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MARIO MEJÍA HUARACA @mariomejiah
La investigación preliminar que la Fiscalía de la Nación abrió a la congresista Cenaida Uribe por presuntamente haber presionado al director de un colegio para favorecer a la empresa Punto Visual fue ampliada treinta días .
Así lo determinó el fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales, pues el plazo inicial que tenía esa indagación, abierta el 11 de febrero, había finalizado la semana pasada y aún faltaban muchas diligencias por realizarse.
Con la ampliación, en esta semana se citará a algunos de los testigos que incriminan a la legisladora oficialista.
Lizandro Quispe Vizcarra, el ex director del colegio Alfonso Ugarte que denunció haber sido presionado por la parlamentaria para renovar el contrato con Punto Visual, daría su declaración la próxima semana.
También han sido convocadas las secretarias Aurea Evangelista Trebejo y Guisela Apolaya Ayllón, quienes afirman que escucharon las presuntas amenazas de Uribe contra Quispe.
La congresista Uribe también deberá declarar ante el fiscal adscrito del despacho de la Fiscalía de la Nación en una fecha que está por definirse en esta semana.
Como parte de la investigación se han enviado oficios a la Unidad de Gestión Educativa Local 3 y al Ministerio de Educación para verificar si estaba programada la inspección que la parlamentaria dice haber hecho al colegio Alfonso Ugarte.
En los próximos días también se tomará la declaración de Renato Cajahuamán Bravo, director del colegio Melitón Carvajal, y Maribel Sánchez Vargas, ex subdirectora de ese centro educativo.
Ambos testigos sostienen que Uribe acudió al colegio para ver el tema de la publicidad de Punto Visual.
La fiscalía está analizando una serie de documentos que ya ha recibido, como los contratos de licitación y adendas suscritas por el colegio Alfonso Ugarte con la empresa Punto Visual.
También evalúa el reporte migratorio de la congresista Uribe y de Alberto de Azambuja, propietario de Punto Visual, que le ha hecho llegar la Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú.
Por lo menos un par de viajes al extranjero realizados por Uribe coincidirían con los efectuados por De Azambuja, lo cual acreditaría su cercanía.
EN EL CONGRESO
En tanto, en la Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso se supo que la legisladora Uribe ha sido citada para dar su declaración el 24 de marzo.
Al comienzo estaba previsto que ella fuera interrogada por los miembros de ese grupo de trabajo en esta semana, pero eso se postergó debido a que el Congreso acordó efectuar la semana de representación desde hoy hasta el domingo.
La congresista había solicitado a la Comisión de Ética dar su declaración después de que hablaran todos los testigos. El 12 de marzo envió un escrito a la comisión con ese pedido.
También fue citado el gerente de Punto Visual, Alberto de Azambuja. Sin embargo, este comunicó que no declarará porque el caso ya está en manos de la fiscalía.
“La investigación se realiza con el debido proceso; si se ha ampliado el plazo es porque aún falta actuar varias diligencias”.
PROCURADOR: FALTA MÁS INFORMACIÓN
El procurador anticorrupción Christian Salas comentó que la ampliación del plazo de la investigación a la congresista Cenaida Uribe era urgente, pues aún falta mucha información que será básica para hacer un adecuado interrogatorio a la parlamentaria oficialista y a los testigos del caso.
Dijo que su procuraduría ha pedido a la fiscalía que solicite al Congreso la documentación que sustente la labor de fiscalización que Uribe dice haber realizado en el colegio Alfonso Ugarte.
“También hemos pedido al Congreso que informe cuál es el procedimiento normal que realiza un congresista en su labor de fiscalización”, indicó a El Comercio.
Salas manifestó que igualmente se ha pedido a la fiscalía que solicite a la empresa Punto Visual toda la documentación sobre el contrato que tenía con el colegio para verificar si la renovación del mismo era automática.
PROFUNDIZAR INVESTIGACIÓN
Salas señaló que lo importante de la investigación es determinar si la denuncia tiene asidero, y por eso debe ser hecha a profundidad.
“Si se logra acreditar que efectivamente hubo ese pedido y amenaza que habría realizado la parlamentaria, estaríamos frente a un ilícito penal que tendría que sancionarse”, expresó.
Cuando la procuraduría planteó la denuncia ante la Fiscalía de la Nación, lo hizo por el presunto delito de patrocinio ilegal.
Salas manifestó que esa tesis podría confirmarse durante la investigación, pero también podría desdibujarse. “No sabemos qué puede pasar en los interrogatorios, podría ser que los testigos se desdigan y la acusación podría caerse. Por eso necesitamos tener la mayor información posible para llegar a la verdad”, puntualizó.
