Martín Vizcarra fue vacado: los gestos de su defensa ante el Congreso | Análisis

Pasaron ocho horas desde que el mandatario culminó su presentación ante el pleno para que este, por 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones, decidiera finalmente destituirlo.

A diferencia de su presentación del 18 de setiembre por la primera moción de vacancia –debido a audios del Caso Richard Swing–, en esta ocasión Vizcarra ejerció de forma individual su defensa. Aunque estuvo acompañado del abogado Ángel Ugaz Zegarra, este no hizo uso de la palabra.

Así, durante el tiempo señalado, Martín Vizcarra empezó comentando el accionar de su Gobierno frente a la pandemia del coronavirus (Covid-19); reiteró que el país se encuentra en un momento “crucial” y a puertas de las elecciones; ratificó que mociones de vacancia “cada mes y medio” generan “incertidumbre”, sobre todo por una causal “ambigua”; negó haber recibido sobornos por las obras señaladas y aseguró haber actuado correctamente; incidió en que las declaraciones de los aspirantes no son corroboradas; cuestionó al presidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón; hizo un mea culpa por la relación Ejecutivo-Congreso; y, finalmente, hizo un llamado a la unidad.

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Defensa individual

Para la politóloga Gabriela Vega, el hecho de que Vizcarra haya intervenido solo, a diferencia de la anterior ocasión, hace referencia a que se trata de una de una defensa principalmente de carácter político.

“Su apuesta por dar una respuesta política conversa con el hecho de que el proceso esté siendo llevado por argumentos más políticos y mediáticos que hechos probatorios o argumentos legales. En ese sentido, teniendo en cuenta cómo suelen darse estos debates en el Congreso y cómo ha venido siendo la lectura no favorable a la vacancia en la opinión pública, probablemente no haya sido un error”, sostiene.

Con esa postura coincide el analista político Jeffrey Radzinsky, quien apunta que el anterior proceso fue más célere y correspondió principalmente a una discusión jurídica procedimental y constitucional más que política. Esto en torno a la aplicación de la causal de la permanente incapacidad moral para destituir a un presidente del país. “En la parte jurídica, lo que se podría zanjar es la demanda competencial, que está pendiente en el Tribunal Constitucional desde el primer proceso de vacancia”, agrega.

En opinión del periodista y analista político Enrique Castillo, Vizcarra habría querido corregir aspectos que le criticaron durante el primer proceso de vacancia. “Se le dijo que su discurso de la vez anterior no tuvo nada que ver, dejó su defensa al abogado y se fue. Él ha querido corregir algunos de esos aspectos de forma y asumir su defensa en una decisión de querer mostrar que él sí era capaz de hacer frente a las acusaciones, cosa que al final no llegó a hacer, pero ha querido dar la imagen que de cara a las acusaciones y puede responderlas”, afirma.

La estructura del mensaje

En cuanto al orden de ideas del jefe de Estado, Vega Franco considera que fue un discurso equilibrado y un relato que explica el punto de vista del presidente no solo hacia la ciudadanía, sino también a la opinión pública, en el sentido de cómo están siendo valorados o leídos sus actos.

“Es difícil evaluar una alocución por su estructura o incluso solo como performance, sin tener en cuenta los receptores, sus intereses y las razones que los motivan a votar en uno u otro sentido. Sabemos ya, por los casos anteriores en que ministros y el presidente se han presentado ante el pleno, que el efecto que puede tener el discurso del mandatario entre los congresistas es bajo”, señala también.

Castillo coincidió en que, más que un discurso para responder al Congreso sobre las acusaciones en su contra, fue uno para la población con un interés en resaltar que su gobierno trabaja y que la vacancia desprotegería a los ciudadanos, generando “ese temor de que todo se va a paralizar si a él lo vacan”.

