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En su primera edición de marzo del 2010, bajo el titular “Por una justicia de calidad”, la revista “Juez Justo” –medio que utilizaba la red del abogado Rodolfo Orellana para amedrentar a quienes se atrevían a denunciarlos o investigarlos– anunciaba el convenio que firmaron con la Asociación de Jueces Unidos por la Democracia (Jusdem).
El artículo daba inicio a una serie de actividades coordinadas entre ambas organizaciones en virtud del acuerdo suscrito, el cual consistía, según la revista, en la realización de trabajos conjuntos, como talleres, seminarios, eventos académicos y otras labores de difusión tanto en Lima como en provincias, e incluso en el extranjero.
El convenio fue firmado por Miguel Ángel Pérez Maldonado, otrora presidente del directorio de la mencionada revista y titular de la Asociación Civil Juez Justo, y la magistrada Alicia Gómez Carbajal, presidenta en ese entonces de Jusdem y actual integrante titular de la Corte Superior de Justicia de Lima.
Pérez Maldonado sería un presunto testaferro de Orellana y de su hermana Ludith, número dos de esta organización y también prófuga de la justicia.
“La firma de este convenio de cooperación es para trabajar juntos con el objetivo de lograr una mejor administración de justicia en el país”, señala, paradójicamente, uno de los párrafos de la nota de “Juez Justo”.
Jusdem es una asociación de magistrados, con más una década de trayectoria, que promueve foros y eventos académicos resaltando, entre otras cosas, la independencia judicial.
El congresista Mesías Guevara (AP-FA) advirtió que lo preocupante de estos talleres es que habrían contado con el visto bueno del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), como parte de los cursos de capacitación que necesitan los magistrados para que sean promovidos.
“Habría jueces que sirvieron de profesores en los cursos que dictaba la red de Orellana”, afirmó el legislador a El Comercio.
Hoy se sabe que esta empresa era una pieza fundamental para los fines delictivos de este abogado nacido en Tocache. Hasta la fecha es un misterio cómo era financiada. Las autoridades manejan la sospecha de que sus ingresos provendrían del lavado de activos o del tráfico ilícito de drogas.
Según la denuncia fiscal, Benedicto Jiménez, abogado de Orellana y director de “Juez Justo”, era el encargado del aparato de intimidación de esta organización, utilizando para ello las páginas de dicha publicación.
PRÉSTAMOS EXPRESS
La revelación del convenio se da en un contexto en el que aparecen más vinculos entre la organización de este prófugo abogado y magistrados del Poder Judicial.
Prueba de ello son los préstamos que recibieron los miembros del sindicato mixto de trabajadores de esta institución de Coopex, la informal cooperativa de Orellana acusada de estafar el Estado por millones de soles. El Comercio dio cuenta que dicho convenio data del 2009.
