El ex gerente general de Petro-Perú Hugo Chávez Arévalo se entregó a la fiscalía el lunes pasado por la mañana, tres días después de dictarse una orden de detención preliminar en su contra, en el marco de la investigación que se le sigue por el presunto delito de colusión agravada en organización criminal por la adquisición de biodiésel B100 a la empresa Heaven Petroleum Operators.
El hasta el lunes prófugo exfuncionario llegó hasta la sede de la fiscalía, en el Centro de Lima, acompañado por sus abogados. Vestía un buzo, una polera gris con capucha, un gorro negro y llevaba puesta una mascarilla.
Cuando se dictó la medida restrictiva en su contra, Chávez Arévalo había salido del país rumbo a Bolivia.
“Todo es falso. Este es un tema político y vengo a entregarme de manera voluntaria”, dijo antes de ingresar a la sede fiscal.
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Según la tesis del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, sustentada ante el Poder Judicial para que se ordene su detención, con la designación de Hugo Chávez se habría iniciado un plan de captación y designación de personas en Petro-Perú, que debían responder a los intereses del presunto cabecilla de la organización criminal, el presidente Pedro Castillo Terrones.
Chávez Arévalo fue designado director de Petro-Perú S.A. el 10 de setiembre del 2021, y el 8 de octubre de ese mismo año fue nombrado gerente general. Todo ello, luego de reunirse con Castillo Terrones el 8 de setiembre del 2021.
Para la designación de Chávez, según la fiscalía, tuvieron una activa participación los amigos de Castillo y familiares: Fermín Silva, Daniel Príncipe, Yober Sánchez y Rubdel Oblitas.
Según el colaborador eficaz 03-2022, Castillo Terrones buscó a toda costa que Chávez fuese designado cabeza de Petro-Perú. Para ello, habría encargado dicha labor a su exsecretario Bruno Pacheco. Incluso habría intervenido ante los ministerios de Economía y Finanzas, y Energía y Minas.
“Cabe aclarar que, dentro de las funciones del presidente de la República no se encuentra la de designar presidente del directorio y gerente general de Petro-Peru”, enfatizó la fiscalía.
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Luego de la designación, sostiene la fiscalía, se inició el nombramiento de personas que no pasaron por filtros para establecer su idoneidad, sino que fue por su cercanía con Chávez. Entre ellos, los investigados Jorge Muslaim Abusada Sumar y Gunther Documet Celis, cuyos cargos se vinculan a los procesos de adquisición en el mercado local de hidrocarburos.
“En el presente caso se advierte que a partir de la designación del investigado Hugo Ángel Chávez Arévalo se habría comenzado a captar a aquellas personas que cumplirían cargos de confianza con roles funcionales vinculados a los procesos de adquisición de hidrocarburos”, sostuvo la fiscalía.
De allí que, tras las visitas y directivas, Heaven Petroleum Operators se hizo de un contrato por US$74 millones.
El viernes pasado, José Luis Fernández Latorre (exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia -DINI) y Henry Shimabukuro Guevara (exasesor de la DINI) fueron detenidos por el equipo especial de la Policía Nacional y la fiscalía, al estar implicados en presuntos actos para obstaculizar esta investigación.
Según las pesquisas, dichas actividades fueron destinadas a sustraer y eliminar pruebas que comprometían al presidente Castillo en el Caso Petro-Perú.
La fiscalía explicó que, a consecuencia de la diligencia realizada por los representantes del Ministerio Público en el despacho presidencial el 20 de diciembre del 2021, el entonces jefe de la DINI José Fernández Latorre, a las 9:28 p.m., se habría reunido con el presidente de la República; el subsecretario general del despacho presidencial, Beder Camacho, y Shimabukuro Guevara.
“[Allí] concertaron y se repartieron funciones específicas para sustraer de la acción de la justicia al presidente de la República”, precisó el Ministerio Público, en referencia a la investigación penal del Caso Petro-Perú. Indicó que buscaron la desaparición de indicios y evidencias que vinculasen a Castillo con los demás investigados.
Es por ello que se habría dispuesto la quema de celulares en una playa de Lima, además de desaparecer cuatro cuadernos de registros de reuniones usados por los edecanes.
Cabe precisar que, conforme lo ha mencionado Beder Camacho ante la fiscalía, el presidente Castillo le dijo que desapareciera todo sobre el Caso Petro-Perú. “Que desaparezca todo, y haga lo que tenga que hacer”, ratificó Camacho.
José Ugaz García, abogado de Hugo Chávez, descartó que su patrocinado se vaya a convertir en colaborador eficaz.
“No hay nada que colaborar ni acogerse. No tendríamos más que decir. [Desde que empezaron las investigaciones] hemos dado más de 25 horas de declaraciones [a la fiscalía]”, dijo a la prensa.
Ugaz García alegó que para acogerse a una eventual colaboración “tendríamos que inventar hechos”. Dijo que no es algo que estén dispuestos a hacer.
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