El Poder Judicial convocó a una audiencia el próximo miércoles 8 de noviembre para analizar la incorporación de la Procuraduría General del Estado (PGE) como actor civil en el proceso contra la excongresista Luciana León.
El pasado 10 de octubre la PGE planteó que la exparlamentaria del Partido Aprista, investigada por el caso “Los intocables ediles”, pague una reparación civil al Estado peruano ascendiente a S/ 1.8 millones.
Sin embargo, la defensa legal de la exlegisladora se opuso a dicha incorporación, por lo que de acuerdo al numeral 2, del artículo 102, del Código Procesal Penal, que establece que si una de las partes manifiesta su oposición mediante escrito, el juez citará a audiencia a las partes procesales para debatir los fundamentos.
Como se recuerda, a Luciana León se le investiga por presuntamente pertenecer a dicha organización criminal del distrito de La Victoria. El Ministerio Público le imputa hasta cinco hechos.
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Según la tesis fiscal, León Romero, entre los meses de marzo y junio de 2017, habría favorecido y gestionado ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el financiamiento de obras públicas de la Municipalidad de La Victoria.
La Fiscalía añade que León, al haber ejercido un alto cargo en la administración pública, “sus influencias son reales” al haber estado en constante comunicación con ministros y funcionarios.
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Asimismo, la entidad de justicia precisa que la exparlamentaria habría apoyado a la gestión de La Victoria fue porque Alexander Peña Quispe, presunto cabecilla de ‘Los intocables ediles’, le habría solicitado ayuda a cambio de que este beneficie a su hermano, Rómulo León Romero, a través de una contratación.
Por este caso, en julio pasado el Poder Judicial aprobó la formalización de investigación preparatoria contra León Romero por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho pasivo impropio y peculado doloso.
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El pasado 16 de junio, el pleno del Congreso aprobó con más de 70 votos acusar constitucionalmente a Luciana León por dichos delitos. Sin embargo, la excongresista negó haber cometido algún acto ilícito o haber recibido algún pago por estas supuestas gestiones.
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