La Fiscalía de la Nación realiza desde esta madrugada una operación simultánea de allanamiento e incautación de bienes en las regiones de Lima y Moquegua como parte de la investigación que se sigue contra el expresidente Martín Vizcarra Cornejo y el exministro de Transportes Edmer Trujillo Mori.
La diligencia esta a cargo del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación y se ejecuta en las viviendas de Vizcarra y Trujillo, ubicadas en los distritos de San Isidro y Surquillo (Lima) y en Mariscal Nieto (Moquegua). Dicho operativo fue autorizado por el juez supremo de Investigación Preparatoria Juan Carlos Checkley Soria.
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Según conoció El Comercio, en esta investigación se advierte la existencia de una presunta organización criminal que se habría gestado desde el 2014 cuando Vizcarra fue presidente regional de Moquegua, donde afianzó lazos con funcionarios públicos, que desde ese entonces se han sostenido en su círculo cercano.
En ese contexto, según las pesquisas, desde que asumió la Presidencia de la República, Vizcarra habría concertado para copar el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con la llamada “muralla Moqueguana”, específicamente en Provías Descentralizado, donde, durante el 2019 y 2020, se habrían perpetrado hechos ilícitos en tres proyectos por montos que superan los 200 millones de soles.
De acuerdo con la investigación del Área de Enriquecimiento Ilícito y Acusaciones Constitucionales de la Fiscalía de la Nacion, Martín Vizcarra y Edmer Trujillo habrían participado en las acciones colusorias de la organización criminal ‘Los Intocables del Sur’, donde el entonces director de Provías Descentralizado, Carlos Revilla Loayza, y el exgerente de Obras, Alcides Villafuerte, cumplen 36 meses de prisión preventiva.
A través de la cuenta de X (ex Twitter), el Ministerio Público, informó que en la referida diligencia, se ejecutó “la medida de allanamiento e incautación de bienes y documentos”.
A Martín Vizcarra se le investiga por ser presunto autor del delito de organización criminal e instigador del delito de colusión; mientras que a Edmer Trujillo Mori, en su condición de presunto autor de los delitos de organización criminal y colusión.
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Los hechos están referidos a contrataciones que se habrían realizado en Provías Descentralizado, por las obras de Tintay, Pampas, Samegua, entre otras.
MÁS SOBRE LOS CASOS QUE SE LE SIGUEN A MARTÍN VIZCARRA
Como se recuerda, el pleno del Congreso aprobó el jueves último acusar penalmente al expresidente Martín Vizcarra por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado, negociación incompatible, obstrucción a la justicia y peculado doloso. Esto por la contratación de Richard Cisneros - conocido como ‘Richard Swing’ - en el Ministerio de Cultura entre el 2018 y el 2020 para que dé charlas motivacionales.
La decisión se tomó con 84 votos a favor, ninguno en contra y cuatro abstenciones, sin previo debate parlamentario.
Asimismo, la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional confirmó la resolución del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria, que declaró inadmisible la tutela de derechos planteada por la defensa del expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) contra el cierre de la investigación preparatoria por presuntas coimas.
Como se recuerda, el exmandatario es investigado por el presunto delito de cohecho pasivo propio por su gestión como gobernador regional de Moquegua (2011-2014).
Por otra parte, El Comercio publicó recientemente que el ex ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento del gobierno vizcarrista Carlos Lozada fue implicado en el marco del caso “Los Intocables de la Corrupción”, presunta red criminal que habría encabezado el expresidente Martín Vizcarra.
Lozada también fue dirigió el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) entre febrero y julio de 2020. Y a inicios de abril de 2018, a pocos días de que Vizcarra Cornejo asuma el poder tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), fue designado por Trujillo como director ejecutivo de Provías Nacional.
En su declaración del 14 de setiembre último, el testigo protegido N°03-2023 refirió que Lozada Contreras “constantemente” le decía a Stalín Zeballos, quien era gerente de Recursos Humanos de Provías Nacional, “que no debía abrir procesos administrativos” a los miembros de los comités de selección.