Vicente Silva Checa, uno de los principales implicados en el Caso Cócteles junto a Keiko Fujimori y miembros de Fuerza Popular por presunta organización criminal y lavado de activos, trató de archivar sin éxito tres de los delitos que se le imputan en este proceso haciendo uso de la conocida “Ley Impunidad” aprobada por este Congreso y promulgada por el Gobierno en julio.
El abogado del procesado, Jorge Jerí Jong, expuso en la audiencia de este miércoles 7 de agosto su pedido para que prescriban tres delitos: falsa declaración en procedimiento administrativo, falsedad genérica y obstrucción a la justicia, apelando a la cuestionada ley 31751, que previamente fue usada por otros denunciados como el congresista Alejandro Soto Reyes, Martín Vizcarra y Vladimir Cerron.
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“Varias cortes superiores han estado aplicado la ley 31751. Es más, la propia Corte Suprema ha estado aplicándola”, aseguró para luego recordar que el 28 de julio, el Ejecutivo promulgó una norma que ratifica los términos que establece para suspender solo por un plazo máximo de un año el conteo de los plazos de prescripción y así lograr el archivo.
El Tercer Juzgado Penal, a cargo del Caso Cócteles, le dio la razón en este incidente al Ministerio Público y a la Procuraduría General del Estado, quienes se opusieron al intento de Vicente Silva Checa y aseguraron que no la prescripción no se aplicaba porque al estar involucrado en una organización criminal los plazos se duplican.
“Este órgano jurisdiccional va a resolver, dado que no se han presentado los plazos señalados de manera extraordinaria, declarar de conformidad a lo que señala el artículo 80 del Código Penal y asímismo el artículo 83 del Código Penal. Se resuelve declarar infundada la excepción de prescripción deducida por los delitos de obstrucción a la justicia, falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica”, resolvieron los jueces.
Previamente, el fiscal José Domingo Pérez cuestionó los plazos que usó la defensa legal de Silva Checa que consideró prescritos los delitos a partir de los años 2020 y 2022 usando los plazos de la denominada “Ley Impunidad”.
El fiscal del equipo especial Lava Jato calculó que para delitos de falsedad genérica y falsa declaración recién prescribirían en el 2025, mientras que el caso de obstrucción a la justicia lo haría recién en el 2031 porque se duplicaban los plazos por estar involucrado en un proceso por organización criminal.
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La ‘Ley Impunidad’ fue aprobada en mayo de este año y el Ejecutivo la promulgó dos semanas después. Esto a pesar de que, en noviembre del 2023 la Corte Suprema de Justicia estableció en un pleno jurisdiccional que esta norma era inconstitucional y que los magistrados “no deben aplicarla”.
El 28 de julio, el Gobierno promulgó una ley que fue aprobada por el Parlamento para ratificar los términos de la cuestionada norma que limita la suspensión de los plazos de prescripción de delitos a un máximo de un año.
Caso de Luis Mejía Lecca
La sala evaluó previamente al caso de Vicente Silva Checa un pedido para archivar todo el proceso contra otro investigado del Caso Cócteles, Luis Mejía Lecca, por motivos de salud.
Los jueces rechazaron el pedido de su abogada, la excongresista Yeni Vilcatoma, para que no se declare como instalado el juicio contra su patrocinado, con informes de medicina legal por el ACV que sufrió en marzo de este año, cuyas secuelas indicó que no le permitirían afrontar todo el proceso.
El fiscal José Domingo Pérez estuvo de acuerdo con el extremo de no declarar instalado el juicio contra Mejía Lecca, pero propuso que se declare la reserva del proceso.
Fue esta posición del Ministerio Público la que respaldó el Poder Judicial y resolvió suspender el juicio contra Luis Mejía Lecca, con una disposición para que cada 9 meses se realicen reconocimientos médicos, legales y siquiátricos para determinar si su estado de salud mejoraba. Tanto Yeni Vilcatoma como el fiscal Pérez estuvieron de acuerdo con el fallo.
