El Ministerio Público ratificó su pedido de 34 años de prisión efectiva contra Pedro Castillo, expresidente procesado por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022, y explicó ante el Poder Judicial los motivos por los cuales le atribuye a él y a los otros imputados como Betssy Chávez y Aníbal Torres el delito de rebelión.
En la audiencia de control de acusación de hoy jueves 23 de mayo, luego de superar en sesiones pasadas los pedidos de recusación y nulidad que presentó la defensa del exmandatario, la Fiscalía de la Nación procedió a sustentar su requerimiento de acusación contra Castillo Terrones.
La fiscal Galinka Meza Salas explicó que, por el delito de rebelión, el Ministerio Público pide 25 años de prisión efectiva, mientras que por los otros cargos que se le imputan -abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública- solicitan tres y seis años de prisión respectivamente.
“En total, sumando por el concurso real de delitos, se ha solicitado para Pedro Castillo 34 años de pena privativa de la libertad, así como tres años y 6 meses de inhabilitación”, precisó ante el juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley.
También se ratificaron los pedidos de cárcel contra los otros procesados, empezando por la excongresista y expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez, e incluyendo al exministro del Interior Willy Huerta y al congresista Roberto Sánchez, también exministro de Pedro Castillo.
Contra ellos, la fiscalía pide 25 años de prisión y también dos años y medio de inhabilitación, ya que solo les imputa el delito de rebelión.
En similar posición se encuentran Manuel Lozada Morales, quien era jefe de la Séptima Región Policial de Lima; Justo Jesús Venero Mellado, jefe operativo de la USE de la Policía Nacional; y Eder Antonio Infanzón Gómez, oficial operativo de la USE PNP. Contra ellos también se piden 25 años de cárcel por el delito de rebelión.
Finalmente, contra Aníbal Torres, ex primer ministro y entonces asesor de la PCM, se piden 15 años de prisión y dos años y medio de inhabilitación, también por el delito de rebelión.
La fiscal Meza recordó los principales hechos por los cuales se procesan a Pedro Castillo y el resto de los exfuncionarios, empezando por la reunión la noche del 6 de diciembre del 2022, un día antes del golpe de Estado. Ese día, según la acusación, el presidente se reunió con Betssy Chávez y Aníbal Torres en su despacho para elaborar el mensaje a la Nación que leería al día siguiente.
La comisión del delito continuó la mañana del 7 de diciembre, con la renuncia del comandante general del Ejército a pedido de Pedro Castillo. El entonces presidente también pidió a su ministro de Defensa Gustavo Bobbio que nombre a otro militar “afín a sus intereses”.
“En su condición de presidente de la República, es coautor del delito de rebelión toda vez que el día 7 de diciembre del 2022, conjuntamente con los coacusados Chávez Chino, Huerta Oliva, Sánchez Palomino, Torres Vásquez, acordaron disolver el Congreso de la República e instaurar un estado de excepción en el Perú”, aseguró el Ministerio Público.
Para tal fin, se acusa a Castillo de haber buscado aprovechar su cargo de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la PNP para “ordenar a esas fuerzas del país, a través del mensaje a la Nación, alzarse en armas para suprimir el régimen constitucional e instaurar un régimen de excepción”.
Contra los agentes de la PNP procesados también por rebelión, la fiscalía señala que fueron responsables de haber restringido el acceso al Congreso de los parlamentarios y trabajadores ese 7 de diciembre, cumpliendo así con su rol como parte del complot para concretar el golpe de Estado.
En la audiencia, estuvieron presentes de forma virtual casi todos los imputados, incluyendo Pedro Castillo desde el penal de Barbadillo y Betssy Chávez desde el penal Anexo Mujeres de Chorrillos.
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