Campamento de Ticumpinía, en Echarati, Cusco. Febrero del 2015, el entonces presidente Ollanta Humala conversa, pasea, improvisa un discurso. “Esta es la gran noticia del país”, dice después de inspeccionar las obras del Gasoducto Sur Peruano. A su lado estaba el brasileño Jorge Simoes Barata, quien, hasta hace unos días, fue el máximo representante en el Perú de Odebrecht, la empresa que está en todos los titulares de Latinoamérica, pero no por sus buenas prácticas, sino por el pago de millonarios sobornos a funcionarios públicos para obtener obras.
Barata es uno de los gerentes de Odebrecht que se ha acogido, según se conoció en noviembre pasado, a la delación premiada en su país. Es decir, colaborará con las autoridades brasileñas en revelar cómo funcionaba el sistema de pago de coimas de la empresa constructora. Esta información es una de las esperadas por la fiscalía.
“Estos son los puntos trascendentales en la vida de un país. ¡Esto va a transformar nuestra realidad!”, exclamaba Humala, aquella vez en su visita al distrito cusqueño, en compañía del ejecutivo de Odebrecht y Eleodoro Mayorga, quien era ministro de Energía y Minas.
Hoy Humala, su esposa Nadine Heredia, Barata y Mayorga, por esta obra “trascendental”, podrían pasar a calidad de investigados por la fiscalía debido a los presuntos actos de corrupción cometidos durante la licitación que ganó el consorcio formado por Odebrecht y Enagás, valorizada en US$7.328 millones.
El fiscal Reynaldo Abia, de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, es quien investiga esta adjudicación.
Humala y la ex primera dama ya han acudido a dar sus declaraciones como testigos. En octubre pasado, el procurador adjunto anticorrupción Sumber Fernández requirió que la ex pareja presidencial, Barata y Mayorga pasen a calidad de investigados.
En aproximadamente quince días, Abia resolverá este pedido, confirmó una fuente a este Diario. Sin embargo, todo parece indicar que tanto Barata como Heredia serán los principales investigados en este caso. La situación de Humala la resolverá el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por ser un ex jefe del Estado.
En una resolución emitida hace algunos días, el fiscal Abia dispuso acumular el pedido de la procuraduría y una denuncia que ingresó por mesa de partes por el mismo caso contra Humala y Heredia. Además, ordenó que esto se desglose en una nueva carpeta.
Ello debido a que la “investigación madre” por este caso, que se inició en el 2014 y en la que solo hay dos imputados, se encuentra próxima a vencer y el magistrado no tendrá tiempo para hacer las diligencias pertinentes.
En el documento, Abia ya adelanta lo que conoceríamos en los próximos días: “Existe la sospecha de presuntos actos de corrupción”, escribe en su resolución.
Su decisión ha sido reforzada después de que un testigo protegido de su investigación señalara que Heredia y Barata coordinaban para que la licitación del gasoducto la gane Odebrecht.
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El fiscal Reynaldo Abia aún espera la información que llegará desde Brasil a través de la Unidad de Cooperación Internacional Judicial, a cargo del fiscal Alonso Peña Cabrera.
También está próximo a recibir un peritaje final de la obra, con la resolución de las últimas observaciones, para determinar si hubo sobrecosto en la licitación.
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"2017, allá vamos", la caricatura de hoy ► https://t.co/aUXftwy31e Por @otravezandres pic.twitter.com/Ey7Zf6NUgd— Política El Comercio (@Politica_ECpe) 30 de diciembre de 2016