Hay más de una coincidencia en tres de las cinco obras que en noviembre del año pasado entregó la Municipalidad Distrital de Anguía, cuyo alcalde, José Nenil Medina Guerrero, está hoy detenido por integrar una presunta organización criminal junto al círculo familiar del presidente Pedro Castillo.
Estas tres obras suman en total S/4′522.000 y fueron –al igual que el proyecto que ganó la empresa de Anggi Espino (motivo por el cual está detenida junto con su hermano Hugo, el alcalde Medina y Yenifer Paredes Navarro, cuñada del mandatario)– una de las decenas de proyectos que se financiaron a raíz del Decreto de Urgencia 102-2021, que Castillo firmó junto a sus ministros Mirtha Vásquez, Pedro Francke y Geiner Alvarado (hoy en el MTC) el 29 de octubre pasado.
Los tres proyectos (mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal del centro poblado de Huallangate, así como la creación de una plaza en ese mismo lugar y la creación de un parque infantil en Chugur) tienen en común que se entregaron el mismo día, a la misma hora, es decir, en simultáneo, y por los mismos miembros de comités de selección, según las actas de buena pro que revisó El Comercio.
Las tres actas señalan que el proceso de admisión, evaluación y calificación de los postores comenzó el pasado 24 de noviembre a las 10:30 a.m. y con sus tres miembros de comité de selección presentes: Jesús Martínez Panta, Orlando Coronel Vásquez y Osberto Irigoin Vásquez.
Según la información contenida en los documentos, los tres miembros del comité estudiaron en menos de una hora cada uno de los expedientes que los postulantes presentaron en sus carpetas para ganar la obra. A las 11:30 a.m., se dio por finalizada esta etapa dando a conocer a la empresa elegida por tener el mayor puntaje.
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En este caso, los ganadores de las tres adjudicaciones simplificadas fueron: Consorcio Ejecutor A&S (mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal del centro poblado de Huallagante por S/3′490.299,79), Consorcio Ejecutor JJK (creación de un parque infantil en el centro poblado de Chugur por S/421.679,42) y Consorcio C&S Contratistas (creación de la plaza en el centro poblado de Huallangate por S/610.581,11).
Proceso irregular
Se trata de un hecho por lo menos sospechoso e irregular, señalan expertos en contrataciones públicas consultados por este Diario. Hacer un examen de este tipo para tres proyectos diferentes toma tiempo y es casi imposible que todo eso pueda hacerse en 60 minutos.
“Esos expedientes usualmente son voluminosos. Se tienen que discutir, se tiene que verificar si están cumpliendo los requisitos, pues luego se tiene que calificar cada una de las propuestas”, explica María Elena Sánchez, especialista en contrataciones públicas.
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Hay un detalle adicional: uno de los tres miembros del comité, Osberto Irigoin, firma como si fuera ingeniero, pero de acuerdo con el portal de Sunedu, tiene el grado de bachiller en Sociología por la Universidad Nacional de Cajamarca.
Al respecto, Sánchez indica que ese solo hecho es una clara inconsistencia que podría llevar a la nulidad del proceso, porque un comité debe estar formado por el área logística, usuaria y un especialista, pero no por un sociólogo.
Además, como informó este Diario, un segundo miembro del comité de selección, Orlando Coronel, trabajó junto a la cuñada del presidente Castillo cuando Yenifer Paredes laboraba en el municipio de Anguía, del 2019 a mediados del 2021.
“Las obras son siempre un procedimiento complejo. Es bien difícil que se hayan hecho tres procesos de evaluación en simultáneo. […] Eso no debió ocurrir, porque cada uno de esos procesos debe hacerse en un momento determinado”, dice Christian Guzmán Napurí, también experto en contrataciones públicas. Además, recalcó la irregular entrega de las mencionadas obras.
Por otro lado, Jesús Martínez es el presidente del comité de selección y el único que no es natural de Chota. Según el portal de proveedores del Estado, Martínez fue contratado por el Ministerio de Defensa (Mindef) el 14 de enero pasado, 51 días después de haber dado la buena pro en los tres proyectos en Anguía. Su orden de servicio fue por S/25.500 como analista en contrataciones del Estado. El Comercio intentó comunicarse con Martínez, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.