Kenji Fujimori: la votación de su suspensión en medio del desorden

El pleno del Congreso de la República decidió anoche suspender a los legisladores Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez por la presunta negociación de votos para evitar la vacancia del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, a raíz de las grabaciones del congresista Moisés Mamani (Fuerza Popular).

Los citados parlamentarios no agrupados fueron acusados por los delitos de cohecho activo genérico y tráfico de influencias y la suspensión rige mientras dure el proceso penal en su contra. 

—La decisión—
En el caso de Kenji Fujimori, hubo 58 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones. Del total a favor, 50 fueron de Fuerza Popular y el resto de Pedro Olaechea (Peruanos por el Kambio); Jorge Castro (Frente Amplio), Richard Acuña, Edwin Donayre y César Vásquez (APP); Luciana León y Javier Velásquez Quesquén (Apra) y Yeni Vilcatoma (no agrupada).

En tanto, para la votación por Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez fueron 57 votos a favor. En estos casos, Jorge Castro decidió marcar en abstención a diferencia del caso de Fujimori, donde votó a favor.

Para las votaciones, el pleno aprobó con 58 votos a favor, 51 en contra y 1 abstención que los miembros de la Comisión Permanente que no votaron en esa instancia lo pudieran hacer en el pleno.

Esta discrepancia respecto a los habilitados para el voto generó desorden. Los miembros de Nuevo Perú, Frente Amplio (salvo Jorge Castro) y los no agrupados (salvo Yeni Vilcatoma) se retiraron del hemiciclo a raíz de la citada decisión.

Cabe apuntar que la Constitución Política del Perú señala en su artículo 100 que “corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por diez años, o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquiera otra responsabilidad”.

Posteriormente, el presidente del Parlamento, Luis Galarreta, suspendió la sesión cuando se iba a pasar a la votación por la acusación por infracción constitucional, en la que el informe elaborado por César Segura (Fuerza Popular) propone la destitución de los denunciados.

Galarreta dio cuenta de que no había el quórum necesario para decidir este aspecto.