Las fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios investigan cerca de 15 casos vinculados a las empresas implicadas con Lava Jato, reveló el coordinador de dicha especialidad Omar Tello, en entrevista con El Comercio. El fiscal superior señaló que recientemente recibieron una nueva investigación compleja procedente del Cusco y consideró que se debe invertir en la lucha contra este flagelo.
¿Si bien el Equipo Especial tiene en sus manos la mayoría de las investigaciones del Caso Lava Jato, las fiscalías Anticorrupción tienen también expedientes vinculados a estas empresas peruanas y extranjeras?
Sí, tenemos varias investigaciones tanto en las supraprovinciales (de Lima) como en otros departamentos que están vinculadas a estas empresas Odebrecht, Camargo Correa y OAS.
¿Se puede saber el promedio de casos vinculados a las empresas investigadas por el Caso Lava Jato?
Tenemos alrededor de 15 investigaciones en Anticorrupción. Algunas que se han venido acumulando. Pero, de acuerdo a lo que estableció la Fiscalía de la Nación, las investigaciones poco a poco irán al Equipo Especial porque ellos son los competentes, pero siempre en la medida que puedan conocer hechos que les competen.
¿Qué casos tienen en manos actualmente vinculados a dichas empresas?
Tenemos varias y dentro de ellas hay tres grandes investigaciones. Un caso es por la Línea 1, 2 y 3 de redes viales al interior del Cusco para conectar selva y sierra. Lo está viendo el doctor Walter Delgado. Hubo una conversación y primero se envió al Equipo Especial, pero este consideró que todavía no era el momento para tenerlo. Y como era un caso grande se vio la necesidad de que los tres se acumulen y justo antes del Estado de Emergencia se le estaba entregando (al fiscal Delgado), porque no es solo un oficio; sino son carpetas que vienen con la seguridad respectiva y desde lejos. Luego, el fiscal Espinosa Mavila tiene el caso del Hospital Lorena , mientras que la doctora Zoila Sueno tiene el Caso Chinchero. Aquí también, el fiscal José Luis Villalta, tuvo un caso de Tarapoto donde se investigaba a Odebrecht y donde estaba implicado el ex primer ministro (César) Villanueva; pero ya se envió al Equipo Especial.
¿Cómo es la carga procesal en las Fiscalías Anticorrupción?
Nosotros, el año pasado, recibimos 13,800 denuncias y, en este tiempo, estamos hablando de casi mil denuncias al mes. Y las fiscalías estamos distribuidas a nivel nacional en 42 sedes y cada una de las sedes tiene cierta cantidad de fiscales y despachos, según el requerimiento de la incidencia delictiva, la población y todo lo que implica. Cada una tiene un turno, opera de manera separada, recibiendo las denuncias que se van presentando poco a poco.
¿Es suficiente el número de fiscales actuales?
Nosotros hemos hecho el requerimiento para contar con más fiscales por la complejidad que implica el delito de corrupción, ya, es reiterativo, y eso lleva mucho tiempo. Y no es por desmerecer las otras investigaciones, pero si hay un delito de robo, la víctima identifica a la persona, sabe qué le han robado y en base a ello sabe incluso dónde ubicarlo (al ladrón); por tanto es un delito que implica un solo acto. Llegó la persona, la cogoteó, le robó el celular y con eso se cerró la investigación y no hay muchos actos de investigación.
Los delitos de corrupción, por tanto se diferencian pues requieren más tiempo, implica mas actos de investigación…
En un delito de corrupción nosotros tenemos la dificultad de investigar a profundidad frente a toda la documentación, que es pública y transparente por la ley; y por ejemplo; en una compra, todos conocen qué se compra, a cuánto se compra y se publica (la compra), pero lo que no se ve es lo que está debajo de la mesa. Es decir, cuánto se negoció para que salga esa compra. La bases son publicadas, la convocatoria son publicadas, los expedientes son públicos, los términos de referencia son publicados, pero nosotros tenemos que investigar por qué resulta sospechosa la actitud del funcionario para favorecer a un tercero; y eso requiere incluso realizar escuchas telefónicas. Entonces, son una serie de etapas que requiere investigar a todos los actores. Entonces, los esfuerzos son de 20 a uno respecto a un delito común y eso estamos reclamando.
