Jaime Yoshiyama es sindicado como el receptor de aportes de Odebrecht para la campaña fujimorista. (Foto: GEC)
Jaime Yoshiyama es sindicado como el receptor de aportes de Odebrecht para la campaña fujimorista. (Foto: GEC)
María Isabel Álvarez

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La última declaración que dio el exsuperintendente de en el Perú a fiscales peruanos podría quedar fuera del caso de los presuntos aportes ilícitos a las campañas de Keiko Fujimori, en el 2011 y 2016.

Este jueves, el Poder Judicial evaluará un pedido de la defensa de , exsecretario general del partido fujimorista, para que se anule la incorporación de los testimonios que dieron Barata, en calidad de colaborador eficaz, y otros exejecutivos de la empresa.

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Sus declaraciones son en gran parte el sustento de la investigación y acusación contra la candidata de Fuerza Popular. Los testimonios permitieron a la fiscalía establecer la ruta del dinero, desde la caja 2 de Odebrecht hasta la entrega final.

Si el juez Víctor Zúñiga aprueba el pedido de la defensa, la fiscalía tendría que prescindir de estos testimonios.

Otra declaración incluida en el pedido de la defensa de Yoshiyama es la de Luiz da Rocha Soares, extesorero internacional de la constructora. También la de la publicista brasileña Mónica Moura y la de María Lucía Guimaraes Tavares, exsecretaria de la caja 2.

Fuentes vinculadas al caso indicaron a El Comercio que se trata de un recurso sin mayor fundamento y forma parte de una estrategia de la defensa para dilatar el proceso.

De acuerdo al requerimiento de Humberto Abanto, abogado de Yoshiyama, se solicitó al juez Víctor Zúñiga Urday que declare la nulidad absoluta de las disposiciones fiscales 207, 208 y 210, en los extremos donde se determina el traslado de los testimonios desde otras carpetas de investigación y de colaboración eficaz.

El testimonio

Según pudo conocer este Diario, en su declaración del 11 de marzo del 2020, Barata explicó cómo los activos ilícitos de la constructora estaban destinados para campañas electorales, mediante el codinome ‘CAMPANHA’.

En su testimonio, Barata menciona el caso específico de la entrega de dinero para la campaña de Fujimori.

Con el codinome ‘CAMPANHA NAC 3’ se programaron dos entregas, por un total de US$518.134,72 como remisión de activos ilícitos que habrían sido entregados para el partido fujimorista.

“La programación de pago 286773: eso corresponde a las campañas nacionales por eso que el codinome es CAMPANHA NAC 3, de acuerdo a la documentación el pago corresponde por el monto de US$200.000, esto fue el 3 de mayo del 2011, y ese valor corresponde a Keiko Fujimori [...] se encontraban en las elecciones presidenciales de la segunda vuelta”, dijo.

Barata detalló que los pagos se realizaron a través de la empresa Construmaq.

Después explicó la programación de pago 286774, por un monto de US$318.134,72. “Esto fue el 11 de mayo del 2011, y ese valor corresponde a Keiko Fujimori”, indicó.

Abanto señaló que, al trasladar testimonios de otras carpetas a la del caso de Fuerza Popular, se ha violado el derecho de la defensa al contrainterrogatorio y que conocieron el testimonio de Barata antes de que el caso se cerrara.

“Lo que debía hacer no es trasladar el testimonio, violando el derecho al contrainterrogatorio, sino citar a los testigos; el traslado probatorio está muy bien regulado, cuando la prueba es irrepetible, [...] si quieren una declaración de Barata, ¿por qué no lo hacen en la carpeta donde la señora Fujimori tiene abogado?”, manifestó Abanto.

En una nueva comunicación con El Comercio, Abanto indicó que “no está pidiendo anular la declaración de Barata”. Insistió en que lo que está solicitando es anular el traslado “de una serie de declaraciones de otra carpeta a la carpeta de Jaime Yoshiyama y Keiko Fujimori”.

Agregó que con ello se recorta el derecho de defensa de los investigados puesto que dichos testimonios pueden ser realizados en la carpeta de investigación que se sigue contra su patrocinado y donde pueda participar su defensa.

Más información

El equipo especial Lava Jato solicitó una pena de 30 años y 10 meses contra Jaime Yoshiyama por lavado de activos y otros delitos.

En el pedido de Yoshiyama también se incluye anular el traslado de las declaraciones de los exmiembros del CNM Orlando Velásquez y Guido Aguila y la jueza Edita Condori.

Este Diario buscó la versión de Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, y también llamó a Luis Galarreta, Patricia Juárez y Hernando Guerra García de Fuerza Popular para conocer la posición del partido sobre este pedido, pero ninguno nos respondió.

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