelectual del crimen contra Nolasco.
En tanto, Fiorella Nolasco, hija del ex consejero asesinado, destacó la orden emitida por el Poder Judicial. “Ya era hora de que la justicia actué para la región de Áncash porque veníamos viviendo un infierno”, dijo a RPP.
¿DÓNDE IRÁ ÁLVAREZ?
El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), José Luis Pérez Guadalupe, informó que hoy se sabrá a qué cárcel será traslado el presidente regional de Áncash, César Álvarez, así como el resto de investigados por el homicidio del ex consejero Ezequiel Nolasco.
Pérez Guadalupe precisó que aún no se ha definido si Álvarez Aguilar y sus presuntos cómplices afrontarán el proceso en un penal de máxima seguridad o en uno ordinario. Señaló que será una junta de clasificación la encargada de evaluar dónde serán internados. “No podemos adelantarnos” manifestó el titular del INPE a RPP.
“Después de esa clasificación, se procederá al traslado [...]. Calculo que se le estará llevando [a Álvarez] por la tarde al penal que le corresponda”, agregó el funcionario.
Pérez Guadalupe dio cuenta, asimismo, que actualmente en la carceleta del Poder Judicial hay 50 internos que esperan ser trasladados a los diferentes penales, es por ello, dijo, que la junta de clasificación se tomará la mañana de hoy a fin de determinar el lugar al que trasladarán a estos investigados.
Comentó que este grupo de trabajo tomará en cuenta la gravedad de los delitos imputados, los antecedentes penales o judiciales y el estado de salud del acusado.
Añadió que la junta de clasificación goza de autonomía para decidir a qué cárcel trasladar a los detenidos.
Remarcó que la jefatura del INPE no tiene injerencia en las decisiones que tome esta comisión.
Los acusados son sindicados de los delitos de asociación ilícita y homicidio calificado.
