El Poder Judicial amplió por 18 meses la prisión preventiva impuesta a Pedro Castillo en su proceso por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. El expresidente es acusado por rebelión y enfrenta un pedido de 34 años de prisión que está en fase de control de acusación, la etapa previa al juicio.
En segunda instancia, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró fundada la apelación de la fiscalía contra una resolución del juez supremo Juan Carlos Checkley. En junio pasado, el magistrado accedió ampliar la prisión preventiva, pero solo por 14 meses.
En la apelación, el Ministerio Público pidió que la ampliación sea por 18 meses, tal como había pedido originalmente, y la sala accedió. Adicionalmente, se rechazó la apelación de la defensa de Pedro Castillo que buscaba que se revoque la orden de prisión preventiva.
Según informó el Poder Judicial, la sala tomó esa decisión tras “inferir la subsistencia del peligro de fuga, más aún si el proceso tiene un largo tramo para su culminación dentro de un plazo razonable (…), por lo cual corresponde prolongar la prisión preventiva”.
La solicitud de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios para ampliar la prisión preventiva de Pedro Castillo por 18 meses fue evaluada en primera instancia el pasado el 6 de junio por el magistrado Juan Carlos Checkleym del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de l Corte Suprema.
Durante esa audiencia, la defensa de Castillo pidió que se rechace el pedido fiscal y planteó que su defendido que sea procesado en libertad, bajo comparecencia con restricciones. Tanto la primera como la segunda instancia de la Corte Suprema rechazaron esa pretensión.
El exmandatario está detenido desde el 7 de diciembre del 2022, día del golpe de Estado. Inicialmente estuvo bajo detención preliminar en el complejo policial de la Diroes. Luego de que se le dictó prisión preventiva el 15 de diciembre de ese año, fue internado en el penal de Barbadillo.
La orden de prisión preventiva de Pedro Castillo se cuenta desde el día de su detención preliminar. Por lo tanto, la orden judicial expirará el 6 de diciembre del 2025. Los primeros 18 meses expiraron el pasado 6 de junio, cuando su proceso judicial aún seguía en marcha, lo que llevó a la fiscalía a solicitar la ampliación.
Pedro Castillo tiene una segunda orden de prisión preventiva por 36 meses en su proceso por organización criminal y corrupción (casos Puente Tarata, Petro-Perú y Anguía). La medida fue dictada por el magistrado Juan Carlos Checkley y está vigente desde marzo del 2023. Por lo tanto, se prevé que dure hasta marzo del 2026.
Los argumentos de la fiscalía
El 6 de junio, durante la audiencia en la que se evaluó el pedido para ampliar por 18 meses la prisión preventiva, Galinka Meza Salas, fiscal adjunta suprema, dijo que el tiempo solicitado era “razonable” por tratarse de un proceso judicial complejo.
“Es necesario asegurar la presencia del acusado Castillo Terrones toda vez que aún el proceso se encuentra en etapa intermedia [control de acusación] y esta podría prolongarse”, afirmó.
También dijo que la prolongación requerida también abordaría la duración del eventual juicio oral por este caso, donde declararían los más de 40 testigos ofrecidos por la fiscalía en su acusación y se evaluarían múltiples pruebas.
“Y luego vendrá la sentencia, porque a criterio de la fiscalía [...] se tienen elementos suficientes de culpabilidad del acusado Pedro Castillo. Existe un alto grado de probabilidad de que se alcanzará una sentencia condenatoria”, expresó.
La fiscal añadió que su pedido también considera el plazo que tomaría resolver la apelación que, anticipó, seguramente presentará la defensa de Pedro Castillo con una futura condena por este caso.
“No solo se pretende asegurar su presencia hasta la emisión de sentencia, sino hasta que esta quede firme”, afirmó. “Es una causa compleja. Hay en total ocho acusados. Se prevé que ambas etapas demandarán un plazo razonable que comprenderán los 18 meses que solicitamos”, explicó.
