La Mesa Directiva del Congreso, presidida por José Williams Zapata (Avanza País), dispuso en su sesión del pasado 4 de mayo que se repongan equipos de telefonía y computadoras al grupo de parlamentarios implicados en el Caso ‘Los Niños’, cuyas oficinas e inmuebles fueron allanados en marzo pasado.
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El acuerdo N°131-2022-2023 de la Mesa Directiva señala que, atendiendo las solicitudes de reposición hechas por los legisladores investigados por el Ministerio Público, a través de las unidades administrativas correspondientes, autorizan a la Dirección General de Administración para que disponga las acciones correspondientes “a fin de reponer los equipos celulares y de cómputo que fueron incautados por la Fiscalía de la Nación el 24 de marzo del 2023, en las oficinas y domicilios de 18 congresistas”.
La decisión, según el documento, tiene el propósito “de asegurar el normal desempeño” de las funciones de los parlamentarios. La Mesa Directiva también dispuso que la Dirección General de Administración proceda de la misma manera en eventuales casos similares.
Acuerdo de la Mesa Directiva del 4 de mayo.
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Como se recuerda, el pasado 24 de marzo, en un megaoperativo, fiscales y policías allanaron las oficinas y viviendas de 18 congresistas de Acción Popular, Bloque Magisterial, Podemos Perú y no agrupados investigados por el Caso ‘Los Niños’, en el que también está implicado el expresidente Pedro Castillo.
Los congresistas de Acción Popular son: Silvia Monteza, Wilson Soto, José Arriola, Edwin Martínez, Luis Aragón y Marleny Portero. Además, se allanaron los despachos de Carlos Zeballos (actualmente en Podemos Perú, pero que fue elegido por Acción Popular) y Carlos Enrique Alva (no agrupado, pero elegido por AP).
Es importante mencionar que otros seis integrantes de AP están incluidos en la investigación fiscal del Caso ‘Los Niños’. Se trata de Darwin Espinoza, Elvis Vergara, Raúl Doroteo, Ilich López, Juan Carlos Mori y Jorge Luis Flores. Sin embargo, sus viviendas y despachos fueron intervenidos en un operativo realizado en octubre del 2022.
Allanamiento a oficinas de 'Los Niños' en octubre de 2022. Foto: Aldo Rosales/Unidad de Investigación
Del Bloque Magisterial se allanaron los despachos y viviendas de Pasión Dávila, Germán Tacuri, Francis Paredes, Paul Gutiérrez, Segundo Quiroz y Edgar Tello. De Perú Libre se intervino la oficina y domicilio de Américo Gonza. En los casos de Óscar Zea (Bloque Magisterial), Katy Ugarte (no agrupados) se hizo lo mismo. Los tres últimos legisladores integraban inicialmente la bancada del lápiz.
Este operativo, denominado ‘Los Pequeños II’, autorizado por el juez supremo de investigación Juan Carlos Checkley, apuntaba a incautar “documentos diversos de interés para la investigación”.
En total, en marzo, se allanaron 41 inmuebles (20 oficinas del Parlamento y 21 domicilios), ubicados en Lima, Arequipa, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Ucayali y Pasco.
De acuerdo con la indagación fiscal, cuando fue presidente Pedro Castillo le habría dado una cuota de poder a los congresistas investigados a cambio de favorecerlo con sus votos.
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Este Diario buscó comunicarse con la Mesa Directiva, a fin de conocer quiénes son los parlamentarios cuyos equipos han sido repuestos por dicho poder del Estado y detalles sobre el acuerdo del 4 de mayo pasado.
Desde el despacho de Silvia Monteza (AP), segunda vicepresidenta del Congreso, indicaron que la parlamentaria se compró un nuevo celular con su propio dinero y que desconocen quiénes son los legisladores que pidieron la reposición de las computadoras y equipos móviles. Posteriormente, nos sugirieron solicitar dicha información a través del portal de Transparencia.
Los demás integrantes de la Mesa Directiva no respondieron.
Tras la publicación de este informe, desde el despacho de la congresista Marleny Portero (AP) señalaron que la fiscalía no le incautó sus equipos. Por tanto, afirmó que no pidió reposición.
Además…
Monteza había solicitado al Poder Judicial la exclusión de medios probatorios recabados durante el allanamiento el pasado mes de marzo. Sin embargo, su solicitud fue rechazada.
En tanto, Edwin Martínez, otro parlamentario de AP sindicado de ser uno de ‘Los Niños’, afirmó que la fiscalía solo se llevó su laptop y que se la devolvieron quince días después. Añadió que algunos de sus colegas no corrieron con la misma suerte porque “probablemente” encontraron algo en sus equipos.
“El Ministerio Público buscaba básicamente información vinculada a determinadas empresas. Al no hallar eso en mi equipo, me lo devolvieron”, expresó.
Martínez aseguró a este Diario que enviará un oficio a la Mesa Directiva para que se transparente la información.
Por su parte, Carlos Zeballos indicó que le entregaron una laptop y un celular provisionales hasta que la fiscalía le devuelva sus equipos y que no generó “ningún gasto” al Congreso.
Asimismo, señaló que el Ministerio Público también incautó el teléfono móvil de su esposa y que, hasta el momento, no se lo han retornado.
También buscamos sin éxito recoger los comentarios de los otros legisladores implicados en las pesquisas fiscales.
Consultamos a la Dirección General de Administración del Congreso quiénes son los parlamentarios que solicitaron la reposición de equipos celulares y de cómputo y si esto significó un gasto para el Poder Legislativo. Desde esa área también nos derivaron al portal de Transparencia. Enviamos la solicitud la tarde del pasado martes 13 de junio; sin embargo, al cierre de esta edición no tuvimos respuesta.
Fuentes del Congreso señalaron que la disposición de la Mesa Directiva del Congreso ya fue ejecutada y que se adquirieron nuevos celulares para los legisladores implicados en el Caso ‘Los Niños’.
El Poder Legislativo suscribió en noviembre de 2021 un contrato por S/. 1′547.391 por el servicio de telefonía móvil e internet (datos) para el servicio parlamentario. Este incluía el alquiler de los equipos de celular.
Según una fuente de El Comercio, los legisladores tienen la opción de elegir el modelo de celular de su preferencia y los costos son cubiertos totalmente por el Parlamento, excepto cuando el congresista sobrepasa los límites del servicio.
