La Fiscalía de la Nación, a cargo de manera interina de Juan Carlos Villena, presentó denuncia constitucional, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, contra la presidenta Dina Boluarte, como presunta autora del delito de cohecho pasivo impropio, en agravio del Estado, por el caso de los relojes Rolex.
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En un comunicado, la entidad explicó que la denuncia tiene como base el hecho que Boluarte Zegarra habría recibido en calidad de donación tres relojes de la marca Rolex de parte del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, así como aretes de oro y una pulsera, a fin de “realizar actos propios de su cargo como presidenta de la República.
Para ello, la Fiscalía de la Nación detalla las normas emitidas, como decretos supremos y decretos de urgencia, por el Poder Ejecutivo para supuestamente favorecer al Gobierno Regional de Ayacucho, que dirige Wilfredo Oscorima.
“Los hechos están referidos a que la investigada habría recibido - en calidad de donación- del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez, tres relojes de la marca Rolex, un par de aretes argolla de oro con diamantes y una pulsera Bangle con 94 brillantes, con el propósito de realizar actos propios de su cargo como presidenta de la República”, señaló.
“Además, por los actos efectuados, como la rúbrica del decreto supremo N°033-2023-EF, del 8 de marzo del 2023; decreto supremo N°053-2023, del 1 de abril del 2023; Ley N°31728, del 22 de abril de 2023; decreto de urgencia N°020-2023, del 23 de mayo de 2023; decreto supremo N°161-2023-EF, del 27 de junio del 2023; decreto de urgencia N°029-2023; Ley N°31912, del 27 de octubre de 2023; y el decreto de urgencia N°06-2024, del 23 de marzo del 2024″, agregó la Fiscalía de la Nación.
El abogado de la presidenta Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, había indicado que pedirá que se archive la investigación contra su patrocinada por el Caso Rolex, que involucra al gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.
Portugal argumentó que ya han transcurrido los 60 días que establece la norma para las investigaciones preliminares a los altos funcionarios del Estado, incluida la presidenta de la República. También calificó de ilegal la ampliación por 8 meses más de las indagaciones.
WUF
