Luis Castañeda: Las claves del pedido fiscal de impedimento de salida del país

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Especializada en Delitos de Corrupción declaró fundada este viernes la solicitud de impedimento de salida del país contra el ex alcalde de Lima Luis Castañeda Lossio.

Durante la audiencia del jueves, el fiscal Carlos Puma Quispe, del equipo especial Lava Jato, había solicitado que se ordene esta medida cautelar por 36 meses. Sin embargo, el juzgado dispuso que la restricción se prolongue durante 18 meses.

Este requerimiento fiscal es para garantizar la continuidad de las investigaciones que se siguen por el caso de las adendas del contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla, el ‘by-pass’ de 28 de Julio y el aumento tarifario de los peajes en el año 2016, durante la tercera gestión de Castañeda en la Municipalidad de Lima. La fiscalía presume que hubo irregularidades y sospechosos pagos por parte de la constructora brasileña OAS.

La prohibición de abandonar el país pedida por el Cuarto Despacho del Equipo Especial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios también alcanza a Giselle Zegarra, ex funcionaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

La misma medida se había solicitado para Martín Bustamante, hombre de confianza de Luis Castañeda, quien recientemente renunció a su cargo de teniente alcalde de la Municipalidad de Miraflores tras conocerse que la empresa le entregó dinero para la campaña de Castañeda.

El pedido fiscal también alcanzó a José Luna Gálvez, ex dirigente de Solidaridad Nacional (SN), actual líder del partido Podemos Perú y propietario de la Universidad Telesup. Asimismo, Jaime Villafuerte y Alfieri Lucchetti.

Este Diario se comunicó con Bryan Werner Kabsther, abogado de Luis Castañeda, quien señaló que no dará declaraciones y que todos los argumentos de defensa se conocerán en las audiencias. También intentamos comunicarnos con las otras personas investigadas pero no obtuvimos respuesta.

El Comercio tuvo acceso al documento presentado ante el Juzgado de Investigación Preparatoria del sistema anticorrupción. A continuación ofrecemos los principales argumentos expuestos por la fiscalía para requerir el impedimento de salida del país.

1- Aportes de OAS a la campaña de Castañeda en el 2014 para tentar su tercer período
Los colaboradores eficaces han señalado que en las elecciones del 2014 se hicieron coordinaciones para que OAS aportara dinero a la campaña de Castañeda. Por ello, Leo Pinheiro se reunió varias veces con el ex burgomaestre y este aceptó recibir la colaboración. Así, la empresa habría entregado US$220 mil, siendo el receptor Martín Bustamante, como también informó El Comercio.

El dinero salió de una oficina de OAS denominada “controlaría”, que manejaba una caja para pagar sobornos. Los directivos se reunieron luego con Castañeda cuando ya había ganado la elección y definieron que ya no iba el proyecto Línea Amarilla, y que se empezaría a construir el ‘by-pass’ de 28 de Julio.

2- Ocultamiento de los aportes de OAS a través de pequeñas entregas
La Unidad de Inteligencia Financiera señala que Castañeda canalizó del 2011 al 2016 ingresos por S/1’759.800 principalmente por cobros de cheques, los que fueron dispuestos mediante transferencias a terceros por montos de menor cuantía. Respecto al cobro de cheques, algunos de estos fueron emitidos a favor de Castañeda por parte de la universidad Telesup (ver cuadro).

Esas transferencias han sido clasificadas como operaciones sospechosas. Luna, dueño del citado centro de estudios, fue secretario general de SN y se le atribuye ser el principal financista del partido. Existe sospecha de que fondos de OAS fueron canalizados a través de Telesup, cuyo destinatario final fue Castañeda.

3- Las coordinaciones de Giselle Zegarra con ex presidente de OAS
Se dice que el proyecto ‘by-pass’ de 28 de Julio habría tenido como origen ilícito las coordinaciones entre Giselle Zegarra y el ex presidente de OAS Leo Pinheiro en el 2014 para que la empresa no firme el contrato del proyecto Río Verde con la gestión de Susana Villarán y en su lugar se realice el citado desnivel vial. Además, se precisa la gran rapidez de la construcción de la obra, que se inició en marzo del 2015, y el hecho de que los estudios de impacto ambiental se hicieron bajo la supervisión de OAS y se realizaron en diciembre del 2014, cuando aún no terminaba la gestión de Villarán. Es decir, OAS había preparado estudios para un proyecto que se realizaría en una gestión posterior.

4- Modificaciones a las adendas para favorecer a la concesionaria
Se atribuye a Castañeda el haber favorecido indebidamente a la empresa concesionaria en la negociación y suscripción de la adenda N° 2 al contrato del proyecto Línea Amarilla, así como la negociación y suscripción de la adenda al contrato de fideicomiso del proyecto Río Verde. Dichas modificaciones contractuales significaron mejores condiciones para el concesionario.

5- Nombramientos de personas de confianza en puestos claves
Se imputa a Castañeda que para favorecer a la constructora OAS con Línea Amarilla procedió a nombrar a sus coinvestigados en diferentes áreas de la municipalidad para tener el control absoluto de esa institución y garantizar los beneficios económicos y contractuales a la empresa. Así, el investigado Jaime Villafuerte fue nombrado gerente de Promoción de la Inversión Privada. Igualmente se contrató a Giselle Zegarra como consultora para las mejoras o modificaciones al contrato de concesión. Además, el investigado Bruno Lucchetti Rodríguez fue designado gerente de Promoción de la Inversión Privada.