Patricia Benavides realizó “coordinaciones indebidas” hasta con ocho fuerzas políticas, según fiscalía

En la disposición 24 emitida la semana pasada por la fiscal Delia Espinoza, donde se incluye a 14 congresistas como investigados junto a Patricia Benavides, también se precisan los señalamientos contra la ex fiscal de la Nación por seis delitos. Uno de ellos, el más importante y el que enmarca a los demás, es el organización criminal. Allí se le imputa ser parte y encabezar una red criminal “mixta”, “vertical” y “flexible, con intereses dentro y fuera del Ministerio Público.

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Según el documento, el plan habría sido garantizar la permanencia de Patricia Benavides como fiscal de la Nación para que continué con los “beneficios, ventajas, influencias” del cargo, tanto para ella como para otros miembros de la red. Todo esto “realizando acciones para favorecer a determinadas personas o grupos que se encontraban siendo investigados o tenían intereses”, para lo que no se dudaba en cometer delitos dentro del objetivo de “maniobrar en ciertas instituciones”.

Es dentro de ese esquema que se le atribuye a Patricia Benavides haber realizado las “coordinaciones indebidas” con fuerza políticas, empezando por Fuerza Popular. Para esto se citan las declaraciones de su exasesor y exhoombre de confianza: Jaime Villanueva, el principal testigo del caso. Él afirmó que el interés de la ex fiscal de la Nación en contar con el respaldo del fujimorismo habría partido de las denuncias en su contra surgidas en el Congreso.

Así, inicialmente, en el 2022, “el primer de canal de coordinación” habría sido la legisladora Martha Moyano. A ella también se la imputa se parte de la organización criminal y se le atribuyen coordinaciones con el propio Jaime Villanueva “para las acciones que era de interés de ambas partes”. Para esto, el exasesor habría visitado a la legisladora en el Congreso; mientras que ella habría visitado personalmente a Patricia Benavides en el Ministerio Público, ingresando por el ascensor del sótano del edificio. En ambos casos, las visitas no fueron registradas.

Luego, citando nuevamente a Jaime Villanueva y lo declarado públicamente por Martha Moyano, se advierte el presunto pedido de la legisladora para que Patricia Benavides separe al fiscal José Domingo Pérez del ‘Caso Cócteles’. El magistrado pide 30 años de prisión para la lideresa del partido, Keiko Fujimori, en un juicio que iniciará el próximo 1 de julio. Además, habría pedido la separación del fiscal Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato, medida que sí llegó a concretarse en circunstancias que también está bajo indagación de la fiscal Espinoza.

En lo que sería el segundo momento de la relación, Jaime Villanueva afirmó que Patricia Benavides logró luego un “canal de comunicación directo con la alta dirección de dicho partido”. La fiscal Espinoza refiere que ello sería una referencia a la misma Keiko Fuimori. La lideresa fujimorista y el partido niegan la existencia de ese “canal de comunicación”, aunque Moyano sí ha admitido que envió -a través de Jaime Villanueva- un “mensaje” a Patricia Benavides para separar a los fiscales.

Al margen de ello, la hipótesis fiscal señala que la supuesta coordinación entre Patricia Benavides y Fuerza Popular se “habría traducido” en el apoyo en dos votaciones en el Congreso que eran de su interés: la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ávalos en junio del 2023 y encargarla a la Comisión de Justicia una investigación sumaria contra la Junta Nacional de Justicia en septiembre.

Respecto a la primera votación, Jaime Villanueva relató que se coordinó con Martha Moyano para que la fecha inicial se reprograme porque no habían los votos requerido para lograr la inhabilitación.

En cuanto a la la segunda votación, resultó luego en un informe que recomendaba destituir a todos los miembros de la JNJ, el cual iba a verse en el pleno el 8 de noviembre pasado. Sin embargo, un día antes, una sala emitió una medida cautelar que dispuso suspender ese proceso. Villanueva declaró que ese día, Patricia Benavides le dijo que había coordinado con la “alta dirección” de Fuerza Popular para que la moción se vote de todas formas, pero que necesitaban que la fiscalía abra una investigación a los jueces que dieron la medida.

