Ollanta Humala: claves de su inclusión en indagación a Nadine

El ex jefe del Estado Ollanta Humala fue incluido ayer en la pesquisa que la fiscalía le sigue a su esposa, Nadine Heredia, por el presunto delito de lavado de activos en la modalidad de conversión a raíz de los aportes que recibió el Partido Nacionalista entre el 2006 y el 2011.

El despacho del fiscal Germán Juárez Atoche solicitó que se levante el secreto bancario, tributario y bursátil del ex mandatario desde el 2009 hasta la fecha en las cuentas que tenga en el Perú y el extranjero.

Asimismo, el Ministerio Público pidió que se establezcan medidas de comparecencia restringida contra Ollanta Humala, aunque no precisó cuáles serán las medidas concretas a tomar.

En el marco de esta decisión fiscal, repasamos la evolución de la acusación a los Humala-Heredia relacionada a los aportes recibidos por su partido político. 

1. Presunto lavado de activos
Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que advertía de depósitos desconocidos a la cuenta bancaria de Nadine Heredia en el Banco de Crédito del Perú (BCP), permitió que en el 2009 el fiscal Eduardo Castañeda Garay iniciara la primera indagación contra la entonces dirigente del Partido Nacionalista por el presunto delito de lavado de activos.

Según el documento, en la cuenta de Nadine Heredia se depositaron hasta US$215 mil entre el 2006 y 2009. Los depósitos habían sido hechos por Ilan Heredia, así como por otros familiares y personas cercanas, que de acuerdo a la UIF, no tenían el respaldo económico como para sustentar las transferencias.

Nadine Heredia indicó ante el fiscal que recibió ese dinero como pago de dos consultorías que realizó a favor de Centros Capilares, vinculada al hoy recluido ex empresario Martín Belaunde Lossio, y del padre de este, Arturo Belaunde. El primero le pagaría US$90 mil, mientras que el otro US$51.840. Además, firmó un contrato con el desaparecido diario “The Daily Journal”, por el que recibiría US$4 mil mensual por un año por sus columnas de opinión respecto a la coyuntura política en el Perú.

Sin embargo, el magistrado Castañeda Garay admitió que no pudo cruzar la información sobre los pagos a Nadine Heredia provenientes de Venezuela. Tampoco solicitó que se levante el secreto bancario de la esposa del ex presidente Ollanta Humala. Y pese a estos vacíos en su investigación, decidió archivar la indagación en 2010.

2. Segundo round
La Segunda Fiscalía de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, a cargo de Ricardo Rojas León, decidió abrir la investigación en febrero del 2015 a Nadine Heredia y su hermano Ilán por el presunto delito de lavado de activos en torno a dinero que habrían recibido en la campaña electoral del 2006.

El Ministerio Público pidió oficiar a las entidades bancarias relacionadas, además de a la Sunat y a la Sunarp, para que informen sobre las cuentas bancarias y propiedades de la nacionalista y su hermano.

3. Confirmación de hábeas corpus
Agosto del 2015. La Sexta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó el hábeas corpus que interpuso la primera dama, Nadine Heredia, contra el trabajo del fiscal Ricardo Rojas.

Del mismo modo, el tribunal ordenó que no prosigan las indagaciones a la esposa del ex presidente Ollanta Humala por este caso, y que se archive la investigación.

Según sostuvo la sala, no resultaba adecuado reabrir la indagación a Nadine Heredia por lo reportado entre los años 2005 y 2009, y tampoco por hechos similares en años posteriores.

Además, precisaba que la ex primera dama no podía ser procesada por lavado de activos desde el 2009 hasta 2014 porque "ya fue investigada y no hay delito precedente".

"Existe una abierta violación al debido proceso […] Y una antojadiza indagación", mencionó el documento. Tras ello, se exhortó al fiscal Ricardo Rojas a poner más cuidado en el ejercicio de sus funciones.

4. Fallo revocado
No obstante, poco tiempo le duró la tranquilidad a la esposa de Ollanta Humala, pues en octubre del 2015 el Tribunal Constitucional (TC) declaró fundado el recurso de agravio que presentó la fiscalía contra el fallo judicial que la beneficiaba: Nadine Heredia seguiría siendo investigada, al igual que su entorno familiar y amical, por el presunto delito de lavado de activos.

No obstante, el fiscal Ricardo Rojas no retomó la indagación pues retornó a su plaza de origen en una fiscalía de Lurín.

La defensa legal de la ex primera dama, llevada por Aníbal Quiroga, tildó la decisión de "sorprendente" por "la inusitada rapidez" con la que se resolvió el recurso presentado por la procuraduría del Ministerio Público contra el hábeas corpus de la esposa del ex jefe del Estado.

"Puede que exista una violación al debido proceso. Así como no hay justicia cuando se demora mucho, también no hay justicia cuando suceden cosas de manera apresurada. A lo mejor ellos ya tenían en mente cómo resolver el tema", mencionó Quiroga.

5. Formalización e impedimento de salida del país
El fiscal Germán Juárez Atoche formalizó el 7 de junio del 2016 la investigación preparatoria contra ex la primera dama. El titular de la Segunda Fiscalía contra el Lavado de Activos adujo que los más de S/5 millones que Ilan Heredia –hermano de Nadine Heredia y encargado de las finanzas del nacionalismo– depositó en las cuentas del partido no fueron justificados.

Asimismo, se incluyó en la indagación a, precisamente, Ilan Heredia, su madre Antonia Alarcón, y Rocío Calderón Vinatea, amiga de la ex presidenta del Partido Nacionalista.

En la investigación del Ministerio Público quedaron comprendidos como cómplices primarios Eladio Mego Guevara, Martín Belaunde Lossio, Jorge Chang Soto, Mario Torres Aliaga, Eduardo Sobenes Vizcarra y Maribel Amelita Vela Arévalo.

Sin embargo, Nadine Heredia recibiría un golpe mucho más duro el 16 de junio del 2016. Aquel día, el juez Richard Concepción Carhuancho, tras una jornada de trabajo 14 horas, acogió el pedido de Juárez Atoche y ordenó el impedimento de salida del país –por cuatro meses– de la ex primera dama y de los implicados, al considerar que había riesgo de fuga.

Del mismo modo, impuso reglas de conducta a los investigados: no podrían cambiar de domicilio, cada 30 días tendrían que firmar un cuaderno en una sede judicial y deberían pagar cada uno S/50.000 de caución. 

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