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Al sustentar el pedido de 36 meses de impedimento de salida del país contra la integrante del Congreso disuelto Luciana León, el fiscal Ramiro González Rodríguez sostuvo que, según un aspirante a colaborador eficaz, la parlamentaria recibía un “beneficio económico” mensual por parte de la organización criminal Los Intocables Ediles y el 20% del valor de los proyectos.
En su exposición de motivos ante el juez supremo Hugo Núñez, el fiscal sostuvo que la parlamentaria aprista tenía conocimiento y participación dentro del accionar delictivo de la organización criminal desde el 2016.
En ese sentido, detalló que el aspirante a colaborador afirmó que Álex Peña, presunto financista de Los Intocables Ediles, sugería que el valor de los proyectos gestionados por la legisladora sea de S/5 millones “porque Luciana León se lleva el 20%”.
Asimismo, en una computadora incautada del despacho de León Romero, se hallaron conversaciones de Betsy Matos en la que se mencionaban códigos de dos obras en La Victoria: parque Unión Panamericana y pistas de la avenida Palermo.
González Rodríguez también reveló que en el allanamiento a la vivienda de Luciana León se encontró un documento titulado “Personal CPA setiembre 2019”, con anotaciones y asteriscos de tres personas que habrían cobrado sus sueldos sin laborar en el Congreso.
Se trata de Ricardo Zeta Silva, técnico (S/4700); María Ayala Diaz, asistente (S/2100) y Alver Carranza Mosquera, auxiliar (S/1000). Todos ellos habrían sido beneficiados con estos pagos desde el 2017 hasta la disolución del Parlamento, el 30 de setiembre del 2019.
Acotó que las declaraciones de los testigos protegidos coinciden en que había una vinculación directa entre Álex Peña y Luciana León a través de su asesora Betsy Matos, y que el apoyo consistía en conseguir financiamiento del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El fiscal también afirmó que se ha determinado que Álex Peña le dio trabajo al hermano de la parlamentaria aprista, Rómulo León Romero, y enumeró reuniones de Luciana León, trabajadores de su despacho y representantes de la Municipalidad de La Victoria con ministros y otros funcionarios del MEF.
"Consideramos que en el presente caso existe riesgo de fuga […] En el curso de la investigación se han encontrado mayores elementos que nos permiten sostener que está vinculada a la organización criminal. Esta presunta pertenencia es un elemento legal que nos señala la posibilidad de un riesgo de fuga", subrayó González Rodríguez.
"Consideramos que el arraigo laboral de la investigada congresista, por la coyuntura actual, se ve seriamente afectado porque es inminente que en los próximos días dejará de ser congresista de la República. No tendrá ya inmunidad […] Tampoco tiene un empleo o antecedente laboral antes de ser elegida congresista", añadió.
Cabe indicar que Luciana León se allanó al pedido de 36 meses de impedimento de salida del país formulado en su contra por el Ministerio Público. Su abogado, Bryan Kabsther, hizo entrega de un documento que daba cuenta de la cancelación de una serie de viajes que tenía programados.
La fiscalía investiga a la exlegisladora por presuntamente ser el “brazo político-legal” de la organización criminal Los Intocables Ediles, acusada de sobrevalorar obras y servicios públicos en el distrito de La Victoria para obtener ingresos ilícitos.
