:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/XA5UP2GJYNCP5FM3VAW46PJOQQ.jpg)
La comisión del Congreso que investiga los presuntos actos de corrupción en los principales proyectos ejecutados durante el gobierno de Ollanta Humala (2011–2016) ya tiene listo su informe final.
Para ayer se había convocado a una sesión especial con el fin de debatir el documento, pero esta se frustró por falta de quórum: solo asistieron dos de los siete integrantes, el presidente del grupo, Daniel Salaverry, y Nelly Cuadros, ambos de Fuerza Popular.
El Comercio tuvo acceso a las conclusiones de los informes del Gasoducto Sur Peruano (GSP) y de la línea 2 del metro de Lima.
En ellos, el grupo investigador indica que hay suficientes hechos que “crean la sospecha razonable de la presunta comisión de hechos que podrían constituir faltas administrativas, delitos e infracciones constitucionales”.
En el caso de la línea 2, por ejemplo, se consigna una relación de funcionarios que supuestamente tendrían responsabilidad administrativa o penal por “emitir actos irregulares e ilegales asociados a la categorización de las estructuras del proyecto durante la ejecución del contrato de concesión”.
En esa lista figuran el ex ministro de Vivienda y Construcción Francisco Dumler y el ex titular de Transportes y Comunicaciones José Gallardo, así como funcionarios de Ositrán, tales como su ex presidenta Patricia Benavente y su ex gerente general Obed Chuquihuayta.
En tanto, en las conclusiones sobre el GSP se sostiene que la asignación de ese proyecto a Pro Inversión, hecha por el entonces ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, se realizó mediante un oficio y no por resolución suprema, como exigía la norma.
También refiere que el ex ministro de Energía y Minas Eleodoro Mayorga y el Consejo Directivo de Pro Inversión “no adoptaron acciones para prevenir y evitar la ocurrencia de conflicto de intereses”.
