Bajo el signo de interrogación, por Giulio Valz-Gen

Si hay algo que describe bien esta campaña electoral, tanto en términos políticos como jurídicos, es el signo de interrogación. 

¿Qué va a pasar con la candidatura de Guzmán? ¿El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ratificará su propia decisión? ¿El Jurado Electoral Especial (JEE) rechazará el registro de la plancha de Todos por el Perú (TPP) aplicando la resolución del JNE que denegó la inscripción de modificaciones a sus estatutos? ¿El JNE aplicará un criterio distinto cuando resuelva una eventual apelación respecto al tema de la plancha de TPP? Misterio.

Si bien la aplicación de la ley debería ser predecible, en el Perú no lo es.  
Y como una gran cereza al pastel, ayer se conoció que uno de los miembros del JNE que firmaron la resolución que niega la inscripción de la modificación de los estatutos de TPP, Jesús Fernández Alarcón, será cambiado en los próximos días.  
El magistrado es el representante del Ministerio Público ante el JNE y votó en contra de la posición de TPP.

Aunque la fiscalía cuente con argumentos legales para efectivizar el cambio en plena campaña, lo cierto es que el momento es inapropiado. Con elecciones ya convocadas, plazos corriendo y, sobre todo, cuando el JNE ya ha emitido pronunciamientos en este proceso, cambiar a uno de los jueces electorales es echar más leña al fuego a las grandes interrogantes que existen en estos comicios.

Aunque el tema es evidente, es bueno insistir: lo que todo esto desnuda es que, en general, la regulación del sistema electoral peruano es muy mala. No tiene ningún sentido que a menos de dos meses de las elecciones no se tenga certeza respecto a quiénes postulan a la presidencia y al Congreso de la República, ni sobre las normas que rigen el proceso. 

Si bien los organismos electorales plantearon desde hace más de tres años la necesidad de emprender una reforma, el asunto no fue abordado con la seriedad necesaria por el Congreso.  

La ligereza del Legislativo y la del Ejecutivo ha sido tal que una de las normas que modifica la Ley de Partidos Políticos fue promulgada recién en enero de este año, cuando las elecciones ya habían sido convocadas. La ley en cuestión fue aprobada por el Congreso el 5 de noviembre y observada por el Ejecutivo (por cuestionamientos al financiamiento público a los partidos políticos)  el 13 del mismo mes. Ese mismo día, el presidente Humala convocó a elecciones generales. El 15 de noviembre, el Congreso insistió con la norma, es decir, usando sus atribuciones constitucionales, decidió que, pese a la observación del Ejecutivo, la ley debería promulgarse. Sin embargo, antes de que ello ocurriese, resultaba necesario que el Ejecutivo realizara ciertas formalidades para su publicación en “El Peruano”. Pues bien, resulta que el Ejecutivo hizo los trámites recién el 17 de enero. La ley en cuestión, entre otros aspectos, es la que establece topes a la entrega de dádivas en campaña y reglas sobre la valla electoral cuando los partidos van en alianza.  

Justamente, uno de los recientes cuestionamientos al candidato César Acuña está relacionado con la entrega de dádivas en campaña (regaló 10 mil soles en un mercado) y su defensa es que la reciente norma no aplica al proceso electoral. Pese a que la norma sí es aplicable, hay un nuevo signo de interrogación planteado. Apuesto que vienen varios más con las reglas aplicables a la valla electoral y otros temas regulados en esa norma. Más incertidumbre, más judicialización.  

Gracias Congreso, gracias presidente Humala (es sarcasmo por si no se entiende).

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