:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/OZBC6P6BUNCD5IYHAPD6KH7IXM.jpg)
Se complica la lucha por el pisco peruano: la historia podría dar un nuevo giro en Chile
El juez Jorge Chávez Tamariz evalúa esta mañana el pedido fiscal de impedimento de salida del país contra Nadine Heredia por el gasoducto sur peruano. La audiencia se realiza unos días después de que el exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, declaró en Brasil que se reunió en la oficina de la ex primera dama, en Palacio Gobierno, con su esposo, el expresidente Ollanta Humala, exministros y funcionarios del gobierno nacionalista, donde habrían coordinado favorecer a la constructora brasileña con la licitación de dicho proyecto.
Además de Nadine Heredia, otros cuatro exministros del gobierno de Ollanta Humala vienen siendo investigados por la fiscal Geovana Mori, del equipo especial Lava Jato. También exfuncionarios, exejecutivos de Odebrecht y abogados que emitieron informes sobre el caso.
¿Qué investiga la fiscalía?
El Ministerio Público investiga la presunta existencia de un pacto colusorio en las concesiones del Gasoducto Sur Peruano. De acuerdo con la tesis fiscal, el Comité de Proseguridad Energética, que tenía a su cargo la licitación, habría descalificado indebidamente al consorcio competidor.
En el 2014, durante el gobierno de Humala, el consorcio Gasoducto Sur Peruano (integrado por Odebrecht, Enagás y Graña y Montero) ganó la buena pro con una oferta económica de US$7.328 millones, monto menor a lo establecido en las bases del concurso.
Como parte de las pesquisas, el 10 de julio último, la fiscal Mori realizó un operativo de allanamiento con descerraje y fines de incautación en la casa de Nadine Heredia, así como en inmuebles de ex funcionarios investigados y oficinas de tres estudios de abogados.
Lo que dijo Jorge Barata de Nadine Heredia
La semana pasada, el exsuperintendente de Odebrecht en Perú reveló que Nadine Heredia gestionó reuniones para presuntamente beneficiar a la empresa brasileña.
Tras las diligencias, fuentes de El Comercio señalaron que Barata indicó al equipo especial Lava Jato que hubo varias reuniones con representantes de diversos niveles del gobierno de Humala. Dijo que se dieron en la oficina de Nadine Heredia, ubicada en la parte lateral de Palacio. También hubo reuniones con medios de comunicación y líderes de opinión.
Barata dijo que “todo era apuntado” por Humala, Heredia y los ministros presentes, y que la ex primera dama comprendía mejor el proceso de licitación que su esposo, y “ella era quien tomaba las decisiones”.
El viernes último, luego de los interrogatorios en Brasil, el fiscal superior Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato, no descartó que Odebrecht haya realizado “pagos indebidos” a Nadine Heredia para adjudicarse la licitación del gasoducto sur peruano, obra valorizada en US$7.000 millones, durante el gobierno de Ollanta Humala.
“Dentro de las hipótesis de investigación del Ministerio Público están todas las que han sido detalladas, no solo como acto de concertación previa al otorgamiento de la buena pro, sino que no se descarta la eventualidad de que puedan haber existido pagos indebidos”, precisó Vela.
Al respecto, el procurador ad hoc Jorge Ramírez consideró que el monto de la reparación civil por el Caso Odebrecht podría incrementarse tras conocerse las recientes revelaciones de los exejecutivos de la constructora al equipo especial.
¿Quiénes han sido incluidos en la investigación?
Cuatro exministros de la gestión de Ollanta Humala fueron incluidos en el caso, por su participación como miembros del Consejo Directivo de Pro Inversión. Vienen siendo investigados Jorge Merino Tafur (Energía y Minas), Luis Miguel Castilla Rubio (Economía), Carlos Paredes Rodríguez (Transportes) y René Cornejo (PCM).
El Poder Judicial dictó una orden de impedimento de salida del país por el plazo de seis meses contra Castilla Rubio por este caso. La fiscal Geovana Mori había solicitado la medida por 18 meses, pero el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena indicó que el plazo dictado "era más que suficiente para las diligencias que puntualmente ha dispuesto el Ministerio Público como sustento del requerimiento”.
Todos los exfuncionarios vienen siendo investigados por el presunto delito de colusión.
¿Por qué son investigados?
La fiscalía sostiene que, de las sesiones que realizó el consejo directivo, “se vislumbra” la injerencia en decisiones trascendentales para el proceso de concesión.
Para la fiscalía se habría creado un comité especial para la licitación con “profesionales cercanos al Ejecutivo”, y habrían modificado el cronograma del proceso, retrasando el inicio de la licitación. En el caso de Merino, la fiscal sostiene que también se le imputan presuntos actos irregulares por una supuesta “participación delictiva” en el proyecto.
Primer pedido fiscal fue rechazado
En octubre, el juez Sánchez Balbuena declaró infundado el pedido de impedimento de salida del país solicitado por la fiscal Geovana Mori.
El magistrado señaló que las razones de la fiscalía, respecto a que la medida resulta indispensable para la investigación del caso, no se justifican. El Ministerio Público indicó que la presencia de los investigados era necesaria para las diligencias sobre dispositivos electrónicos confiscados o para el deslacrado de documentación incautada por la indagación.
“Las razones expuestas por el Ministerio Público, que pretenden justificar que la medida resulta indispensable para la indagación de la verdad, no tiene asidero puesto que de ellas no se aprecia la necesidad de que permanezcan arraigados a nuestro país”, indicó el juez.
