Keiko Fujimori: las claves de la acusación fiscal y el pedido de 30 años de cárcel para la lideresa de Fuerza Popular

La investigación (preliminar) que tuvo su inicio en julio de 2017 ha concluido hoy. El fiscal José Domingo Pérez y miembros de su despacho acudieron esta mañana a la sede judicial ubicada en el Centro de Lima para presentar el requerimiento acusatorio, que consta de 15 mil páginas, ante el juez Víctor Zúñiga Urday.

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Una vez que el magistrado revise la acusación, deberá convocar a audiencia para el inicio de la etapa intermedia (control de acusación), fase previa al juicio oral.

De acuerdo a la tesis fiscal, Keiko Fujimori formaría parte de una organización criminal dedicada al lavado de activos, que creció al interior del partido Fuerza Popular. Fujimori Higuchi sería la lideresa de esta red criminal.

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En la investigación resultó clave el testimonio de Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en Perú, quien reveló ante los fiscales peruanos que la compañía brasileña entregó US$1,2 millones para la campaña de 2011 de Keiko Fujimori.

La fiscalía pudo determinar que la presunta organización criminal se encargó de ocultar dicho financiamiento a través de aportantes falsos, los mismos que han declarado en contra de Fujimori y otros acusados.

El Comercio accedió a los detalles de la acusación fiscal contra Keiko Fujimori y otros 39 investigados en el caso de presunto crimen organizado.

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Cifras y fechas de la investigación

La investigación preliminar inició en julio de 2017 con el fiscal Germán Juárez Atoche, pero en setiembre de ese mismo año, el fiscal José Domingo Pérez asumió las pesquisas contra Keiko Fujimori.

El fiscal formalizó la investigación preparatoria el 19 de octubre de 2018, fecha en la que también solicitó una orden de prisión preventiva contra Keiko Fujimori y otros investigados.

La investigación preparatoria culminó este 11 de marzo de 2021 con la presentación de la acusación.

Han sido más de tres años de investigación los que le han tomado a la fiscalía determinar la responsabilidad penal de Keiko Fujimori en el caso del presunto financiamiento ilegal a sus campañas.

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Lista de delitos que la fiscalía imputa

Según pudo conocer El Comercio, el fiscal Pérez ha incluido en su acusación los delitos de: crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.

Sin embargo, a los 40 acusados no se les imputa los cuatro delitos. A lo largo del tiempo, la investigación ha sido ampliada y se han incorporado nuevos hechos, lo que ha determinado que se trata de un caso complejo para la fiscalía.

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Estos son los principales acusados y las penas que ha solicitado la fiscalía:

Por crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración (16 acusados en total)

• Keiko Fujimori Higuchi (30 años y 10 meses)
• Vicente Silva Checa (30 años y 10 meses)
• Pier Figari Mendoza (30 años y 10 meses)
• Ana Herz Garfias De Vega (30 años y 10 meses)
• Jaime Yoshiyama Tanaka (30 años y 10 meses)
• José Chlimper Ackerman (30 años y 10 meses)
• Adriana Tarazona Martínez de Cortes (30 años y 10 meses)
• Augusto Bedoya Camere (22 años y 8 meses)
• Mark Vito Villanella (22 años y 8 meses)
• Carmela Paucará Paxi (22 años y 8 meses)
• Luis Mejía Lecca (22 años y 8 meses)
• Por lavado de activos (18 acusados en total)
• Por obstrucción a la justicia (6 acusados en total)
• Edward García Navarro (6 años y 6 meses)
• Giulliana Loza Ávalos (6 años y 6 meses)

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Personas jurídicas

El equipo especial también ha incluido en la acusación a las personas jurídicas: partido político Fuerza Popular y Bienes Raíces SAC, empresa de Mark Vito Villanella.

Ambas fueron parte de la investigación, después de que el fiscal considerara que fueron instrumentalizadas para cometer los ilícitos que se imputa a los acusados.

Para ambas personas jurídicas, se ha solicitado la disolución y liquidación. Será el Poder Judicial el que determine si corresponden estas medidas al finalizar la etapa de juicio oral.

Restricciones contra Keiko Fujimori

El fiscal José Domingo Pérez ha solicitado 19 medidas restrictivas contra Keiko Fujimori, siendo la principal una orden de impedimento de salida del país por 36 meses. La fiscalía estima que en este plazo se podrá desarrollar el control de acusación y el juicio oral, y es necesario asegurar la permanencia de Fujimori en el país.

