Mantienen el mercado de votos y aportes, por Federico Salazar

El Congreso pierde el tiempo. La ley sobre financiamiento de partidos recientemente aprobada no cambia nada. Cambiar los topes a los aportes no es un cambio de lo que está mal en el sistema partidario. 

Lo que está mal es que los partidos reciban aportes con dinero de origen ilegítimo. Tenemos que definir qué es legítimo y qué no lo es. 

Por ejemplo, recibir dinero de una empresa del extranjero, ¿es o no legítimo? Ese dinero, ¿se puede recibir como pago de remuneraciones por servicios? 

El caso de Nadine Heredia y su repentino éxito profesional en Venezuela tiene que enseñarnos. Desde el punto de vista legal, no hay impedimento. Sí lo hay, por supuesto, si se demuestra que las remuneraciones fueron simuladas. 

Actualmente, no podemos llegar a ese nivel de detalle si no hay una investigación judicial. ¿Pero podemos poner un juez detrás de cada candidato de cada elección de cada lugar? 

La fiscalización tiene que ser después de las elecciones. Esta debe ser fácil de conducir y el castigo debe ser muy severo. Muy severo significa que quien burla la ley y al electorado debe ir a la cárcel, sin beneficios. 

El sistema aprobado no es sino la renovación del sistema anterior. Los aportes pueden ser de hasta 200 UIT, si se identifica a los aportantes. 

En las campañas los aportantes mayores tratan de no ser identificados. No les conviene que si sale otro pueda haber represalias o, incluso, simple distancia para acercarse al poder. El verdadero problema está en el poder discrecional que se pone en juego. 

La reforma electoral y partidaria debe encaminarse a eliminar el componente de mercancía que tiene el aporte. Eso no parte de la contribución, sino de lo que se le ofrece al contribuyente como contrapartida. Ese poder es el que hay que limitar, fiscalizar y castigar. 

El incremento de límites de aportes no cambia nada de esta envilecida financiación partidaria. Solo hace más burocrática y enrevesada la gestión partidaria. Donde hay más trámites, ya lo sabemos, siempre hay mayor oscuridad. 

Los aportes de los militantes tampoco van a ser revisados. Los partidos empezarán a recurrir más a militantes, reales o supuestos. Y harán más proselitismo hormiga. 

El origen ilícito de dinero simplemente buscará los canales legalizados. De paso, eso convertirá la financiación partidaria en un mejor mecanismo de lavado de activos. 

Antes del ataque con granadas a la camioneta Porsche en San Miguel no sabíamos nada de Sergero S.A.C. Esta es la empresa de limpieza de Gerald Oropeza, acusado por narcotráfico. 

Sin ese ataque con granadas, esa empresa hubiera podido financiar a cualquier partido. Hasta por 200 UIT, aproximadamente 230 mil dólares. La nueva ley no nos hubiera protegido. 

Los partidos deberían ser libres de financiarse como pudieran. Y debería haber un sistema de fiscalización sobre las fuentes de financiamiento. La Unidad de Inteligencia Financiera, la contraloría y unidades policiales de peritaje financiero deberían hacer el trabajo de revisión.

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