¿Y cuál era el requerimiento fiscal que se hizo?
Nosotros actualmente somos un promedio de 580 a 600 fiscales a nivel nacional; y deberíamos crecer al doble, mínimamente. Yo estoy asignado como coordinador de las Fiscalías Anticorrupción desde el año pasado y desde entonces he venido recabando datos estadísticos sobre todo para medir la producción y las dificultades. Entonces, con la señora Fiscal de la Nación (Zoraida Ávalos) estamos dimensionando cuál es la necesidad que tenemos. Ahora, esa necesidad debemos plantearla al Ejecutivo.
¿Pero junto a ello, también es necesario contar con especialistas que coadyuvan a las investigaciones?
Sí, se hace necesario por ejemplo, los peritos, porque no hay peritos contables o ingenieros para ver obras, los (peritos) fonéticos. Las diligencias a nivel nacional, según he visto, demoran a veces hasta un año. La necesidad es grande por eso la doctora consideró crear una Gerencia de Peritajes, pero esto se mueve con dinero. Un perito no viene a entregarnos su trabajo de manera gratuita y las alianzas estratégicas tampoco resultan pues la carga es demasiada. Quizá ayude, pero la carga es grande, te decía entre 13 mil y 14 mil denuncias al año. Pero, los fiscales anticorrupción han sabido llevar su función, lo bueno es que tienen experiencia y saben, durante el proceso, a dónde ir y dónde investigar.
¿Qué tipo de delitos y que jurisdicción reportan casos de mayor incidencia?
Entre los delitos top está colusión y negociación incompatible, básicamente esos son los que se comenten más. Y , el distrito donde ingresan más casos es Áncash, donde hay bastante municipios y bastante canon; incluso más que en Lima que es sede de las principales actividades.
¿La corrupción es uno de los delitos más altos dentro del universo de investigaciones en el Ministerio Público?
Realmente si nosotros buscamos un eje central de las actividades ilícitas, esto se centra en la corrupción. Es más, la desigualdad social se centra en la corrupción; toda la vida hemos hablado que en los índices económicos estamos bien, pero esos ingresos no los percibe la sociedad ¿Por qué? Porque hay intermediarios entre lo que se percibe, se va a entregar y los que se quedan con el dinero. La población necesitada no siente eso. Por ejemplo, una obra, una pista que puede bajar los costos de transportes de alimentos, no llega a ser porque sencillamente la capa (de asfalto) para esa autopista de alto tránsito es mínima y no dura ni seis meses de uso. El colegio que debería estar bien construido se cae o agrieta en menos de un año. Y esas acciones son actos de corrupción y por eso el país debería invertir más para la investigación. Nosotros, cuando vemos que nos enfrentamos a funcionarios corruptos ellos tienen mejores abogados, acceso a peritajes propios; eso es pagado con todo el dinero que produce la corrupción; y nosotros estamos con la experiencia de los fiscales tratando de luchar de la mejor manera y ellos saben nuestras falencias.
Entonces, se necesita más apoyo de parte del Gobierno Central…
Se dice que se apoya la lucha contra la corrupción, pero se da el dinero a los aparatos ejecutivos y por ejemplo, con publicidad no se cambia, esto debe ser abordado de manera más seria, darle dinero a los que realmente investigan; y aquí no hay otros que el Ministerio Público, la Policía y la Contraloría.
Hace unos días hicimos un análisis sobre lo cíclico de la corrupción en nuestro país… Lava Jato, Cuellos Blancos, Intocables Ediles. El país no sale de ese círculo vicioso de megacasos…
Hay dos cosas muy importantes. Hay un tema de educación, la educación focalizada en la prevención que debe fomentarse en los colegios sobre los perjuicios que genera la corrupción. Cuando me desempeñaba como fiscal superior de la sede de Lima Sur implementamos una campaña, íbamos a los colegios e institutos, clubes de madres para darles charlas y sensibilizar sobre las pérdidas que genera. El otro punto es la prevención y la investigación misma del delito. Si yo, como funcionario, realizo una actividad ilícita, hago ganancias y no obtengo una sanción, eso incentiva a los compañeros a cometer delitos porque verá que el otro se compró una casa, un carro, un bote y no le pasa nada. La impunidad es un aspecto que hay que combatir y para eso hay que invertir en los que luchan contra la corrupción.