Las otras medidas que ha pedido el equipo especial contra Keiko Fujimori al Poder Judicial son las siguientes:

1. Comparecer al Juzgado cada 15 días a efecto de informar de sus actividades.
2. Prohibición de comunicarse de manera directa o indirecta con coacusados, testigos y peritos.
3. Prohibición de comunicarse de manera directa o indirecta con colaboradores eficaces.
4. Prohibición de comunicarse de manera directa o indirecta con coimputados, testigos y peritos en procesos conexos, derivados o especiales.
5. Prohibición de comunicarse de manera directa o indirecta con abogados de coacusados en el presente proceso e imputados en procesos conexos, derivados o especiales.
6. Prohibición de comunicarse de manera directa o indirecta con jueces, fiscales o procuradores y con cualquier otra autoridad del sistema de administración de justicia.
7. Prohibición de comunicarse de manera directa o indirecta con jueces de la Corte Suprema de la República, fiscales supremos del Ministerio Público y miembros de la Junta Nacional de Justicia.
8. Prohibición de comunicarse de manera directa o indirecta con funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Superintendencia de Banca y Seguros y AFP.
9. Prohibición de comunicarse de manera directa o indirecta con funcionarios de las entidades del sistema electoral nacional, Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).
10. Prohibición de comunicarse de manera directa o indirecta con Congresistas de la República.
11. Prohibición de comunicarse de manera directa o indirecta con propietarios, apoderados, accionistas, socios, directivos, gerentes e intermediarios de personas jurídicas y empresas sometidas a procesos penales del caso del Club de la Construcción en el Equipo Especial.
12. Prohibición de comunicarse de manera directa o indirecta con propietarios, apoderados, accionistas, socios, directivos, gerentes e intermediarios de los medios de comunicación y medios de prensa televisiva, radial y de prensa.
13. Prohibición de emplear de manera directa o indirecta redes sociales para obstruir y/o entorpecer a la administración de justicia.
14. Prohibición de dar declaraciones o manifestaciones en medios de prensa, medios sociales y redes sociales.
15. Prohibición de ausentarse de su lugar de residencia y prohibición de salir de Lima Metropolitana.
16. Obligación de señalar los inmuebles y/o residencias, así como los propietarios y/o poseedores de éstos, a los que asiste y/o concurre.
17. Obligación de presentarse ante la autoridad judicial y fiscal cuando lo demande.
18. Prohibición de utilizar o emplear a la persona jurídica Fuerza Popular, afiliados, militantes, candidatos, simpatizantes y cualquier persona vinculada para realizar acciones directas o indirectas de entorpecimiento a la administración de justicia.
19. Se dicte una caución de S/. 1 000,000.00 (un millón y 00/100 soles).

Restricciones contra otros acusados

La orden de impedimento de salida del país por 36 meses también se solicitó contra:

• Vicente Silva Checa
• Pier Figari
• Ana Herz
• Jaime Yoshiyama Tanaka
• José Chlimper
• Adriana Tarazona
• Mark Vito Villanella

En el caso de Fuerza Popular la fiscalía pidió la vigilancia judicial, una medida que ya se había ordenado contra el partido pero que fue anulada en segunda instancia.

En declaraciones a este Diario, Humberto Abanto, abogado de Jaime Yoshiyama, indicó que la fiscalía cerró la investigación cuando aún se encontraban pendientes actos de investigación.

“En mi opinión, son las ocurrencias del fiscal. No debería aceptarlo el juez (el pedido del Fiscal Pérez), porque el propio juez le ha ordenado que lleve adelante declaraciones de testigos en Brasil en una diligencia pública, con una resolución pública y tiene que haber cumplido. Se suponía, según el Código Procesal Penal, que la investigación es para que se apuren los actos de investigación de cargo y de descargo, no parece que hubiera leído la mitad del código”, dijo.

En declaraciones para El Comercio, Elio Riera, abogado de Fuerza Popular, enfatizó que el fiscal Jose Domingo Pérez “ha dejado de lado actos de investigación muy importantes propuestos por la defensa técnica del Partido Fuerza Popular. Esto genera, evidentemente, una vulneración al derecho del debido proceso”.

“El mismo fiscal no solo no se ha pronunciado por escritos ingresados por la defensa sino que también ha dejado de lado actuaciones testimoniales ya programadas por su propio despacho. Todo esto genera una invalidez del acto de conclusión de investigación que oportunamente será corregido por el Poder Judicial”, exclamó.

En tanto, el abogado Edward García Navarro, dijo que primero espera tener mayores detalles antes de responder. Y hasta el cierre de este informe no fue posible contactar a José Chlimper.

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