Vladimir y Waldemar Cerrón piden que se les archive delito de organización criminal amparados en ley impulsada por ellos mismos

La norma, invocada en el marco del proceso que se les sigue en el Caso Los Dinámicos del Centro, tiene como autor principal a Waldemar Cerrón, y fue aprobada por el Parlamento durante la gestión de Alejandro Soto y promulgada, por insistencia, durante la presidencia de Eduardo Salhuana.

La ley establece las características para la tipicidad de una organización criminal, estableciendo una serie de requisitos y gravedad de pena a fin de establecer dicho tipo penal.

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Por ejemplo, señala que se considerará como delito de organización criminal y enmarcado dentro de una red criminal, a todo grupo “con compleja estructura desarrollada y mayor capacidad operativa”, de alcance “trasnacional”, cuando “cause la muerte” de terceras personas, cuando la pena sea “no menor de quince años ni mayor de veinte años de cárcel”, cuando otros delitos contenidos sean calificados de “grave” con una pena mayor a los seis años de cárcel, entre otros requisitos.

El Poder Judicial dispuso evaluar el pedido el próximo 23 de agosto a las 4 de la tarde.

Como se recuerda, Vladimir Cerrón fue incluido en la investigación fiscal en julio del 2021, por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias, al ser sindicado como el presunto líder de una organización criminal denominada “Los Dinámicos del Centro” que habría operado en el Gobierno Regional de Junín; y que, posteriormente habría tenido alcance nacional.

Mientras que el parlamentario Waldemar Cerrón fue incluido por el presunto delito de organización criminal, como miembro de la misma red criminal.

Según la tesis fiscal, Los Dinámicos del Centro habrían operado desde enero del 2019 hasta junio 2021, cometiendo diversos hechos delictivos. Entre ellos, se señala que funcionarios y trabajadores allegados al partido Perú Libre que trabajaban en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Junín, habrían buscado obtener ganancias ilícitas a cambio de favorecer y/o direccionar el trámite y emisión de licencias de conducir en sus diferentes categorías.

Otro hecho que se señala es la contratación de personas allegadas al partido en procesos de selección irregulares y, un tercer hecho está vinculado a diversos procesos de selección para el mantenimiento de obras o carreteras.

En ese contexto, el último jueves, el defensor de Vladimir y Waldemar Cerrón, el abogado Arturo Silva Rojas, presentó ante el juez Jorge Chávez Tamariz dos escritos interponiendo sendos recursos de excepción de improcedencia de acción, solicitando que se archive el delito de organización criminal para ambos procesados.

Se trata de los escritos Nro. 33178-2024 referido al recurso de excepción de improcedencia de acción a favor de Waldemar Cerrón y el escrito Nro. 33176-2024, que pide el archivo del proceso contra Vladimir Cerrón, vía otro recurso de excepción de improcedencia de acción, también para el mismo delito.

La excepción de improcedencia de acción, cabe precisar, es un recurso de defensa contra la acción penal, que procede cuando el hecho denunciado no constituye delito o no es justiciable penalmente.

En esa línea, según la defensa legal de ambos procesados, en aplicación de la reciente Ley Nº 32108, los hermanos Cerrón Rojas debían ser beneficiados con el archivo de dicho delito.

Es más, precisó que en el caso de Waldemar Cerrón solo está investigado por el presunto delito de organización criminal, por lo que en su caso, con mayor razón debía ser excluido del proceso al archivarse dicho delito.

“Mis dos patrocinados, tanto Vladimir Cerrón como Waldemar Cerrón, están acá implicados a partir de disposiciones del 2021 y del 2022. Y, respecto del caso del doctor Waldemar Cerrón; y de allí se ha deducido la excepción, porque allí hay un tema importante que tomar en cuenta, señor juez. Se ha modificado hace una semana, a través de ley 32108, la definición y los criterios para determinar la existencia de una organizaicon criminal que respecto de mis dos patrocinados vienen siendo investigados en este momento; y respecto del doctor Waldemar Cerrón, solamente esa es la única imputación, organización criminal. Entonces, si estamos ciertos en ello y que las condiciones que se establecen a partir de esto (La Ley); y que tendrían que aplicarse en este caso, mi patrocinado Waldemar Cerrón no debería estar implicado en esta investigación.”

Arturo Silva Rojas, abogado de Vladimir y Waldemar Cerrón.

El juez Jorge Chávez Tamariz dispuso que se forme un cuaderno incidental, ante el pedido de la defensa de los hermanos Cerrón, a fin de señalar fecha y hora para analizar el detalle de los sendos recursos de excepción de improcedencia de acción en los que se solicita el archivo del delito de organización criminal.

