(Foto: César Campos / @photo.gec)
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María Isabel Álvarez

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El juez Víctor Zúñiga Urday evaluó esta mañana los pedidos de la candidata presidencial , así como de Jaime Yoshiyama, exsecretario general de Fuerza 2011, y del partido Fuerza Popular para anular el cierre de la investigación por el caso de los presuntos aportes ilícitos recibidos por la mencionada agrupación en 2011 y 2016. Por este proceso, la fiscalía pide 30 años de cárcel y 10 meses contra para la también excongresista.

El magistrado a cargo del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria notificará su resolución a las partes, en el plazo de acuerdo a ley.

Los abogados de Keiko Fujimori, Jaime Yoshiyama y Fuerza Popular insistieron en su pedido para que el caso retorne a etapa de investigación y se realicen las diligencias que solicitaron. En tanto, el fiscal José Domingo Pérez indicó que no se ha vulnerado en derecho a la defensa de los acusados.

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MIRA: Keiko Fujimori pide anular cierre de investigación: lo que se sabe sobre el caso de aportes a FP

La investigación preparatoria concluyó el 11 de marzo pasado, y el mismo día, el fiscal Pérez presentó la acusación contra Fujimori Higuchi y otros 39 imputados en el caso. Esta etapa se cumplió más de dos años después del comienzo de las pesquisas.

La fiscalía acusa a Keiko Fujimori por los presuntos delitos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.

En el requerimiento acusatorio, además, se solicitó 19 medidas cautelares con Fujimori, siendo la principal una orden de impedimento de salida del país por 36 meses, plazo en el que la fiscalía estima se desarrollará la etapa intermedia (control de acusación) y el juicio oral.

Contra Jaime Yoshiyama, exsecretario general de Fuerza 2011, el fiscal también pidió 30 años y 10 meses de prisión. Para Fuerza Popular, se solicitó la disolución.

Al respecto, Rafael Vela Barba, fiscal superior del equipo especial Lava Jato, calificó como “abiertamente ilegal” el pedido para anular el cierre de la investigación.

“Como Ministerio Público interpretamos esto como parte de una conducta sistemática dilatoria de mala fe procesal obstructiva y esto tiene una correlación, no solo con lo que sucede con este pedido abiertamente ilegal, sino que no respeta la autonomía del Ministerio Público, el principio acusatorio y que quien dirige la investigación es el fiscal. Él establece cuándo comienza y cuándo concluye (una investigación)”, declaró a RPP.

Fuentes de vinculadas al caso indicaron que “son pedidos para buscar dilatar” y que el Ministerio Público es quien dirige la investigación preparatoria y determina su duración dentro de los plazos máximos que la ley permite.

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