Nadine Heredia habría gestionado reuniones durante la concesión del Gasoducto Sur Peruano, según declaración de Jorge Barata. (Foto: GEC)
Nadine Heredia habría gestionado reuniones durante la concesión del Gasoducto Sur Peruano, según declaración de Jorge Barata. (Foto: GEC)
Redacción EC

El juez Jorge Chávez Tamariz continuará este viernes con la evaluación del pedido del Ministerio Público para que se dicte impedimento de salida del país en contra de la ex primera dama por las presuntas irregularidades en la adjudicación del proyecto (GSP) a un consorcio integrado por .

La audiencia se inició este lunes, luego de ser reprogramada el último miércoles tras un pedido de la fiscal Geovana Mori, del equipo especial del Caso Lava Jato, y de los abogados de los investigados.

En aquella ocasión, al inicio de la diligencia, la representante del Ministerio Público indicó que algunos abogados presentaron un escrito para que no se permita la inclusión de testimonios adicionales, como las declaraciones que brindó Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, sobre las coordinaciones con la entonces primera dama Nadine Heredia respecto al GSP.

Mientras la fiscal Mori planteó que se suspenda la audiencia por una hora, por considerar que este era un plazo razonable para que la defensa evalúe los nuevos elementos del caso, los abogados pidieron más tiempo. Al final, el magistrado Jorge Luis Chávez Tamariz, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria del Sistema Anticorrupción, decidió reprogramar la sesión para este lunes 23 de diciembre.

El Comercio informó en su momento que Jorge Barata declaró en Brasil que se reunió en la oficina de Nadine Heredia, en Palacio Gobierno. También estuvieron su esposo, el expresidente Ollanta Humala, exministros y funcionarios del gobierno nacionalista, y se habría coordinado favorecer a la constructora brasileña con la licitación del Gasoducto Sur Peruano.

Esa fue la primera vez que Barata reveló que Heredia gestionó reuniones para presuntamente beneficiar a la empresa brasileña, que se adjudicó la obra en consorcio con Enagás y Graña y Montero en julio del 2014, por más de US$7 mil millones.

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