Lava Jato: ¿Cuánto dinero habrían recibido expresidentes y líderes políticos?

Desde hace tres años, cuando empresa brasileña Odebrecht y sus exfuncionarios reconocieron haber realizado pagos ilegales en nuestro país para poder beneficiarse de proyectos públicos, los nombres de políticos y empresarios peruanos han ido saliendo a la luz junto a los montos de dinero que habrían recibido y por lo que vienen siendo investigados por el Equipo Lava Jato Peruano.

En diciembre del 2016, el exdirector ejecutivo de la constructora en nuestro país, Jorge Barata, reconoció ante la fiscalía haber realizado un pago de más de US$30 millones al expresidente Alejandro Toledo por la licitación de la Carretera Interoceánica Sur. También habló de más pagos por la obra del Tren Eléctrico en el segundo gobierno del expresidente Alan García y otros.

Desde entonces, los montos de dinero, así como el mecanismo que usaron para pagarlo se ha ido develando. ¿Cuánto y cómo se habría pagado a los líderes políticos en nuestro país? El Equipo Especial Lava Jato, ya empieza a consolidar su tesis incriminatoria al respecto.

-El receptor ratificó pagos-

El último miércoles, quien fuera el amigo más cercano del exmandatario Alejandro Toledo (2001 - 2006), el empresario peruano israelí Josef Ariel Maiman Rapaport, reconoció públicamente ante la justicia del Perú, que sus empresas se usaron para la recepción de unos USD$35 millones que enviaron Odebrecht y la constructora Camargo Correa, para el exjefe de Estado.

Josef Maiman, quien se sometió a la colaboración eficaz, declaró desde Israel como parte de la prueba anticipada que recoge la fiscalía y que será usada en un juicio público contra Toledo Manrique.

El empresario narró que, a mediados del 2004, Toledo le preguntó si estaría dispuesto a recibir los fondos. Luego, en una reunión en Brasil, fue Jorge Barata quien le preguntó lo mismo y que si estaba de acuerdo con usar sus empresas. “Yo le dije que sí”, dijo.

Precisó que Odebrecht pagó entre US$30’000.000 y US$31’000.000 millones de dólares; mientras que la empresa Camargo Correa entregó $4’000.000 millones.

“De esos US$34 o US$35 millones, en total he recibido 4 millones de dólares de Camargo”, dijo.

Cabe precisar que Toledo Manrique viene siendo requerido por la justicia peruana desde el 9 de febrero del 2017, luego que el juez Richard Concepción Carhuancho dictó 18 meses de prisión preventiva en su contra.

El 16 de julio del 2019, el expresidente fue detenido en Estados Unidos y desde entonces afronta un proceso de extradición activa.

Roberto Su, abogado de Toledo Manrique, ha sostenido durante toda la investigación que existen contradicciones en las declaraciones que han dado Jorge Barata y Josef Maiman. Además, sostiene que el expresidente no ha recibido un soborno.

-Ollanta Humala y el factor Nadine-

Mientras las confesiones de Odebrecht tenían lugar en el 2017, el monto de presuntos aportes a la campaña del expresidente Ollanta Humala, salió a la luz.

Serían, según la confesión de los empresarios brasileños e investigación de la fiscalía, un monto de US$3’000.000 millones que habría sido entregados por Jorge Barata cuando Humala Tasso se perfilaba como candidato a la presidencia del Perú, en el 2011.

Humala ganó las elecciones aquel año y su esposa, Nadine Heredia, ha sido implicada como la coordinadora de los aportes. Esta, además, es investigada por presuntamente haber gestionado que la constructora brasileña gane la licitación del proyecto Gasoducto del Sur del Perú.

Según las pesquisas, el pago del dinero se habría dado en el 2010 y habría salido del Departamento de Operaciones Estructuradas de la empresa que mantenía una reserva ingente de dinero no contabilizado.

El dinero, según la fiscalía, era enviado al Perú a través de diversas empresas, entre ellas Construmaq de Gonzalo Monteverde. Para probarlo, la constructora Brasileña entregó a la justicia peruana los documentos acreditando las transferencias.

Pero Odebrecht, no fue la única. Según las pesquisas del Ministerio Público, también la empresa brasileña OAS habría entregado dinero. Este, presumen, se habría dado por las gestiones de la esposa de Humala y exprimera dama, Nadine Heredia.

Según la fiscalía, OAS hizo un primer pago de US$120.000 y posteriormente otros US$450 mil. Esto último lo pagó como servicios de asesoría a través de su empresa MEK en la primera vuelta electoral de Humala.

Su caso está ad porta de pasar a juicio oral.

Por su parte, los abogados Wilfredo Pedraza y Julio Espinoza, defensores legales de Humala y Heredia, han negado que sus patrocinados hayan recibido un aporte ilícito. Sobre todo, rechazan la teoría fiscal que imputa un presunto delito de lavado de activos.

-Kuczynski y las asesorías-

Otro expresidente que también ha sido incluido en las investigaciones luego de las confesiones de Odebrecht es Pedro Pablo Kuczynski, a quien se le investiga por presuntamente haberse favorecido con asesorías -a través de sus empresas- cuando fue ministro de Economía durante el gobierno de Alejandro Toledo.

Según las investigaciones, a través de la empresa Westfield Capital, habría recibido un total de US$782.207, entre noviembre del 2004 y diciembre del 2007, por consultorías vinculadas a la carretera Interoceánica Norte.

A ello se suma la investigación por presunta recepción de US$300.000 por un aporte a través de Susana de la Puente, durante la campaña electoral del 2011 cuando postulaba a través de la Alianza por el Gran Cambio.