“Este escrito está referido a que usted busca que se archive el proceso a través de una excepción de improcedencia de acción (sobre Waldemar Cerrón). Vamos a aprovechar para que se genere el cuaderno de incidencia de lo que discutimos el día de hoy, para atender esta petición de archivo a favor de su cliente Waldemar Cerrón. Hay otro escrito, donde también pide lo mismo, el archivo de proceso (de Vladimir Cerrón). Solo pide sobre organización criminal. De igual modo, se generará un nuevo cuaderno“, señaló el juez.

El Comercio buscó la versión del congresista Waldemar Cerrón; sin embargo, hasta el cierre de este informe, no respondió.

En el caso de Vladimir Cerrón, cabe indicar, si bien es procesado por supuesta organización criminal, también es procesado por el presunto delito de tráfico de influencias en este caso.

Cerrón Rojas se encuentra prófugo de la justicia desde el 6 de octubre del 2023, es decir, desde hace 10 meses. Sin embargo, tal como ha dado cuenta este El Comercio, continúa utilizando libremente sus redes sociales desde la clandestinidad; incluso, hace conferencias virtuales.

Junto a él, también fueron incluidas 81 personas que desde el 2021 vienen siendo investigadas por la Fiscalía.

Por ello, esta semana, la fiscal Vanessa Díaz, del Cuarto Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, sustentó su requerimiento de ampliación de la investigación preparatoria por otros 36 meses ante el juez Jorge Chávez Tamariz.

Durante sus alegatos, señaló que su despacho investiga a la denominada organización criminal Los Dinámicos del Centro donde se investiga a 82 personas, de las cuáles un total de 53 están vinculadas al delito de organización criminal, 38 al delito de cohecho pasivo propio, nueve al delito de negociación incompatible, nueve al delito de colusión simple y 26 al de colusión agravada.

Además, del total, señaló que cuatro están implicadas por presunto delito de lavado de activos, dos por tráfico de influencias y otras por falsedad ideológica.

“Entonces, sin duda, nos encontramos frente a una investigación seguida contra una presunta organización criminal, con complejidades adicionales como lo es la cantidad de personas vinculadas, la cantidad de delitos investigados”, sostuvo.

La fiscal señaló que existió un “proyecto criminal” de la red que “procuraba su beneficio económico”

“Esta fiscalía ha expuesto a lo largo de distintas disposiciones que son de conocimiento de los sujetos preocesales y la judicatura que esta organización criminal tenía distintos proyectos criminales, todos ellos en beneficio económico de la organización y del propio líder de la organización criminal.”

Vanessa Díaz, fiscal anticorrupción.

Además, la fiscal remarcó que, al momento de asumir la investigación en el 2021, se recibieron 318.191 registros de comunicaciones que fueron interceptados con mandato judicial.

De dicho total, 243.483 corresponden a 23 investigados, y de este número la fiscalía ha escuchado 114.192 registros.

“Eso ha significado que de esos 114 mil esta fiscalía ha identificado un promedio mayor de 1.000 comunicaciones relevantes y vinculados a la investigación. Y, de aquellas comunicaciones relevantes, más allá del hallazgo de este material; lo que corresponde es su transcripción, de escucha, de reconocimiento de los interlocutores y de identificación de los mismos”, sostuvo.

Por ello, indicó que, junto a otras diligencias pendientes, y las nuevas que surjan solicitaba la ampliación por otros 36 meses adicionales.

Al respecto, el abogado Arturo Silva, defensa legal de Vladimir y Waldemar Cerrón Rojas, solicitó que se declare “infundado el requerimiento de prórroga” de la investigación preparatoria.

Señaló que si bien la fiscalía explicó las diligencias, sostuvo que los plazos para la realización de las mismas, “no pueden ser acumulativos, deben ser simultáneos”. “Porque la señorita fiscal no puede decirnos que esperará un mes para realizar tales diligencias y recién luego empezará para realizar otras diligencias y recién luego empezará otros cuatro meses para realizar otras y otros once meses; y claro, allí suman los 36″, cuestionó.

Sostuvo que el requerimiento fiscal no se condice con el plazo razonable, sobre todo porque sus patrocinados, los hermanos Cerrón, vienen siendo investigados desde el 2021 en un caso y 2022 en otro.

Además, precisó al juez que debe tener en cuenta la evaluación de la aplicación de la Ley 32108 que modifica la definición de crimen organizado y los allanamientos; motivo por el que ha pedido la excepción de improcedencia de acción para que se archive dicho delito contra Vladimir y Waldemar Cerrón.

“Yo solicito que se declare infundado el pedido de prórroga; y en todo caso, de atenderse el pedido, no se puede pretender que sean 36 porque como le digo, los plazos no pueden ser acumulativos”, concluyó.

Las defensas de otros de los investigados solicitaron, en algunos casos que también se rechace la prórroga de la investigación preparatoria; y en otros, que se declare fundado en parte solo con un plazo de 12 meses adicionales.