Primer martillazo político

La semana que pasó debe haber sido la más complicada para el Gobierno en términos políticos desde que empezó el estado de emergencia sanitaria. Y es que si bien la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos confirma la alta aceptación ciudadana al desempeño del presidente Vizcarra y su Gabinete (80% y 64%, respectivamente, y notas sobresalientes de 72% y 69% para los ministros de Economía y Finanzas y de Salud), este va acumulando frentes adversos a medida que la propagación del COVID-19 no se contiene en los niveles deseados y se prolonga la cuarentena.

Dejando a un lado los cada vez más frecuentes cuestionamientos por parte de expertos a la estrategia sanitaria misma y a la capacidad de gestión del Estado para mejorar la infraestructura hospitalaria (en los que en oportunidades, por cierto, se percibe cierta desproporción), dos hechos mellaron en particular la credibilidad del Poder Ejecutivo en medio de esta difícil coyuntura: la renuncia obligada de Carlos Morán al Ministerio del Interior y la improvisada propuesta para aprobar lo que el Ejecutivo ha denominado, tomándose libertades semánticas no menores, como un nuevo “impuesto solidario”.

En lo que toca al tributo en mención, lo primero a cuestionar es la ligereza con la que el Gobierno anunció el jueves 23 que pediría facultades al Congreso para legislar sobre esta materia, al punto que hasta hoy no se conocen los ejes del planteamiento. El país no necesita más incertidumbre y el presidente y el primer ministro Zeballos deberían ser los primeros en saberlo. No es, pues, admisible que el mandatario trate de salir de las críticas afirmando que recién se están evaluando “los mecanismos” del impuesto.

Peor aún, se percibe en este apresuramiento una intención de no perder la partida frente a un Congreso activo en cuanto a iniciativas de corte populista, y preocupa especialmente la situación en la que esta discusión puede dejar al Ministerio de Economía y Finanzas. La propuesta, criticada a lo largo del espectro político, está exponiendo innecesariamente a la ministra Alva en un momento (espero que sepan disculpar la obviedad del razonamiento) en el que la estabilidad de este sector es clave.

Las circunstancias que rodean la salida de Morán, por otro lado, no podrían ser más problemáticas para el Gobierno. Según informó ayer el nuevo ministro del Interior, Gastón Rodríguez, 2.000 policías están contagiados de COVID-19 y, lamentablemente, 20 efectivos policiales han fallecido. Ahora bien, no solo no se ha protegido adecuadamente a las fuerzas policiales para que desempeñen sus labores (en realidad, da la impresión de que muchas veces se las ha expuesto innecesariamente en operativos que parecían cumplir fines meramente efectistas), sino que el sector se ha visto empañado por serias denuncias de corrupción respecto de adquisiciones realizadas durante el estado de emergencia. Aquí, nuevamente, faltan explicaciones claras por parte del Ejecutivo, pues esto de que el señor Morán dimitió por cuestiones personales (otra preclara intervención del primer ministro Zeballos) despierta cierto escepticismo.

Haría bien el Ejecutivo, en este contexto, en reenfocar sus esfuerzos a la gestión de la crisis (y no dudamos de sus buenas intenciones y esfuerzos para atajarla) y dejar de lado fallidos intentos de martillazos políticos que únicamente terminan por golpearlos a ellos mismos.

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