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El Poder Judicial deberá evaluar el pedido de cese de prisión preventiva presentado por la defensa de Keiko Fujimori Higuchi, quien se encuentra en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, desde enero de este año.
La lideresa de Fuerza Popular, investigada por presunto lavado de activos, busca salir de prisión con una solicitud de excarcelación “a raíz de grave riesgo de contagio” de COVID-19 en el centro penitenciario. La audiencia, prevista para el martes, iba a estar a cargo del juez Richard Concepción Carhuancho, por ser el magistrado de turno, sin embargo se apartó del caso por haber sido recusado el año pasado.
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“Por haber sido recusado anteriormente, juez de turno Richard Concepción Carhuancho deriva a mesa de partes expediente sobre pedido de cese a la prisión preventiva requerida por Keiko Fujimori para que caso sea visto por otro juzgado”, informó el Poder Judicial.
Pero Keiko Fujimori tiene una segunda oportunidad para lograr su libertad durante esta semana. Este jueves debe ser evaluado el recurso de apelación que interpuso Giulliana Loza contra la prisión preventiva por 15 meses que dictó el juez Víctor Zúñiga.
La audiencia estará a cargo de los jueces superiores Rómulo Carcausto, Sonia Torre y Edgar Medina.
Se trata de dos instancias distintas las que revisarán los pedidos de Keiko Fujimori. La audiencia de hoy estará a cargo de un juez de investigación preparatoria, mientras que la sesión del jueves estará en manos de jueces superior que integran una sala de apelaciones.
El equipo especial Lava Jato le imputa a Keiko Fujimori el liderazgo de una presunta red criminal que habría recibido dinero ilícito de la constructora brasileña Odebrecht. Es investigada por presunto lavado de activos y obstrucción a la justicia.
¿Qué dicen los penalistas?
El exprocurador Antonio Maldonado y el abogado penalista Rafael Chanjan coinciden en que el Poder Judicial debe analizar las condiciones en las que Keiko Fujimori permanece en prisión y su decisión debe asegurar que las investigaciones no se vean afectadas.
En declaraciones a El Comercio, Maldonado sostuvo que, al existir un pedido ante el sistema de justicia, este debe ser evaluado “conforme a las normas jurídicas”.
“Las personas más vulnerables son las que están sufriendo privación de su libertad, dentro de ese universo hay uno que sufre mayor vulnerabilidad que otro, es el sistema penitenciario el que tiene que ofrecer datos sobre si estas personas sufren algún peligro para su vida, y esta evaluación la hace el Poder Judicial”, señaló.
Consideró que el Poder Judicial debe atender la solicitud “tomando en cuenta los elementos de juicio que brinda el sistema penitenciario”.
“Desconozco las condiciones de privación de libertad de la señora Fujimori, no sé si esas condiciones son más riesgosas que el resto de los internos. Esa decisión no debería tomarse de otra forma que haciendo una valoración jurídica gobernada por el principio de no discriminación, porque ahí donde le den la razón a la señora y no se la den a los más vulnerables, esas personas tendrían igual derecho, es importante”, declaró.
Maldonado añadió que el contexto de la pandemia no debería ser usado, y el Poder Judicial debería buscar “medidas que garanticen que la investigación contra esta persona y sus allegados no sea obstruida por la libertad que pudiera obtener”.
En tanto, Rafael Chanjan afirmó que los pedidos de excarcelación deben ser analizados “caso por caso”. “No porque se le haya dado la razón a César Villanueva, significa que todos los procesados por el caso Lava Jato tengan que tener la misma suerte”, declaró.
El letrado apuntó que el primer aspecto a revisar debe ser el riesgo real a la salud de Keiko Fujimori. “Para ello hay que ver varios elementos: uno de ellos sus antecedentes de salud, si pertenece a la tercera edad, por estos dos elementos ya me estaría inclinando a decir que no le corresponde, no hay un riesgo probable de afectar seriamente su salud o su vida”, dijo.
Chanjan también precisó que la decisión que tome el Poder también tendría que considerar el desarrollo de la investigación del equipo especial.
“Tanto la primera vez y también en esta nueva prisión preventiva, ha habido argumentos sólidos de la vinculación de la señora Fujimori como de los delitos que se le imputan y del peligro procesal, eso es innegable. Lo más probable es que el peligro procesal no haya desparecido, es un caso de organización criminal, hay una serie de personas vinculadas”, remarcó.