“Ha dicho que respeta la separación de poderes y la especialización. Pero él cerró el Congreso en base a discutirle al Parlamento una atribución que era especializada del Parlamento, que era la elección de miembros del Tribunal Constitucional (TC). Cuestiona mucho lo que podría pasar con él a raíz de lo dicho por aspirantes a colaboradores eficaces, y muchas veces llamó lucha contra la corrupción a casos de personas que han ido presas por declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces”, agrega.

A su turno, Radzinsky concuerda en que Vizcarra le ha hablado más que nada a la ciudadanía y en que son muy pocos los congresistas que cambiarán su posición respecto a lo que tenían previamente pensado en torno a la moción de vacancia.

“No fue un gran final. Fue una suerte de combinar dos factores. El primero es decir que esto es inoportuno, que no ganan los congresistas, él o el país. Y el llamado a la unidad es tratar de redondear eso independientemente de la defensa particular del caso, que es de lo que menos habló”, opina.

El momento confrontacional

Poco antes de culminar con su defensa, el presidente Martín Vizcarra hizo referencia a declaraciones que dio el viernes a la prensa Edgar Alarcón, congresista de Unión por el Perú, respecto de dos denuncias constitucionales que se tramitan en su contra en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El parlamentario reiteró que no renunciará a la presidencia de la Comisión de Fiscalización. “Si al final del proceso que está empezando el día de hoy se culmina que sí tiene razón la fiscal de la Nación en denunciarme, yo pongo mi cargo al costado, pero en este momento yo sigo siendo un investigado”, aseveró el congresista.

“Pero cuando se trata del presidente, a pesar de que está en etapa preliminar la investigación, ahí si se debe dar todo por cierto, presumir culpabilidad, sin acusación o proceso iniciado”, se quejó Vizcarra. “Se ha hecho público que 68 congresistas tienen procesos en investigación en el Ministerio Público ¿Tendrían también que dejar sus cargos por ello? ¿Sin que la investigación ­fiscal haya sido concluida?”, se preguntó también.

“Creo que sin duda fue diferente al tono de los otros fragmentos de su discurso. Probablemente, un recurso que utilizó para sentar una posición que pusiera en perspectiva el caso, ante la ciudadanía y la opinión pública, cuya valoración suele ser más importante para los congresistas al definir su voto”, comenta la politóloga Gabriela Vega sobre dicho momento de la presentación de Vizcarra. Agrega que el mandatario ha sugerido una comparación “en un esfuerzo para poner a los congresistas en el mismo lugar que él”.

De acuerdo al periodista y analista Enrique Castillo, Vizcarra buscó mostrarse como un presidente “víctima de una confabulación política” y cuestionar la autoridad moral de los congresistas para acusarlo.

“Esa referencia es obviamente destinada a mostrar que es el presidente que trabaja y que los congresistas que lo acusan son parte de un tinglado de complot contra él, porque él lucha contra la corrupción. En cambio, los otros no tienen autoriza moral para acusarlo”, explica.

Para Radzinsky, la confrontación quizá no haya sido necesaria en el discurso de Vizcarra, pero sí conveniente para afirmar dicho tono, que es el aspecto más fuerte que el mandatario podría aprovechar. “El presidente se tiene más cómodo confrontando al Congreso porque es una persona con mucho mayor respaldo de lo que tiene el Congreso. Antes y ahora”, considera.

El mea culpa

Hacia el final de su discurso, Vizcarra dijo ser consciente de que la relación Ejecutivo-Congreso no ha sido la mejor en los últimos años, “y debemos hacer un mea culpa”. Expresó también que le apena que no se haya podido unir fuerzas con el Legislativo para trabajar de forma conjunta y aseguró tener buena voluntad para dejar atrás las rencillas.

Según señala Vega, esa parte de la alocución corresponde a un recurso para equilibrar la intervención del mandatario luego de ser más directo. En ese sentido, considera que lo mencionado por el presidente no respondería a una estrategia para buscar reconstruir la relación con el Congreso ni a una acción concreta.

