El Poder Judicial admitió a trámite este martes la apelación que presentó la integrante de la Comisión Permanente Luciana León (Célula Parlamentaria Aprista) contra la orden de allanamiento e incautación de bienes que ejecutó hace una semana en su departamento, su despacho parlamentario y otros inmuebles como parte de las investigaciones del caso “Los Intocables Ediles”.
La expresidenta de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria -investigada por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho pasivo propio- incluyó once pedidos en su recurso, que van desde dejar sin efecto la incautación y el levantamiento del secreto de las comunicaciones, hasta que no se use ningún bien, ni documento incautado durante el allanamiento.
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La noche del 22 de octubre, al termino del allanamiento, Luciana León dijo a la prensa que se le estaría vinculando a una red criminal solo con dichos de terceros y negó formar parte de “Los Intocables Ediles”.
“Como política, yo sé que se tiene que dar todas las facilidades del caso y sobre todo porque no tengo nada que esconder. Es mi voluntad aclarar todo esto y más bien demostrar la verdad”, expresó Luciana León en aquel momento.
¿Qué pedidos incluye la apelación?
En el recurso -al que tuvo acceso El Comercio- Luciana León pide al Poder Judicial que se remitan copias de todo lo actuado a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y al Ministerio Público a fin de denunciar a todos los magistrados que intervinieron en lo que considera una “acción arbitraria e ilegal”.
Según la representante del Apra, "habría indicios de la comisión de fraude procesal por inducción a error y prevaricato en cuanto a la legalidad de la medida”.
León solicitó que se deje sin efecto el levantamiento de su secreto de las comunicaciones “respecto a la información y data digital de bienes incautados” y la incautación de todos los bienes que la fiscalía confiscó el día que ingresaron a su vivienda y a su oficina parlamentaria.
También pide que se deje sin efecto el “allanamiento y el registro domiciliario con orden descerraje” de los inmuebles allanados, según el documento al que accedió El Comercio.
El mismo pedido realizó para la "visualización y extracción de información y data digital de las especies incautadas”.
Además la integrante de la Comisión Permanente solicitó la nulidad del registro personal, así como de la incautación de bienes, especies y documentos encontrados durante la diligencia fiscal de la semana pasada.
También requiere dejar sin efecto “todas las actas fiscales” y que se le devuelvan todos los bienes y documentos incautados ese día.
León solicita que se elimine toda la información y la data digital obtenida aquel día y que no se utilice ningún bien, ni documento por cuanto han sido obtenidos en “vulneración de mi derecho fundamental a la inviolabilidad de mi domicilio”.
El 22 de octubre, la Fiscalía de la Nación, con apoyo de la policía, allanó diversos inmuebles e incautó algunos documentos en el marco de la investigación contra la organización criminal “Los Intocables Ediles”, acusada de cobrar cupos desde la Municipalidad de La Victoria a los comerciantes ambulantes de este distrito.
Según las indagaciones e interceptaciones telefónicas, Luciana León debe ser investigada por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado y cohecho pasivo. Esto, ante las comunicaciones que tenía la asesora principal de la aprista, Betsy Matos, con uno de los cabecillas de la banda criminal, Alexander Peña Quispe.
El Comercio intentó comunicarse con el abogado de Luciana León, Bryan Wernerr, pero hasta el cierre de esta nota no pudimos comunicarnos con él.
La abogada penalista lista Romy Chang explicó que el Poder Judicial aceptó las formalidades que se necesitaban para presentar esta solicitud, lo que no significa que la haya declarado fundada.
“Una cosa es que se admita a trámite y otra cosa que se declare fundada la impugnación. Entonces, tenemos que esperar y entiendo que el juez supremo va a evaluar este tema y luego va a dar un pronunciamiento sobre el fondo”, dijo a Canal N.