Keiko Fujimori: evaluación de pedido de prisión preventiva en su etapa final

La evaluación del pedido fiscal de prisión preventiva contra Keiko Fujimori ingresó a su etapa final. Este martes se realizará una de las últimas audiencias y luego se conocerá si la lideresa de Fuerza Popular retornará al penal anexo de Mujeres de Chorrillos, donde permanecía recluida por el caso Odebrecht.

El juez Víctor Zúñiga Urday, a cargo del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, viene evaluando los argumentos presentados por el fiscal José Domingo Pérez y por Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori desde el 28 de diciembre. Él tendrá la decisión final.

Los argumentos del equipo especial

Con la ampliación de la investigación a Keiko Fujimori, el fiscal José Domingo Pérez presentó en audiencia los elementos que la vincularían con el presunto delito de lavado de activos, obstrucción a la justicia, organización criminal, fraude procesal, falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica.

El fiscal del equipo especial Lava Jato presentó los nuevos testimonios obtenidos en el último año, como el de Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino de Jaime Yoshiyama Tanaka, quien aseguró ante la fiscalía que Keiko Fujimori conocía de los aportes entregados por Odebrecht y que le pidió conseguir falsos aportantes.

En audiencia también expuso las declaraciones de empresarios como Dionisio Romero, quien señaló que entregó US$ 3,65 millones a Keiko Fujimori para la campaña electoral. Mencionó además que Vito Rodríguez, fundador del Grupo Gloria, declaró haber aportado US$ 200 mil en efectivo a la lideresa de Fuerza Popular.

También fueron incluidas las declaraciones de Luis Mejía Lecca, extesorero de Fuerza Popular, quien afirmó que dentro de la organización existía un “brazo legal”, tras indicar que abogados del estudio Oré Guardia conocían del cambio de testimonio de falsos aportantes.

El fiscal, igualmente, presentó una lista de 53 aportantes falsos en las campañas electorales del 2011 y 2016. Dijo al juez que se trataba de aportantes falsos ya identificados por su despacho e indicó que sus declaraciones ante la fiscalía se dieron entre el 2017 y el 2019.

Pérez presentó los nombres de los falsos aportantes, las fechas en que declararon, el número de pregunta donde niegan el aporte a las campañas, el monto del supuesto aporte y el número del recibo que firmaron.

La posición de la defensa

Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, consideró que la fiscalía no ha presentado graves y fundados elementos que acrediten la participación de su defendida en los delitos que se le imputan, como lavado de activos. Indicó que los hechos que la fiscalía presentó no constituyen delito.

Sobre las declaraciones de Jorge Yoshiyama, dijo que la fiscalía las ha presentado como pruebas que demostrarían alta probabilidad de que Keiko Fujimori supo sobre la captación de dinero ilícito, pero que estas no prueban nada.

En relación a los aportantes falsos identificados por la fiscalía, Loza argumentó que estos hechos no contienen relevancia penal, sino aspectos de carácter administrativo.

En la más reciente audiencia, Giulliana Loza fue amonestada por el juez Víctor Zúñiga Urday, por señalar que el fiscal José Domingo Pérez se hacía llamar “Gargamel”.

El fiscal Pérez Gómez expresó su molestia, por lo que el juez decidió interrumpir los alegatos de la abogada para rechazar este comentario.

Lo que sigue

En las primeras audiencias, la fiscalía presentó los hechos que vincularían a Keiko Fujimori con los seis delitos por los que viene siendo investigada. En este primer presupuesto se deben sustentar los graves y fundados elementos de convicción de la comisión de un delito.

Lo que sigue es la presentación de aquellos que elementos que justifiquen una medida como la prisión preventiva. El fiscal deberá demostrar que hay riesgo de peligro de fuga o de obstrucción a las investigaciones por parte de Keiko Fujimori.

En una audiencia anterior, Pérez señaló que para los siguientes presupuestos presentará nuevos elementos que podrán acreditar peligro para sus pesquisas si la lideresa de Fuerza Popular continúa en libertad.

En el caso de cada presupuesto, la defensa podrá responder los argumentos que presente el fiscal. Luego, habrán dúplicas.

¿Quién es el juez?

Víctor Zúñiga Urday está a cargo del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Especializada en Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios. Fue designado a través de un sorteo el 14 de marzo de 2019 para ser el juez encargado del caso Keiko Fujimori.

La designación ocurrió tras la recusación del juez Richard Concepción Carhuancho del caso de presunto lavado de activos, y luego de que la juez Elizabeth Arias se inhibiera.

Zúñiga trabajó en el distrito judicial de Arequipa desde 1998. En febrero de 2019, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial designó al magistrado como el reemplazante del magistrado Ángel Mendívil, quien fue suspendido por la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA).

En 2017, en su despacho de Arequipa, Zúñiga declaró inadmisible el hábeas corpus que se presentó a favor de Ollanta Humala y Nadine Heredia para que afronten la investigación en libertad y ya no cumplan con la prisión preventiva que se dictó en su contra.