Los jueces y la cloaca, la columna de Cecilia Valenzuela

“¿Qué carajos le pasa al juez?”. Se pregunta el viceministro del Interior, Rubén Vargas. El magistrado que colma la paciencia de Vargas ha liberado a criminales de altísima peligrosidad en Huaral ¿Qué carajos le pasa? Una de tres, o es medroso y se ha dejado intimidar por Los Monos de Quepepampa o es corrupto y ha cedido a la billetera de la banda; o es inepto y no sabe cómo administrar justicia cabalmente. En cualquier caso no puede seguir siendo juez.

Un colega suyo acaba de hacer lo mismo en Madre de Dios; ha soltado a varios integrantes de una banda de criminales encabezada por unos policías acostumbrados a matar y hacerse de dinero fácil.

Pero los jueces Ismael Orozco de Huaral y Ángel Mendívil de Madre de Dios no son los únicos que actúan en contra de la sociedad, priorizando sus temores o sus venalidades. En Lima, los vocales de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior, Martín Hurtado Reyes, César Solís Macedo y María Hasembak Armas actúan de la misma manera. Hace 5 semanas le otorgaron una medida cautelar a la asociación Súmac Pacha para que esta pueda retomar la posesión de unos terrenos que le vendió a Sedapal y donde la empresa pública ha construido la planta de tratamiento de aguas residuales de Nuevo Lurín.

El 23 de setiembre Súmac Pacha, que enfrenta 17 procesos judiciales por invadir propiedad privada en Punta Hermosa y Lurín, tomó por la fuerza el terreno donde se encuentran actualmente las lagunas de oxidación y expulsó a los trabajadores de Sedapal. Al día siguiente, Sedapal retomó el control de la planta con la ayuda de la policía, pero un día después, con la medida cautelar que la Tercera Sala Civil de Lima le obsequió, Súmac Pacha hizo retroceder a la fuerza del orden y recuperó el control de los terrenos. Desde entonces, utiliza maquinaria pesada para enterrar las lagunas de oxidación. Es decir, destruye infraestructura pública con el aval de los vocales de la Tercera Sala Civil de Lima.

Para no dejar las aguas de las cloacas, que derivaban en esas lagunas, en las casas de los vecinos del sur de Lima, Sedapal se ha visto obligada a verter ese desagüe en la playa Arica, con todo el daño a la salubridad y al ambiente que eso implica.

El presidente de Súmac Pacha, Diosdado Navarro Oré, y sus tres hermanos invadieron los terrenos que ahora conforman su asociación, incluyendo los que le quiere quitar a Sedapal, hace más 20 años. La verdadera propietaria, Constructora Tierras del Sur, litigó todo ese tiempo y hace cuatro meses ganó, pero el desalojo fue frustrado por el adjunto del juez de Lurín, el especialista legal Jorge Obregón López, responsable de la ejecución.

La suerte que Diosdado Navarro tiene en la distintas instancias del Poder Judicial, solo se compara con la que acompañó a Rodolfo Orellana hasta hace un par de años. De hecho, durante el lustro anterior, Diosdado fue protegido por un Ángel: en noviembre del 2011 le vendió acciones de su asociación, que luego se tradujeron en un terreno, al hermano de Nadine Heredia, Ángel Ilich Heredia Alarcón, por un valor de 9 mil soles; y un mes después, en diciembre de ese año, Ángel Heredia le vendió esas acciones, es decir ese terreno, a su mamá. El año pasado cuando Antonia Alarcón tuvo que justificar sus ingresos, dijo que obtuvo 200 mil dólares en el 2013 de la venta de su terreno de Lurín. ¿200 mil dólares por un terreno que dos años antes había costado 9 mil soles? Un terreno que compró a un invasor que vende y revende tierras que tienen propietarios; y sobre las que pesan una orden de desalojo que no se ejecuta porque una suerte de secretario de juzgado se interpone.

¿Quién protege ahora a Súmac Pacha?

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