La fiscalía inició esa indagación, a partir de una denuncia de la congresista Patricia Chirinos, pero el pleno no llegó a votar la moción. Ante ello, según Jaime Villanueva, Patricia Benavides ordenó presentar una denuncia constitucional contra la legisladora María Cordero (ex Fuerza Popular) “para enviarles un mensaje [...] de que si no cumplían con los acuerdos se iba a proceder a denunciarlos”.

La disposición también se refiere a los vínculos de Patricia Benavides con militantes del Apra. Se señala al exministro Hernán Garrido Lecca, con quien se le atribuyen coordinaciones ligadas a la suspensión del fiscal Rafael Vela; y su relación con Jorge del Castillo, uno de sus abogados; y su asistencia a una reunión en el Colegio de Abogados de Lima junto a “los principales dirigentes apristas”. Tanto Garrido Lecca como Del Castillo son, además, procesados por lavado de activos en el caso Odebrecht.

Luego se hace referencia al vínculo con Patricia Chirinos, de la bancada de Avanza País, también señalada como parte de la red criminal. Según la hipótesis fiscal, se habría reunido con los asesores de la fiscal para promover la remoción del pleno de la JNJ y habría facilitado su casa para que Jaime Villanueva se reúna con Luis Aragón (Acción Popular) para conseguir su voto por la inhabilitación de Zoraida Ávalos. Adicionalmente, se relata un supuesto acuerdo con José Williams, de la misma bancada, para que denunciar a un grupo de ‘Los Niños’ a cambio captar votos en el mismo sentido.

En cuanto al Bloque Magisterial, Jaime Villanueva declaró haber negociado con Édgar Tello y Germán Tacuri, en representación de dicha bancada. Con el primero, según su versión, habría acordado el archivo de su investigación por presunto recorte de sueldos para mediados del 2024, evitando así cuestionamientos de la prensa, a cambio de que vote a favor de la inhabilitar a Zoraida Ávalos; mientras que con el segundo se habría accedido a beneficiarlos en el caso ‘Los Niños’.

El exasesor también relató una serie de reuniones en el despacho del congresista fujimorista César Revilla para lograr más apoyos contra Zoraida Ávalos: con José Jerí (Somos Perú) a cambio pedido apoyo al exgobernador de Áncash Juan Carlos Morillo; con Luis Cordero (todavía parte de Fuerza Popular) a cambio de archivar su investigación por el caso ‘El Español’; y con Jorge Flores (Acción Popular) a cambio de que se archive el caso ‘Los Niños’. Añadió que la fiscal accedió a todos los pedidos, menos al último. Revila, Jerí y Cordero votaron a favor.

La fiscalía también da cuenta de un supuesto acuerdo con Ilich López (Acción Popular) para que no se le denuncie por el caso ‘Los Niño’ a cambio de votar contra Ávalos, a lo que Benavides habría accedido. López no fue denunciado por ese caso, a diferencia de otros legisladores de su bancada, y votó a favor de la inhabilitación.

También se reseña un supuesto contacto con el actual presidente del Congreso, Alejandro Soto, de Alianza para el Progreso, para que este priorice la moción que buscaba remover a la JNJ a cambio de favorecerle en su investigación por presuntos recortes de sueldos.

Finalmente está la supuesta reunión a inicios de junio del 2023 entre Jaime Villanueva y Vladimir Cerrón, el hoy prófugo líder de Perú Libre, en su local partidario. De acuerdo con el exasesor, le pidió que su bancada vote por la inhabilitación de Zoraida Ávalos, ante lo que él pidió que se “interceda” ante el fiscal que tenía el juicio por el ‘Aeródromo Wanka’ para que no acuda al juicio y el caso prescriba.

Según Jaime Villanueva, Patricia Benavides accedió e intercedió ante Sonia Cabrera, coordinadora de las fiscalía anticorrupción, para favorecer al líder de Perú Libre; pero esta “no se contactó con el fiscal a cargo del caso”. Ese juicio resultaría luego en la sentencia de 3 años y 6 meses de prisión por la que Vladimir Cerrón está prófugo desde octubre del año pasado.

También se mencionan supuestos negociados con Katy Ugarte, quien era no agrupada y no representaba a una fuerza política.

Todos los legisladores mencionados y Vladimir Cerrón están hoy bajo investigación por parte de la fiscal Delia Espinoza. Sin embargo, solo Patricia Chirinos y Martha Moyano son señaladas dentro de la estructura de la supuesta red criminal que habría liderado Patricia Benavides.