“En algunos momentos tuvo acciones concretas. Pero ya a meses de la elección y en este nivel de confrontación, creo que esta vez no va más allá. No solamente porque rindan o no frutos, sino que ya estamos a cinco meses de la elección. Y a cinco meses de la elección está ante el Congreso sustentando por qué no debe ser vacado. En esa posición, en este tiempo, pensar que es posible reconstruir la relación probablemente no es su prioridad”, sentencia.

Castillo cree que el mandatario necesitaba un final “para demostrar que estaba entregando un ramo de olivo y que, por más que lo acusen, siempre podría personal al Congreso y trabajar con ellos”. Pero advierte: “El presidente nos ha acostumbrado a sacar del bolsillo algún tipo de intento de reivindicación de las relaciones que lamentablemente nunca han llegado a nada. Esos intentos son permanentes, pero las decepciones con relación a eso también”.

Finalmente, Jeffrey Radzinsky coincide en que Martín Vizcarra quiso “ecualizar los tonos de un discurso político”. “Es una suerte de bajar y tener un tono de más humildad o cercanía. El polo propuesto al comentario de las investigaciones a los congresistas”, concluye.

El impacto de la decisión del Congreso

Conocida la decisión del Parlamento, Vega advierte que el gobierno interino al que le corresponde tomar la posta carece de legitimidad. Aunque resalta que la votación fue contundente, recalca también que los legisladores no son los únicos actores políticos del sistema. ¿Cuáles son los aliados del actual presidente del Congreso, quiénes están dispuestos a asumir una cartera en este contexto de movilización ciudadana que estamos viendo y acciones legales que veremos en las próximas horas?, cuestiona.

Castillo indica que si Manuel Merino, actual titular del Parlamento, asume la presidencia del país, lo peor que podría hacer es un gobierno parlamentario. “Al contrario, es el momento en el que tiene que haber mayor nivel de contrapeso a la labor del Congreso, cuyas bancadas son de partidos que compiten en la lid electoral. El Congreso tiene que tener en claro que la caída del presidente Vizcarra no significa cheque en blanco y carta libre. Se requiere de un Gabinete de emergencia, pero de mejor nivel, para hacer frente al Congreso si es que este equivoca su conducta”, sostiene.

Radzinsky ve contraproducente la decisión tomada por el Legislativo, pues considera que afecta la gestión de los ministerios y genera incertidumbre en época electoral. Aún así, resalta que el tema de fondo es zanjar el alcance de la vacancia por la causal de permanente incapacidad moral. “Al final vamos a tener el próximo año, si votamos el 11 de abril, cuatro presidentes en cinco años. Si asume Manuel Merino la presidencia, probablemente Alianza para el Progreso tenga el Congreso. Los dos partidos disputan las elecciones”, recuerda.

En cuanto al proceso electoral, Gabriela Vega indica que la decisión del Congreso tendrá efectos, puesto que el voto en las urnas implica confianza y reconocimiento: “Varias de las fuerzas políticas con bancada van a estar en condiciones bien difíciles de recuperar el voto teniendo en cuenta que hace no mucho salió una encuesta con la posición de la ciudadanía en contra de la vacancia. La legalidad se puede determinar en las próximas horas. Pero la legitimidad es algo que ya hemos conocido con anticipación”.

“No hay nada más importante ni que se compare en relevancia como proteger y defender la realización de las elecciones con competencia, justicia electoral, independencia. No hay nada más importante que el 28 de julio del 2021 la presidencia sea entregada a alguien elegido por la ciudadanía”, agrega.

Castillo incide también en lo importancia de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones mantengan la mayor independencia. “Podría suceder que a través de leyes quieran manejar esa influencia. Pero entre las mismas bancadas se van a neutralizar de alguna manera. La prensa y muchas instituciones estarán muy vigilantes. No creo que puedan detener el proceso electoral, sería un escándalo”, advierte.

En la misma línea, Radzinsky afirma que lo primero que se debe garantizar es la fecha de las elecciones generales y el cumplimiento del cronograma electoral, pues advierte que no hacerlo implica asumir responsabilidades. “La autonomía de las autoridades electorales es clara”, finaliza.

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