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MARIO MEJIA
El Tribunal Constitucional dejó hoy al voto recurso de agravio constitucional presentado por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) que pide anular la sentencia de la Quinta Sala Penal para Reos Libres que ordena el traslado de cuatro terroristas de la Base Naval del Callao a otro penal.
Los miembros del TC evaluarán el pedido del INPE así como los argumentos de los abogados de los cabecillas terroristas, quienes por su parte han solicitado que se desestime el recurso de agravio constitucional presentado, y emitirán un pronunciamiento posiblemente dentro de dos o tres semanas.
En la audiencia, los magistrados del TC también escucharon las opiniones de los cuatros subversivos quienes, a través de la vía telefónica desde su centro de reclusión, expresaron las razones por las que piden ser traslados a otro penal.
HABLAN LOS TERRORISTAS
Víctor Polay Campos, cabecilla del MRTA, dijo que presentaron un hábeas corpus porque “nos sentimos discriminados” por el trato que le dan en la base naval en comparación a lo que sucede en otros penales comunes. Añadió que ya estuvieron casi un año en el penal de Piedras Gordas y en ese tiempo no pasó nada que afectara la seguridad del país. “No se abrió la tierra ni hubo una catástrofe”, indicó. El terrorista dijo que la única visita que recibe es la de una hermana.
En tanto que Óscar Ramírez ‘Feliciano’ manifestó que desde hace diez años está alejado de Sendero Luminoso y que en la base naval se mantiene la política del aislamiento de los internos. Expresó que el tema de salud está muy descuidado, que no tienen atención psiquiátrica y que no pueden hacerse exámenes ni análisis clínicos.
Peter Cárdenas, también del MRTA, sostuvo no hay forma de hacer los trámites judiciales porque en la base naval no hay personal del INPE.
Finalmente Miguel Rincón Rincón, otro cabecilla del MRTA, expresó que en la base naval no existe el tratamiento progresivo que debe tener todo interno y se les niega el cumplimiento de las leyes penitenciarias y no les permiten estudiar a larga distancia por razones de seguridad. También se quejó del régimen de visitas que lo mantiene casi en una situación de aislamiento permanente.
PEDIDO DEL PROCURADOR
El procurador del INPE, Jorge Alegría, sostuvo que el recurso de agravio constitucional presentado contra el fallo judicial que ordena el traslado debe admitirse pues está sustentado en tres sentencias que ha dado el TC sobre casos de narcotráfico y lavado de activos. Si el terrorismo es más grave que esos delitos, dijo, hay mayor razón para acceder a su pedido. Además que se trata de no simples subversivos sino de peligrosos cabecillas de organizaciones terroristas.
MESA DE PING PONG
Por su parte el procurador antiterrorista Julio Galindo dijo que no era cierto que los internos de la base naval estuvieran en una situación deplorable y que más bien una jueza confirmó que tenían acceso al patio todo el día, también a salas de trabajo, que tienen un ambiente con televisión de pantalla plana y hasta una mesa de ping pong.
Galindo añadió que si hay restricciones es por razones de seguridad y que no se trata de una cárcel militar sino un penal del INPE que está dentro de una zona militar.
HAY MÁS SEGURIDAD EN LA BASE NAVAL
Al finalizar la audiencia, José Luis Pérez Guadalupe, presidente del INPE, declaró a la prensa que confiaba en que el TC dictará su fallo a favor del mantener a los terroristas dentro de la base naval para garantizar la seguridad. Dijo que en cualquier otro penal no habría la suficiente garantía de vigilancia como la que existe en el Callao, donde hay 200 efectivos de la Marina para cuidar a siete internos.
Dijo que cuando los cuatro terroristas estuvieron en Piedras Gordas se tuvo que colocar un destacamento policial en la puerta del penal. Además en ese momento habían 700 internos y ahora hay 1.700.
Pérez Guadalupe añadió que si hubiera recomendaciones para mejorar en el actual régimen que tienen los internos de la base naval, eso se va a cumplir.