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CRISTINA FERNÁNDEZ AGUILAR
Colaboradora de El Comercio
Bajo inusual custodia, esta madrugada debe haber llegado a una sede del Ministerio Público de Lima la carpeta fiscal del Caso ‘La Centralita’, que involucra a más de 60 personas, entre ellas el suspendido presidente regional de Áncash, César Álvarez Aguilar.
El fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, ordenó el jueves que ya no sean los fiscales del Santa quienes vean el caso, sino alguno de los despacho de la Fiscalía Supranacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios .
Según conoció El Comercio, el fiscal superior Gustavo Quiroz Vallejos, coordinador nacional de las fiscalías anticorrupción de funcionarios encabezó anoche el traslado de la voluminosa carpeta.
La presidenta de la Junta de Fiscales del Santa, Nancy Moreno Rivera, refirió que con esta medida buscan garantizar la seguridad de los magistrados que investigan la red de espionaje político, pero admitió que podría generar cierto retraso en las diligencias.
RECLAMO CIUDADANO
La decisión ha generado rechazo en la población ancashina, que ayer protestó frente a la sede del Ministerio Público de Chimbote.
El dirigente del Colectivo por la Reivindicación Moral de Áncash, Hugo Tapia Sifuentes, señaló que la medida buscaría proteger y limpiar de la investigación a personas cercanas al Gobierno Central, como el presidente del Congreso, Fredy Otárola, y el empresario prófugo Martín Belaunde Lossio.
Por su parte, el decano del Colegio de Abogados del Santa, Richard Villavicencio Saldaña, señaló que la medida “genera suspicacia”.
Ambas organizaciones solicitaron, mediante un memorial, una audiencia con el fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia. Ellos piden que desista de cambiar la sede del caso.
De la misma manera, las organizaciones sociales de Chimbote coordinan con otras de la región para realizar protestas. No descartan realizar paro regional si su pedido de no trasladar la investigación fiscal a Lima no es escuchado.
