Cada vez que al precandidato presidencial César Acuña Peralta le preguntan por las denuncias en su contra, señala que estas fueron archivadas. Sin embargo, el pasado 15 de octubre, el Ministerio Público dispuso una nueva investigación contra el líder de Alianza para el Progreso (APP) por el presunto delito de lavado de activos.
La fiscal a cargo, Yovana Mori, investiga de manera preliminar por 120 días a Acuña a raíz de un informe de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la policía (Dirila), de abril de este año.
El documento establece que cuando César Acuña fue alcalde de Trujillo “habría incurrido en diversas actividades ilícitas para lograr una estructura de capital con el fin de construir empresas fachada que ganaban licitaciones en los municipios dirigidos por líderes de su agrupación”.
En el 2014, el ex regidor por Lima y militante aprista Carlos Calderón denunció los hechos en la Fiscalía Anticorrupción de Trujillo. “A raíz de esa denuncia, indagamos y encontramos nuevos elementos que la Fiscalía de Lavado de Activos ha tomado en cuenta”, sostuvo una fuente de la Dirila.
Según la fiscalía, César Acuña debió haber declarado el martes 17 de este mes, pero no asistió. En el 2013, la fiscalía archivó otra denuncia contra el precandidato presidencial por lavado de activos, en la que se investigaron sus propiedades.
De acuerdo con la resolución de la fiscal Mori, a la que tuvo acceso este Diario, varias de las supuestas empresas fachada tenían como domicilio sedes de la Universidad César Vallejo (UCV), de propiedad de Acuña. Las compañías ganaron licitaciones por más de S/.10 millones.
Por ejemplo, según la Sunat, la empresa Alpamo S.A.C. (una de las indagadas) funcionaba donde está la Escuela de Posgrado de la UCV de Trujillo. En el 2014, Alpamo ganó una licitación en la Municipalidad de La Esperanza (Trujillo) para el mejoramiento de un colegio por S/.3’500.000. El alcalde de La Esperanza que aprobó la licitación fue Daniel Marcelo, militante de APP.
En el 2012, la UCV prestó a Alpamo S/.1’300.000. Matilde Padilla, entonces gerenta de esa compañía, era militante y tesorera de APP. La resolución fiscal también indica que el Consorcio Seoane, otra compañía investigada, ganó licitaciones por S/.4’000.000 en La Esperanza, y precisa que el administrador de Seoane, Benjamín Núñez, fue ex aportante de APP y funcionario de la universidad de César Acuña. El domicilio de ese consorcio es el mismo que el de Alpamo.
Otra empresa en la mira es la Corporación Jerusalén, que ganó licitaciones por S/.3’400.000, también en La Esperanza. El administrador del consorcio fue Juan Fernández, gerente de obras de la comuna Víctor Larco Herrera, cuyo alcalde Carlos Vásquez es militante de APP.
Vladimir Paz de la Barra, vocero de APP, dijo ayer que la investigación se archivará porque tiene trasfondo político. Según Yehude Simon (Perú Posible), el Congreso evaluará crear una comisión especializada para indagar a Acuña.
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.@CesarAcunaP: No sé si @AlanGarciaPeru llegue a segunda vuelta ► https://t.co/73LJBVi0pO pic.twitter.com/i3EmoqEwDq— Política El Comercio (@Politica_ECpe) noviembre 16, 2015
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