Ministerio Público rechaza liberación de Robinson Gonzales
Ministerio Público rechaza liberación de Robinson Gonzales
Redacción EC
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El Ministerio Público manifestó hoy su rechazo ante la decisión tomada el último viernes por la Sala Penal Nacional en la que dispuso que y otros capturados durante el operativo en contra del aparato legal de Rodolfo Orellana, denominado "Tempestad", fueran puestos en libertad por supuestamente no haber pruebas objetivas para mantenerlos detenidos. 

El coordinador de las Fiscalías Especializadas contra el Crimen Organizado, , señaló hoy que es imposible que se realice una lucha frontal contra las organizaciones delictivas si es que el Poder Judicial ejecuta fallos como el del viernes pasado, añadiendo que su institución no puede enfrentar con las mismas armas a la delincuencia común que al crimen organizado.

En línea con ello expresó su molestia pues, dijo, todas las detenciones realizadas contra el crimen organizado siempre han durado quince días ya que "no se pueden tener 24 horas para tomar declaraciones, para hacer reconocimientos, para entrevistar víctimas y testigos, para trabajar como se debe, es imposible materialmente laborar en estos casos de crimen organizado así. En el caso de Benedicto Jiménez, por ejemplo, se dictaron 15 días".

"A consecuencia de la decisión de la Sala Penal Nacional, los jueces han informado a los fiscales provinciales contra el crimen organizado que las detenciones preliminares que solicite el Ministerio Público contra organizaciones criminales serán solo de 24 horas, pudiéndose extender en ciertos casos a siete días. Ya no detenciones preliminares de quince días", agregó en declaraciones a la prensa.

Complementando lo dicho, Chávez Cotrina aseguró que la fiscalía consideró que existía peligro de fuga a raíz de que "las penas que se imponen por lavado de activos son altas -entre diez y veinte años de prisión- por lo que se ha visto en reiteradas ocasiones que las personas acusadas por este delito son tendientes a fugar".

"Decisión grave"
Por su lado, el fiscal Frank Almanza, encargado de sustentar la denuncia en contra de los presuntos implicados de la red Orellana ante la Sala Penal Nacional, reiteró su desazón por  la decisión que esta tomó de liberar a los implicados.

"Es grave. Y la consecuencia más grave es que se mencionó que la ley 27369 no era de aplicación porque había sido derogada por la 30077, y ello no es así. El Ministerio Público manifiesta claramente que no ha sido derogada, está vigente, solo ha sufrido el alteramiento de un artículo", reclamó.

Almanza dijo que resulta imposible pensar que se debe enfrentar a la delincuencia común igual que al crimen organizado pues hay leyes especiales que permiten efectuar investigaciones más exhaustivas contra redes criminales más amplias.

"El pronunciamiento de la Sala Penal Nacional nos sugiere acusar bajo el Código Procesal Penal. Esto está mal", sentenció.

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