Sánchez vs. Fuerza Popular: cronología del enfrentamiento [VIDEO]

El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, se encuentra enfrascado en un conflicto con la bancada mayoritaria, Fuerza Popular, situación que podría terminar en su salida del cargo por una acusación constitucional en su contra.

- El inicio -

Si bien los cuestionamientos del fujimorismo iniciaron desde el momento en que decidieron abrir una investigación contra su lideresa, Keiko Fujimori, llegaron a uno de sus puntos más álgidos el 29 de setiembre, cuando el fiscal José Domingo Pérez decidió aplicar la Ley contra el Crimen Organizado en las indagaciones por presuntos aportes irregulares en la campaña presidencial del 2016.

Keiko Fujimori rechazó esta decisión y, días después, recibió el respaldo de todos los congresistas de su bancada, quienes no dudaron en acusaron al Ministerio Público de estar actuando con fines políticos.

A lo largo de octubre, las críticas de Fuerza Popular continuaron, ya que la Sala Penal de Apelaciones ratificó la decisión fiscal de aplicar la normativa contra el crimen organizado que permite plazos más amplios para sus investigaciones.

- Joaquín Ramírez -

La siguiente polémica surgiría durante los primeros días de noviembre. El viernes 3, el Ministerio Público decidió reabrir la investigación contra Joaquín Ramírez en la cual también está incluida Keiko Fujimori. No solo eso, sino que también dispuso el uso de la Ley contra el Crimen Organizado. Esta información recién sería difundida por medios el lunes 6 de noviembre.

Ese mismo lunes 6, el vocero de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, presentó una acusación constitucional contra Pablo Sánchez por considerar que no había garantizado que se investiguen a las empresas peruanas que fueron socias de Odebrecht. 

A pesar de la coincidencia de fechas, Salaverry negó que su denuncia sea una represalia contra Pablo Sánchez. El fiscal de la Nación piensa lo contrario y considera que es una respuesta directa al proceso que se le sigue a Joaquín Ramírez.

Ahora toca esperar que la denuncia sea aprobada y siga su curso, primero en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (encabezada por el fujimorista Milagros Takayama) y luego en el pleno del Congreso.

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