Mitos y verdades de las investigaciones a Keiko Fujimori por lavado de activos

La decisión del fiscal José Domingo Pérez, de investigar a Keiko Fujimori y a su esposo Mark Villanella bajo la Ley contra el Crimen Organizado por los cocteles de la campaña electoral del 2016, desencadenó un cruce de frases el fin de semana pasado.

Como sucedió con otros dos procesos fiscales iniciados a Fujimori –por los presuntos aportes fantasmas de la campaña del 2011 y por el Caso Odebrecht–, tanto opositores como partidarios políticos esgrimieron sus argumentos a favor y en contra de la medida. Argumentos que, sin embargo, contienen ciertas inexactitudes detalladas a continuación:

1. “El fiscal calificó a Fuerza Popular como red criminal”

A pesar de lo dicho por diversos congresistas de Fuerza Popular y por su propia lideresa, el Ministerio Público no los acusó de ser una red criminal. Lo que hizo fue abrir una investigación preliminar para determinar si es que existen indicios para concluir eso.

“La fiscalía solo abrió una investigación preliminar y esta no constituye una acusación. El único ámbito en el cual se puede establecer si una organización es criminal o no es en el judicial [ante un juez]”, detalla el abogado penalista Carlos Caro.

La acusación atribuida por los miembros de Fuerza Popular a la fiscalía recién podría darse como parte de una investigación preparatoria o en una eventual acusación fiscal por lavado de activos contra Keiko Fujimori.

2. “La fiscalía no está obligada a sustentar el cambio a crimen organizado”

Si bien el Ministerio Público está facultado para tomar esa decisión, los expertos consultados coinciden en que esta debe tener una mínima argumentación.

“Es una garantía de la administración de justicia basada en la jurisprudencia de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. En el Perú, ningún juez o fiscal puede actuar arbitrariamente y una decisión inmotivada es una decisión arbitraria”, comenta el jurista y ex diputado Enrique Ghersi.

3. “No puede existir lavado porque la ONPE ya auditó las finanzas partidarias”

Es uno de los principales argumentos utilizados por los fujimoristas para defender a su lideresa ante las tres investigaciones preliminares iniciadas por la fiscalía. Sin embargo, la función de la ONPE se circunscribe a encontrar posibles desbalances en las cuentas partidarias.

“Las auditorías de la ONPE son puramente formales. En ellas no se verifica la licitud del dinero recibido. No son una garantía y el ejemplo más claro es el del ex presidente Ollanta Humala y Nadine Heredia”, indica el abogado penalista y ex procurador Luis Vargas Valdivia.

Como parte de su indagación, el Ministerio Público podría desconocer las auditorías realizadas a las finanzas de Fuerza 2011 y Fuerza Popular (en el 2016).

4. “Keiko Fujimori ha colaborado con las investigaciones”

Si bien la lideresa de Fuerza Popular ha asistido en distintas ocasiones a declarar ante el Ministerio Público, en otras no lo ha hecho.

Por ejemplo, el 8 de noviembre del 2016 no asistió a la tercera citación de la fiscalía de lavado de activos para declarar acerca de los cocteles organizados por su partido en el 2016. El 30 de mayo del 2017 tampoco se presentó para declarar en la investigación preliminar por lavado de activos que se le seguía a Joaquín Ramírez, ex secretario general de Fuerza Popular.

A través de su cuenta de Twitter, Keiko Fujimori también se ha mostrado en contra del accionar de la fiscalía y llamó “el colmo” a la decisión del fiscal José Domingo Pérez.

5. “La anotación de Odebrecht comprueba el vínculo con Fujimori”

Aunque algunos la toman como prueba de la presunta relación, esta no es, por sí misma, suficiente. Y, hasta el momento, tampoco lo es la declaración de Marcelo Odebrecht.

“Ni la anotación ni esa vaga declaración bastan para una investigación preparatoria. Son indicios que llevan a varias conclusiones. Ahora, lo que necesita la fiscalía es la prueba indiciaria: el conjunto de hechos que te lleva a una sola dirección”, concluye Vargas Valdivia.

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