Durante la investigación, la defensa legal de Kuczynski, el abogado César Nakazaki, ha rechazado en diversas oportunidades que el exmandatario haya participado en un acto corruptor.

Susana de la Puente también ha rechazado la imputación en su contra. Este 27 de enero, deberá declarar ante la Fiscalía.

-Keiko y las donaciones empresariales-

La confesión de Odebrecht salpicó a casi todos los políticos de nuestro país, y ello incluyó a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien por estos días se defiende una vez más de un pedido de prisión preventiva en su contra tras ser sindicada de recibir millonarios aportes no declarados.

Odebrecht fue el primero en declarar que entregó un aporte a la campaña de Fujimori Higuchi en el 2011, cuando competía en la campaña electoral contra el expresidente Ollanta Humala. Sin embargo, el ingreso de dinero también se habría presentado para la campaña electoral del 2016.

La fiscalía tiene en su investigación el nombre de casi un centenar de personas que han negado haber aportado o, en su defecto, que el dinero que entregaron a las campañas de Keiko Fujimori en 2011 y 2016, no era suyo.

Los primeros cálculos de la fiscalía indicaron que el aporte de Odebrecht habría sido de US$1’000.000 millón de manera directa y otros US$200.000 a través de Confiep. El año pasado, tras la declaración de diversos empresarios, se conocieron montos aún mayores que fueron ingresados a la campaña electoral.

La situación se complicó cuando Jaime Yoshiyama Tanaka, exministro del gobierno de Alberto Fujimori -padre de la lideresa de FP- afirmó que el fallecido empresario Juan Rassmuss Echecopar había aportado en las campañas del 2011 y 2016.

Luego se conocería que el aporte total de Rassmuss habría sido US$4’865.000. Ello, correspondiente a US$3’400.000 para la campaña presidencial de Keiko Fujimori del 2011 y otros US$1’465.000 para el 2016.

-Las municipales de Villarán y Flores-

La fiscalía también investiga a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán -ahora en prisión preventiva- por la recepción de dinero de Odebrecht y OAS. Esto, a cambio de favorecerlas con obras públicas durante su gestión entre 2011 y 2014.

Tras las investigaciones, el Equipo Especial llegó a la conclusión que Odebrecht entregó US$3’000.000 millones y OAS la suma de US$ 7’000.000 millones.

Según las pesquisas, el requerimiento lo hacía a través de su amigo y exgerente municipal, José Miguel Castro.

“Entre fines del 2012 e inicios del 2013, Villarán de la Puente, a través de José Miguel Castro, solicitó a las empresas Odebrecht y OAS dinero para financiar la campaña por el No a la revocatoria”, sostuvo la fiscalía cuando solicitó prisión preventiva para la exburgomaestre.

Mientras que en el caso de la excandidata a la alcaldía de Lima por el Partido Popular Cristiano, Lourdes Flores Nano, un colaborador eficaz sostuvo que esta recibió US$200.000 para la campaña en el 2010.

Flores Nano sostuvo reconoció haber conversado con Jorge Barata, pero que el dinero no ingresó a su campaña.

Sobre otro monto de dinero que habría recibido en el 2006, Flores Nano dijo que fueron US$10.000 a través del abogado Horacio Cánepa, por la venta de unas tarjetas.

Tanto Villarán como Flores Nano han reconocido haber coordinado algunas reuniones con funcionarios de las empresas brasileñas, pero negaron haber estado al tanto de aportes solicitados por terceras personas. Por tanto, consideran que no han cometido ningún delito.

-Luis Nava y las loncheras-

En el curso de las investigaciones, el Equipo Especial Lava Jato recibió la colaboración del exsecretario de la Presidencia durante el segundo gobierno de Alan García, Luis Nava, quien afirmó que el empresario brasileño, Jorge Barata, habría entregado hasta en seis oportunidades montos de US$60.000 al exjefe de Estado del Partido Aprista.

Jorge Barata, según su declaración ante la fiscalía, hizo aportes al Partido Aprista y financió las campañas electorales entre los años 2006 y 2013. Incluso, según la fiscalía, el empresario dijo haber financiado la campaña del expresidente en 2006.

Sin embargo, fue Nava Guibert quien terminó por consolidar la tesis fiscal al sostener que vio hasta en seis oportunidades que Barata le entregaba “loncheras” llenas de dinero al fallecido García Pérez. Dichas entregas habrían sido entre diciembre del 2006 y setiembre del 2007.

Desde el inicio de la investigación el abogado Erasmo Reyna, defensa legal del expresidente García y ahora de su familia, ha negado en reiteradas oportunidades cualquier acto irregular de parte del exjefe del Partido Aprista. Afirmó estar “absolutamente convencido de que Luis Nava miente”.

-Condenado por Chacas-

Pese a que no forma parte del Caso Lava Jato, la sentencia contra el exgobernador de Áncash César Álvarez, se logró por la declaración y porte de documentos de la empresa Odebrecht.

El expresidente regional fue condenado el año pasado a una pena de 8 años y 3 meses de prisión efectiva, acusado por la Fiscalía por el delito de colusión agravada al recibir US$2’600.000 millones de la constructora Odebrecht en 2011, a cambio de la concesión de la carretera Chacas-San Luis.

El dinero lo recibía, según dictaminó la jueza Nayko Coronado Salazar, asesorías fantasmas a Dirsse Valverde, hombre de confianza de Álvarez. Según el fiscal Elmer Chirre, el dinero que recibió Álvarez salió de la Caja 2 del Departamento de Operaciones Estructuradas.