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"El Tribunal desde el comienzo cuando no concedió la medida cautelar no cumplió con la función que le correspondía", indicó Luis Huerta. (Foto: GEC)
El procurador público especializado en materia constitucional del Ministerio de Justicia, Luis Huerta Guerrero, consideró que con el fallo del Tribunal Constitucional (TC) respecto de la demanda competencial sobre la vacancia presidencial, los magistrados “han renunciado” a su labor de interpretar la Constitución.
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“La labor principal de un TC es interpretar la Constitución. Todo indica que han renunciado a esa labor, porque han decidido la mayoría de los magistrados no emitir pronunciamiento sobre el eje central de la controversia: que precisen los alcances de la vacancia presidencial por incapacidad moral”, dijo el abogado en entrevista con RPP.
Huerta dijo creer que el citado organismo “no ha estado a la altura” de lo que exige la realidad del país en materia constitucional, tras “tener a tres presidentes en siete días”.
El procurador lamentó, en esa línea, la declaración del magistrado Ernesto Blume, quien indicó que votó por la improcedencia para “no echar más leña al fuego”, luego de lo sucedido con la vacancia presidencial de Martín Vizcarra.
“El TC no puede argumentar si quiere o no quiere echar más leña al fuego para interpretar la Constitución, está obligado a hacerlo. La obligación del TC es pronunciarse, decidir una controversia, interpretar hacia el futuro. Si el colegiado no hace eso porque no quiere echar más leña al fuego, es un argumento que no corresponde a un magistrado del TC”, apuntó.
“El tribunal desde el comienzo cuando no concedió la medida cautelar no cumplió con la función que le correspondía”, subrayó en otro momento Huerta.
Este jueves el pleno del TC decidió por mayoría declarar improcedente la demanda competencial presentada por el Poder Ejecutivo a mediados de setiembre sobre la vacancia presidencial por “incapacidad moral” permanente.
Ledesma informó que los votos en contra fueron de los magistrados Ernesto Blume, Augusto Ferrero Costa, Manuel Miranda y José Luis Sardón, mientras que los votos a favor de declarar procedente la demanda fueron de Eloy Espinosa-Saldaña, Carlos Ramos y la titular del órgano constitucional.
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