Un día como hoy, hace exactamente tres meses, el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó 18 meses de prisión preventiva para el ex presidente Alejandro Toledo. Tres meses en los que no ha habido una respuesta oficial de Estados Unidos sobre el pedido de arresto provisorio con fines de extradición solicitado por las autoridades peruanas.
Fuentes judiciales indicaron que desde EE.UU., extraoficialmente, han requerido documentación que pruebe que el dinero que pagó la empresa Odebrecht en cuentas vinculadas a Josef Maiman llegó a Toledo Manrique.
Durante la audiencia en la que se resolvió la prisión preventiva para Toledo, el fiscal Hamilton Castro, quien lidera el equipo especial del Ministerio Público para el Caso Lava Jato, reveló que la constructora brasileña hizo 18 depósitos a empresas ‘off shore’ vinculadas a Maiman –amigo del ex presidente y procesado en este caso– por un total de US$9’626.010.
Esta información fue proporcionada por Odebrecht. A este elemento de convicción se sumó la declaración de Jorge Barata, el ex representante de la empresa en el Perú, quien dijo que Toledo le pidió US$35 millones para otorgar la buena pro de la Interoceánica, pero que finalmente le entregó US$20 millones.
El juez Concepción presentó, en febrero pasado, el pedido de detención con fines de extradición para Toledo, tomando como base la información proporcionada por el Ministerio Público.
El jefe de la Unidad de Cooperación Internacional Judicial y de Extradiciones, el fiscal superior Alonso Peña Cabrera, confirmó a El Comercio que desde el Departamento de Justicia de EE.UU. hicieron algunos requerimientos, pero que estos estaban siendo resueltos. Representantes del Ministerio Público ya han tenido reuniones con los miembros de la embajada, quienes han hecho el enlace con las autoridades norteamericanas.
“Tenemos que ser conscientes de que el tratado de extradición con EE.UU. exige el cumplimiento de ciertos estándares. Entre ellos la causa probable de la ilegalidad”, explicó a este Diario.
“Estamos hablando, en principio, de dos delitos: tráfico de influencias y lavado de activos. En el caso de este último delito, se tiene que hilvanar muy fino y dar finalmente evidencias que puedan involucrar sólidamente al ex presidente”, agregó el fiscal Peña Cabrera.
Las mismas fuentes indicaron que el juez Concepción –quien continuará a cargo solo del caso de Toledo– aún no ha ampliado el pedido de detención preliminar con fines de extradición, incluyendo el delito de colusión, debido a que la fiscalía todavía no ha podido remitir esta información.
Asimismo, señalaron que el juez Concepción, ante el último requerimiento por las autoridades estadounidenses –las pruebas que confirmen que el dinero de Odebrecht llegó a Toledo–, podría precisar que esta parte de la investigación la está viendo el juzgado del Caso Ecoteva.
El magistrado ha reprogramado para el 24 de mayo una audiencia en la que evaluará un pedido del empresario israelí Josef Maiman: la acumulación de los casos Odebrecht y Ecoteva.
DATOS
—Alerta roja—
La División de la Policía Internacional (Interpol) informó al Juzgado Penal 16 de Lima que el ex presidente Alejandro Toledo tiene una orden de captura internacional con “alerta roja” dentro de la investigación que se le sigue por el Caso Ecoteva.
—Segundo pedido—
El Juzgado Penal 16 ordenó una segunda prisión preventiva por 18 meses para el ex presidente el pasado 17 de abril. Esta orden también incluye a su esposa Eliane Karp, Josef Maiman y Avraham Dan On, procesados por el delito de lavado de activos.
—Dos—
Son los consejeros que tiene el ex presidente Alejandro Toledo en EE.UU.: los abogados Richard J. Douglas y Roger Noriega.
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