Congreso: Comisión de Fiscalización cita a la ministra Alva por contratos de Geoservice Hidroenergía

La Comisión de Fiscalización del Congreso de la República citó para este martes 4 de agosto a la ministra de Economía y Finanzas (MEF), María Antonieta Alva, para que explique el contrato que firmó el consorcio Geoservice Hidroenergía, donde una de las empresas que la conforman es Hidroenergía Consultores en Ingeniería S.R.L., con el Estado. En esta última, Jorge Alva Hurtado y Jorge Alva Luperdi, padre y hermano de la ministra, figuran como accionistas.

El oficio, firmado por el presidente de dicho grupo de trabajo, el congresista Edgar Alarcón (UPP) cita a la ministra Alva a las 9:15 a.m. a través de la plataforma virtual Microsoft Teams. El MEF respondió a El Comercio que debido a que el oficio ingresó a este ministerio la noche del viernes, darán una respuesta al mismo este lunes. “Ahora, la ministra está enfocada en la presentación del voto de confianza del lunes”, agregaron.

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De acuerdo con el documento, la ministra Alva deberá informar sobre la contratación de dicho consorcio para realizar un consultoría en el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), órgano adscrito al Ministerio de Agricultura, tras ganar una buena pro de S/1 millón 557 mil

El artículo 11 de La Ley de Contrataciones establece que están impedidos de contratar con el Estado “el cónyuge, conviviente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad” de altos funcionarios, como presidente de la República, ministros, viceministros, entre otros.

María Antonieta Alva fue designada ministra de Economía y Finanzas el 3 de octubre de 2019. Casi dos meses después, el 27 de noviembre, el PSI otorgó la buena pro al Consorcio Geoservice - Hidroenergía para que brinde servicios de consultoría.

Respecto a este caso, Jorge Alva, padre de la ministra, respondió que cuando asumió el cargo de rector en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) en el 2015, renunció a la empresa que formó junto a Juan Armando Olazábal Álvarez y solicitó el pago de sus beneficios laborales para la cancelación de las acciones que tenía en la compañía.

Debido a que no llegaron a un acuerdo, desde febrero del 2016 Alva cursó cartas notariales a Olazábal para que proceda la cancelación. “Por desgracia, en el Perú renunciar a acciones como estas, de las que aún no he logrado deshacerme, es muy complejo. No basta con mi voluntad o la voluntad de mi hijo. Debo llegar a un acuerdo con quien fue mi socio y con el tengo ahora un juicio”, escribió Alva el 30 de julio en su cuenta de Twitter. Asimismo, compartió el documento de la demanda que inició contra Olazábal en octubre 2019 para el pago de sus beneficios sociales. Por otro lado, Jorge Alva Luperdi se encuentra fuera del país debido a que trabaja desde el 2010 en el Banco Mundial.

Por otro lado, la ministra también deberá explicar las metas y objetivos formulados al aprobar el programa Reactiva Perú, los montos presupuestales ejecutados y por ejecutar hasta la fecha; normatividad que determina los criterios para su otorgamiento y ejecución; metas y resultados cumplidos y por cumplir.

Asimismo, las empresas beneficiadas con denuncias o que están involucradas en investigación por actos de corrupción; aquellas que fueron beneficiadas a pesar de encontrarse en la modalidad de suspensión perfecta, sin operatividad actual.

Finalmente, Alva Luperdi también deberá responder ante la Comisión de Fiscalización sobre la metodología y procedimiento seleccionado para la elección de los beneficiarios de Reactiva Perú.

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