Además, sostuvo que “sigue latente” el peligro de que Pedro Castillo fugue del país si no está en prisión, tomando en cuenta que su esposa y sus hijos están en México desde diciembre del 2022.
“Es un hecho notorio que su familia nuclear (esposa e hijos) se encuentra asilada en el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos”. Incluso citó los informes periodísticos que dan cuenta de que su esposa, Lilia Paredes, recibiría US$ 10,000 dólares mensuales de ese gobierno.
“Al no tener a su familia en el Perú, no tendría arraigo familiar [...] Ante un riesgo de imposición de una pena de 34 años que solicita la fiscalía suprema, podría rehuir a la justicia para refugiarse en un país como México. Dada las notorias simpatías mostradas por el gobierno mexicano hacia la familia Castillo Terrones, aparece como un riesgo [que] si el procesado se encuentra en libertad, buscaría el asilo político de ese país”, dijo.
Finalmente, también señaló que la defensa de Pedro Castillo ha presentado diversos recursos contra la investigación, que han resultado ser repetitivos y fueron todos desestimados por el juzgado. Incluso remarcó que dentro de las sesiones del control de acusación, uno de sus abogados dio información falsa, lo que “genera dilaciones en el desarrollo de las audiencias”. “El comportamiento procesal del acusado y de su defensa técnica no son adecuados”.
La defensa de Castillo
En la audiencia de junio, la defensa de Pedro Castillo, a cargo del abogado Walter Medrano, negó que se hayan dado actos para retrasar el proceso y dijo que las demoras en el proceso no se pueden atribuir al acusado.
Citó los ejemplos de la inclusión de más investigados en el caso, la ampliación del plazo de investigación que otorgó el Poder Judicial y la demora del propio juzgado para convocar al inicio de las audiencias del control de acusación (unos tres meses).
En cuanto al riesgo de fuga, sostuvo que la posibilidad de que sea condenado por este caso es “una especulación” y que los reportes de pagos del gobierno mexicano a Lilia Paredes no tienen un sustento: “Es chismosería barata, casera y doméstica”. Además, planteó que Pedro Castillo sí tiene arraigo familiar porque sus padres y sus hermanos están en el Perú, y porque “el hecho que estén allá, no significa que no puedan volver su esposa y sus hijos”.
Medrano afirmó luego que no existió un pedido de asilo político a México. Esto a pesar de que lo informado por el propio presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que Pedro Castillo llamó para avisar que iba a la embajada de México para solicitar asilo. El entonces embajador mexicano en el Perú también confirmó esa información y detalló que el pedido fue ratificado por el expresidente desde prisión.
El abogado Luis Walter Medrano representó a Pedro Castillo en la audiencia
Por otro lado, Medrano dijo que si el expresidente saliera en libertad, retornaría a su trabajo como profesor, por lo que sí tiene arraigo laboral. Sobre las visitas de los congresistas, defendió que su cliente “tiene derecho a recibir, sea quien fuera. Esa visita no significa que van ayudarlo a fugar del país si es que obtiene su libertad”.
Actualmente, el proceso por el golpe de Estado se encuentra en etapa de control de acusación, donde el juez Checkley evalúa la acusación fiscal y los recursos de las defensas para definir si el caso avanzará a juicio. El magistrado ha estimado que esta etapa podría cerrarse en julio próximo, fecha en que se definirá si el expresidente irá a juzgamiento.
Recién en el eventual juicio se determinará si Pedro Castillo y el resto de acusados son culpables por delitos relacionados al golpe de Estado. La expectativa del Ministerio Público es que la prisión preventiva se amplíe y que el caso resulte en una sentencia antes de que esta medida se venza.
El expresidente y su exministra Betssy Chávez son los únicos acusados por este caso que son procesados bajo prisión preventiva. El resto, entre ellos los exministros Aníbal Torres, Roberto Sánchez y Willy Huerta, enfrentan la acusación penal bajo libertad con restricciones.
