Vladimir Cerrón desembolsó S/6.000 a favor de Antauro Humala: los argumentos para su prisión preventiva

En uno de los inmuebles allanados vinculados al exgobernador Vladimir Cerrón, la Fiscalía de Lavado de Activos halló un recibo, hecho a puño y letra, en donde se dejaba constancia de la entrega de dinero por parte del hoy prófugo dirigente de Perú Libre a favor de Antauro Humala Tasso, sentenciado por el caso Andahuaylazo y quien fue excarcelado por redención de pena el año pasado.

El recibo, al que accedió El Comercio, fue suscrito en la ciudad de Huancayo en abril del 2013, durante su primera gestión como gobernador regional de Junín. Y fue por la suma de S/6.000.

Se dio, según se indica en el mismo documento, a través de Nandino Dennis del Castillo Capacyachi “como contribución del partido político nacional Perú Libre” a favor de Antauro Humala, quien —se refirió entonces— “se encuentra detenido por razones de sus ideas etnocaceristas”.

El fiscal provincial Richard Rojas Gómez, de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, investiga a Cerrón como presunto cabecilla de una organización criminal enquistada en Perú Libre, la cual se habría encargado, entre otros, a captar dinero maculado.

Según la tesis del Ministerio Público, este dinero —que habría provenido de otras subredes criminales como Los Dinámicos del Centro o Los Tiranos del Centro— habría servido justamente para el financiamiento de campañas políticas, adquirir bienes, entre otros beneficios tanto para la presunta organización criminal como para sus integrantes.

Carmen Huidobro, abogada de Antauro Humala, indicó a El Comercio que “lo único que recuerda (Antauro Humala) es que le ha comprado libros el señor Cerrón”. Este Diario también intentó comunicarse con Del Castillo, pero no fue posible.

El fiscal Richard Rojas Gómez reveló la existencia de este recibo de entrega de dinero como una muestra de las diligencias pendientes que no se pueden llevar a cabo “dado que resulta necesario la presencia” del investigado exgobernador para corroborar la documentación.

Lo hizo por la mañana del lunes ante el juez Leodán Cristóbal Ayala, a cargo del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, como parte de la sustentación de su pedido para variar la medida de comparecencia con restricciones por el de prisión preventiva por 36 meses contra Cerrón. El magistrado acogió el pedido formulado por el Ministerio Público, en una resolución que fue leída por la tarde.

A juicio del juez Cristóbal, Cerrón “ha decepcionado la confianza procesal puesta en su persona” al haber incumplido cuatro reglas de conducta impuestas en su contra el año pasado (como no ausentarse de su lugar de residencia y pasar el control biométrico), cuando se desestimó un primer pedido de prisión preventiva y se ordenó en su lugar la medida de comparecencia con restricciones buscando asegurar su permanencia en este caso por lavado de activos.

Vladimir Cerrón Rojas lleva más de dos meses en la clandestinidad. Esto luego que el pasado 6 de octubre una sala de la Corte Superior de Justicia de Junín confirmó su condena por colusión por otro caso: el aeródomo Wanka. Se le impuso tres años y seis de meses de cárcel efectiva; sin embargo, para cuando las autoridades acudieron para su detención en el domicilio que había consignado, ya se había fugado.

“La defensa sostiene que su patrocinado ha venido cumpliendo fielmente con las reglas de conducta hasta el momento que fue sentenciado con pena efectiva en otro proceso [caso aeródromo Wanka] y que solo por poner a salvo su derecho a la libertad es que a partir de octubre se ha relativizado tal cumplimiento. Es decir, desde la propia versión de la defensa, a partir del mes de octubre el imputado ha mostrado su elusión, irrespeto y desprecio contra mandato judicial claro y expreso”, indicó el magistrado.

El juez incidió también en que se impuso las reglas de conducta para que el investigado afronte el proceso en libertad “sobre la base de la confianza” pero que, “sin embargo, ante la primera oportunidad de eludir de las reglas impuestas, prefirió ponerse lejos del alcance no solamente de este juzgado sino también del Ministerio Público y de la autoridad policial al emprender la fuga del domicilio en donde reside”.

