La salida de cuatro ministros del Gabinete de Vicente Zeballos —dos de ellos vinculados a la negociación con abogados de Odebrecht sobre la demanda de esta empresa ante el tribunal arbitral Ciadi— es solo un pequeño punto en una trama mucho mayor que los peruanos debemos conocer, para así entender los verdaderos alcances que hay detrás de las pretensiones de la constructora brasileña y por qué el solo hecho de mencionarla pone tan nervioso al presidente Martín Vizcarra.
Todo empieza con el anuncio de la demanda ante el Ciadi y continúa con el informe de “Panorama” que muestra cómo el ahora exministro de Energía y Minas Juan Carlos Liu tenía una consultora que daba servicios a Odebrecht. Liu es retirado del Gabinete en menos de 24 horas de emitido el reportaje.
Cuando aún no terminábamos de digerir el asunto, nos enteramos de las reuniones entre el ahora exprocurador Jorge Ramírez y los abogados de Odebrecht. Estas citas incluyeron, por separado, al ministro de Energía y Minas y a los fiscales del equipo especial Lava Jato, tal como se menciona en la carta que la constructora envía al fiscal Rafael Vela en la que le informa la decisión de acudir al Ciadi para demandar al Perú por 1.200 millones de dólares.
Se ha dicho que esas reuniones en principio no entrañaban nada irregular dado que se trataba de llegar a un acuerdo y evitar la contienda en el Ciadi, pero se critica la poca transparencia y que el primer ministro Zeballos, conocedor del tema, se haya hecho el sorprendido y exclamara “no negociamos con corruptos”.
La vorágine de los últimos acontecimientos quizás nos haya hecho desviarnos del foco, por lo que sería bueno recapitular para entender por qué el nerviosismo en Palacio de Gobierno.
En la carta de Odebrecht a Vela del 22 de enero del 2020, la empresa recuerda que, en el mismo período en que esta se acogió a la colaboración eficaz (noviembre del 2016), el presidente Pedro Pablo Kuczynski rescindió el contrato del gasoducto (24 de enero del 2017) y expresó su decisión de que la empresa se retirara del Perú (marzo del 2017). “Actualmente el Sr. Kuczynski se encuentra en arresto domiciliario a raíz de informaciones derivadas del proceso de colaboración eficaz continuo de la empresa”, dice la carta.
Según los brasileños, la terminación del contrato del gasoducto por PPK se hizo “por intereses personales [y no públicos]”. De acuerdo con ellos, Kuczynski rescindió el contrato para afectar la colaboración eficaz y, así, evitar que llegara información que lo comprometía.
En diciembre del 2017, la constructora reveló los vínculos entre PPK y Westfield, empresa que asesoró a Odebrecht mientras Kuczynski se desempeñó como primer ministro y ministro de Economía durante el gobierno de Toledo.
En estas circunstancias cómo olvidar la frase “Odebrecht pone y saca presidentes”.
Vale la pena preguntarnos, ¿acaso no midió Odebrecht la repercusión que tenía la información sobre Westfield? Para nadie era un secreto la sucesión en el poder. ¿Era mejor llegar a un entendimiento con un viejo conocido en vez de hacerlo con alguien que ya les había bajado el dedo? ¿Teme Martín Vizcarra correr la misma suerte de su antecesor?
Algún día sabremos las respuestas.