Posición de la fiscalía
Durante esta semana, el fiscal José Domingo Pérez solicitó un informe al INPE sobre las condiciones carcelarias de Keiko Fujimori en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, ante el pedido de excarcelaciuón de la defensa.
Angela Margot Rojas Benavides, directora del establecimiento penitenciario, respondió al fiscal Pérez que Keiko Fujimori cumple el régimen cerrado ordinario o régimen cerrado especial. La lideresa de Fuerza Popular se encuentra en un ambiente habilitado para ese fin.
El área de ese espacio que solo ocupa ella es de 3 metros por 4 metros y cuenta con con un baño y cama de cemento. Además tiene acceso a un patio de 3 metros por 6 metros , el cual es de uso común.
Tras la emisión de dicho informe, el fiscal José Domingo Pérez señaló que “no existe el riesgo que plantea la defensa de Keiko Fujimori para ser beneficiada con una excarcelación”.
En tanto, el coordinador del equipo especial, Rafael Vela, consideró que el informe del INPE sobre las condiciones carcelarias que enfrenta Keiko Fujimori, es de vital importancia para determinar su situación frente al pedido de su defensa de un cese de la prisión preventiva por un posible contagio de coronavirus.
Al mismo tiempo, Vela Barba presentó un escrito a la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional especializada en Crimen Organizado, para plantear posponer la audiencia programada para este jueves en la que se evaluará la apelación contra la prisión preventiva de Keiko Fujimori el hasta el levantamiento del aislamiento social obligatorio. Informó además que ningún representante del Ministerio Público asistirá a la audiencia.
Claves sobre el proceso
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En enero pasado, Keiko Fujimori fue trasladada por personal del INPE al penal de Chorrillos. (Captura: El Comercio)
Luego de que la Corte Suprema determinara reducir el plazo de prisión preventiva a 18 meses, el Tribunal Constitucional, por mayoría de votos, decidió excarcelar a Keiko Fujimori.
Tras esta decisión, el fiscal José Domingo Pérez decidió ampliar el primer pedido de prisión preventiva, incluyendo nuevos elementos, por lo que se convocó a audiencia para evaluar el requerimiento.
El 28 de enero de este año, el juez Víctor Zúñiga Urday ordenó 15 meses de prisión preventiva contra Keiko Fujimori, por el presunto delito de lavado de activos, obstrucción a la justicia, entre otros. Al finalizar con la lectura de su resolución, la excongresista fue trasladada al penal Anexo de Mujeres de Chorrillos.
La polémica surgió con la presentación del recurso de apelación por parte de la defensa. El equipo especial sostenía que el recurso fue presentado fuera del plazo legal, y Giulliana Loza insistía en que ocurrió dentro del periodo de acuerdo a ley.
Hace unos días una sala de apelaciones decidió admitir a trámite la apelación y convocó a una audiencia.
Las investigaciones a Keiko Fujimori
El caso Odebrecht no es la única investigación pendiente abierta a Keiko Fujimori en el Ministerio Público.
El fiscal José Domingo Pérez tiene a su cargo la investigación por los presuntos aportes ilícitos entregados por la constructora brasileña Odebrecht para la campaña de Keiko Fujimori en el 2011.
Pérez, quien asumió el caso en setiembre de 2017, determinó en el 2018 que la pesquisa se realice bajo la Ley contra el Crimen Organizado, lo que permite que el plazo de investigación se amplíe hasta los 36 meses.
El juez Richard Concepción Carhuancho dictó una primera orden de prisión preventiva contra Keiko Fujimori en octubre de 2018. Tras un fallo del Tribunal Constitucional, recuperó su libertad en noviembre de 2019, pero en enero de este año, tuvo que regresar a prisión, luego de que se dictara la segunda orden de detención.
No solo el equipo especial investiga a Keiko Fujimori. El fiscal Wilson Salazar Reque es responsable de una investigación por presunto lavado de activos a la lideresa de Fuerza Popular, tras ser incluida en las pesquisas contra Joaquín Ramírez, exsecretario general de Fuerza Popular.
Joaquín Ramírez es investigado por la compra de dos inmuebles valorizados cada uno en más de US$ 2 millones. Uno de estos predios fue utilizado como local de campaña de Keiko Fujimori, y otro como sede de la ONG Oportunidades. Esta investigación también ha sido adecuada a la Ley contra el Crimen Organizado. El caso ha avanzado y ya se encuentra en etapa preparatoria.