“Se ha llegado a la conclusión que, en efecto, corresponde ordenar la revocatoria del mandato de comparecencia con restricciones por prisión preventiva impuesta al imputado Vladimir Cerrón Rojas por contravenir mandato expreso judicial de vincularse al proceso, a través de la comparencencia con restricciones cumpliendo cada una de las reglas de conducta. A decir de este juzgado, ha defraudado no solamente a la confianza impuesta a través de la comparecencia con restricciones sino también ha afectado el normal desarrollo del proceso”, aseveró el juez Leodán Cristóbal Ayala.

Así, el juez del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró infundado un pedido realizado en simultáneo por la defensa de Cerrón para variar la medida de comparecencia con restricciones a comparecencia simple. Y optó más bien por declarar fundado el requerimiento del Ministerio Público de prisión preventiva por el plazo solicitado de 36 meses.

El juzgado señaló que dicho plazo comenzará a computarse “a partir del momento en que sea ubicado, capturado y conducido a un centro penitenciario”. Y, por ello, dispuso oficiar a la Policía Nacional y a la Interpol “para su ubicación y captura a nivel internacional”.

Durante la audiencia llevada a cabo por la mañana, el representante del Ministerio Público había advertido, además, que son más de 200 las diligencias las programadas respecto a este caso “y que, como consecuencia de la ausencia del investigado Vladimir Cerrón Rojas, no se puede cumplir la mitad de ellas porque todas le involucran a él como líder (cabecilla) de la organización criminal Perú Libre”.

En ese sentido, consideró que “existe un peligro de obstaculización” puesto que, al no asegurarse su presencia para las diligencias, “lógicamente lo que hará es evitar que el proceso penal culmine y llegue a su fin de manera normal o cotidiana”.

“No cabe duda que este líder de organización criminal lo que busca es entorpecer la actividad investigativa del Ministerio Público y, con ello, generar que este caso pierda relevancia y pierda su estándar probatorio”, advirtió el fiscal provincial al juzgado.

Desde el 6 de octubre hasta ahora no se sabe la ubicación exacta de Cerrón (se ofrece S/100.000 por su paradero en el Programa de Recompensas), pero sí usa sus redes sociales —como advirtió el mismo fiscal Rojas en la audiencia— para “desmerecer” la labor de la fiscalía, la Policía y el Poder Judicial.

El abogado de Cerrón aseguró que esa sentencia de Junín por el aeródromo Wanka no se encuentra consentida, pues se presentó un recurso de casación que está actualmente siendo revisado por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, en donde se cuestiona la decisión judicial emitida en Junín.

El exgobernador de Junín no se presentó para participar de la audiencia, ni en la mañana ni en la lectura de resolución de la tarde. Sin embargo, en ese ínterin, sí reapareció con un video publicado en sus redes sociales.

El fiscal Richard Rojas remarcó ante el juez que “nos encontramos ante un investigado que no solo es un prófugo de la justicia, sino que ha venido incumpliendo a lo largo de este proceso penal las diversas reglas de conducta que se le impusieron” en 2022.

A su juicio, son cuatro las reglas de conducta infringidas por el investigado. Estas son: la obligación de no ausentarse de la localidad en que reside sin autorización del juzgado y no viajar al extranjero. Segundo, comparecer cada 30 días al control biométrico. Tercero, dar cuenta de sus actividades al juzgado. Y, por último, el concurrir a la autoridad judicial y fiscal cada que sea citado. El juzgado acogió lo planteado por el Ministerio Público.

Rojas mencionó que su despacho realizó diligencias de verificación de inmueble y que incluso Cerrón nunca llegó vivir en el departamento de Lince que había consignado como su domicilio real, luego de mudarse de Junín de Lima.

Para sustentar ello, citó un acta en donde se recogió la declaración del administrador del edificio, quien indicó que el exgobernador no vive en ese departamento y que solo de forma esporádica acudía a visitar a su mamá.

“¿Qué quiere decir esto señor juez? Que el investigado Vladimir Cerrón Rojas, desde que cambió su domicilio [de Huancayo] a la ciudad de Lima […] nunca vivió en dicho lugar. El mismo administrador del Edificio City lo ha indicado. Ha venido sorprendiendo a la autoridad judicial y fiscal”, cuestionó el representante del Ministerio Público.