En diálogo con El Comercio, la defensa legal de Patricia Benavides rechazó que haya estado involucrada en negociaciones o “coordinaciones indebidas” de representantes de fuerzas políticas, tal como sostiene la fiscalía. “No existe ninguna vinculación de la doctora con alguna fuerza política, ya sea Fuerza Popular o el Partido Aprista”, dijo el abogado Juan Peña.

“Son hechos que para una investigación preliminar puede dar sospecha simple, pero creemos que no va a tener asidero en el tiempo”, sostuvo el abogado.

En cuanto a supuestos acuerdos con representantes de bancadas parlamentarias, afirmó que Patricia Benavides no hizo tales gestiones. “Quien señala haberse reunido con ellos es el señor Jaime Villanueva. Cuando se le ha preguntado si puede corroborar las reuniones o las tratativas con sus correos o teléfonos, ha dicho que no tiene su teléfono. No entiendo cómo va a poder corroborar”.

También negó que la ex fiscal de la Nación haya accedido, a través de Jaime Villanueva, a los supuestos acuerdos con cada parlamentario. “Es tan ilógica esa versión que los pedidos que supuestamente han hecho los congresistas no se han cumplido y lo que la doctora Benavides pedía tampoco se cumplía”.

En diálogo con este Diario, Del Castillo refirió que el acto de respaldo a Benavides en el Colegio de Abogados de Lima (CAL), tras su suspensión, fue “público y abierto”.

“Estaba el decano [del CAL], su junta directiva, y el ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a quien se le reconoció por su defensa a la democracia”, manifestó.

El ex jefe de Gabinete Ministerial, además, subrayó que su “labor” como abogado de Benavides “no compromete” al Partido Aprista.

También consideró que la fiscal suprema Delia Espinoza es “irresponsable” y “hace afirmaciones temerarias”

Desde Fuerza Popular, la propia Keiko Fujimori ha negado esa parte de lo dicho por Jaime Villanueva. “No conozco a la ex fiscal de la Nación. Nunca he mandado un mensaje ni he recibido un mensaje de parte de ella. Jamás ha habido un pedido ni directo, ni indirecto, ni de intermediarios”, declaró en febrero a RPP tras conocerse estos dichos del exasesor.

Martha Moyano, en declaraciones a El Comercio esta semana, recordó que su postura en contra del fiscal José Domingo Pérez ha sido manifestada públicamente. “No hay nada que tenga que ver con algún ilícito penal”, afirmó.

Este Diario envió mensajes a los congresistas Patricia Chirinos, Luis Aragón, Edgar Tello, Jorge Flores, Ílich López y Germán Tacuri sobre este tema; pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta. También se envió una consulta a Luis Cordero a través de su nueva bancada, Acción Popular, con el mismo resultado. Por su parte, desde el despacho de José Jerí indicaron que el legislador no daría declaraciones.

Mediante su cuenta de X, Patricia Chirinos dijo el pasado 2 de marzo, tras ser incluida como investigada en este caso, que noa ha “cometido ningún delito”. “Todas las DC, proyectos y mociones que he presentado las he hecho con convicción, pensando en lo que es mejor para el país, sin ningún interés personal de por medio”, aseguró.

A través de esa misma red social, Alejandro Soto también ha negado haberse reunido con asesores de Patricia Benavides. “Jamás he tenido interés en negociar beneficios personales o ejercer presión a funcionarios”, aseguró.

El último martes, en declaraciones a la prensa en el Congreso, José Williams rechazó su imputación. Indicó que él no tenía ninguna investigación o proceso por la que hubiera hecho un cambio o beneficio. “Por supuesto [que Jaime Villanueva miente]. No he conversado absolutamente con él y no tengo nada que cambiar”, aseguró.

Desde la clandestinidad, Vladimir Cerrón también ha negado haber tenido una comunicación con Patricia Benavides. “Lejos de una supuesta “ayuda”, mi persona afrontó cerca de nueve solicitudes de prisión preventiva por la Fiscalía”, afirmó mediante X.

Todos los congresistas implicados están citados a declarar como investigados ante el despacho de la fiscal Delia Espinoza en las próximas semanas.