Rodrigo Cruz

El pasado martes 16 de agosto, el teniente coronel EP Arturo Mendoza López, responsable del Área de Análisis de Información de la Casa Militar, le informaba a través de un oficio a su jefe inmediato, el general EP José Mariscal Quiroz, que un reporte del operador, a quien no identifica, del circuito cerrado de televisión (CCTV) de Palacio de Gobierno daba cuenta de que se había perdido información de tres cámaras de videovigilancia.

El reporte, de fecha 15 de agosto, detallaba lo siguiente: que las cámaras 26 (azotea/avenidas Áncash y Carabaya), 3 (ingreso por la puerta de Desamparados) y 55 (Salón Dorado) no habían registrado imágenes del 9 de agosto, dos de ellas de manera parcial y una total.

Mariscal fue designado en abril de este jefe de la Casa Militar por disposición de Castillo. En octubre del año pasado, el mandatario firmó su ascenso a general EP.
Mariscal fue designado en abril de este jefe de la Casa Militar por disposición de Castillo. En octubre del año pasado, el mandatario firmó su ascenso a general EP.

A continuación, Mendoza le precisó al jefe de la Casa Militar que la cámara 26 no contaba con registros desde las 6:03 p.m. hasta las 6:05 p.m. La 3, desde las 9:22 p.m. hasta las 9:27 p.m. y en el caso de la 55, se perdió “información total” de ese día y los siguientes (recién el servicio se restableció a las 3:19 p.m. del lunes 15).

El martes 16, el general EP Mariscal dio cuenta de lo ocurrido a Luis Catalán Fonseca (director de Telecomunicaciones), Sirhan Benites Lavado (director la Oficina de Tecnologías de la Información) y a Julio Palomino Duarte, nombrado el pasado 11 de agosto como secretario general del despacho presidencial. En el escrito, el jefe de la Casa Militar pedía que se le realizara un mantenimiento a los equipos “con la finalidad de que el CCTV siga operando de forma óptima y continuar velando adecuadamente por la seguridad integral” del presidente Pedro Castillo, su familia y todas las instalaciones de Palacio.


Coincidente fecha

El reporte ha despertado las alertas del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder que dirige la fiscal superior Marita Barreto. Ese 9 de agosto, poco después de las 5 p.m., el equipo de la fiscal acudió a los exteriores de Palacio para hacer cumplir la orden judicial de detención contra Yenifer Paredes, cuñada de Castillo.

Los representantes del Ministerio Público, junto con el equipo especial de la PNP, habían llegado a la Casa de Gobierno con la convicción de que trabajos previos de Inteligencia habían determinado que la familiar del jefe de Estado (a quien ha criado como a su hija) se encontraba ese día en ese inmueble.

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Sin embargo, personal de Palacio, en especial el general EP Mariscal,impidió, por una hora y 15 minutos, que se cumpliera la diligencia. Fuentes de El Comercio indicaron que a tal punto fueron las maniobras de dilación del oficial que el fiscal Hans Aguirre, del equipo especial de la fiscalía, estaba a punto de pedir su arresto para que fuera llevado a la comisaría más cercana por resistencia a la autoridad.

De hecho, fue el jefe de la Casa Militar quien informó, a las 5:50 p.m. de ese 9 de agosto, que por orden del presidente nadie iba a ingresar a la residencia de Palacio si antes no llegaban sus abogados Eduardo Pachas y Benji Espinoza Ramos, ninguno de los cuales es defensor de la cuñada del mandatario (hoy detenida).

El oficio de Mendoza López sobre la pérdida de información de las cámaras se da un día después de que el equipo de la fiscal Barreto presentara una apelación ante una sala de la Corte Superior Nacional, que dirige el juez Emérito Salinas Siccha, para que revoque la orden del juez Raúl Justiniano, quien denegó que se incautaran las cámaras que dan a los accesos a la residencia donde supuestamente estaba la familiar del presidente.

Una de las hipótesis de la fiscalía es que la cuñada de Castillo salió de la residencia para entrar al despacho presidencial, a través del Salón Dorado, y así eludir el mandato de detención (la orden del juez solo cubría la parte de la residencia). Una de las tres cámaras averiadas cubre la zona del Salón Dorado.

Hasta el cierre de esta nota, la sala del juez Salinas no informaba si le ha dado la razón a la fiscalía y, en consecuencia, Palacio deberá entregar el material fílmico.

Cadena de mando

Mendoza López no es solo el responsable del Área de Análisis de la Información de la Casa Militar. Es también personal de seguridad de Castillo. A su vez, el general EP Mariscal, natural de Cajamarca, fue ascendido a ese grado en octubre del año pasado por el jefe del Estado y desde abril de este año está al frente de la Casa Militar.

Catalán Fonseca y Benites Lavado tienen como jefe al director general de la Oficina General de Administración del despacho presidencial, Jorge Perlacios Velásquez, nombrado en ese cargo este lunes 15, en reemplazo de Rossana Acuña.

La Casa Militar y la Oficina General de Administración dependen jerárquicamente de la Subsecretaría General del despacho presidencial, a cargo de Beder Camacho. Este, a su vez, tiene como jefe a Palomino Duarte, quien fue puesto en ese cargo dos días después de la intervención en Palacio.

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El presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, anunció ayer que citará al jefe de la Casa Militar para la próxima semana.

Camacho afirmó anoche en Desamparados que, a pedido del mandatario, se hará un peritaje sobre lo ocurrido con las cámaras. Aseguró que no se ha perdido ninguna imagen de esos lugares porque hay otros equipos que tienen el registro de esos sitios en ese día. “Las imágenes están preservadas […] Ha sido una falla del sistema”, indicó

Para el penalista Carlos Caro, lo sucedido refuerza la idea de que estamos ante un caso de obstrucción a la justicia y encubrimiento real porque ya se habla de la presunta desaparición de pruebas. Caro sostiene que es necesario un peritaje a las cámaras para establecer lo que realmente sucedió.