Una guía para ubicar a los ministros en Twitter sin caer en cuentas “fake”

La noche del lunes, una cuenta en Twitter, que se atribuyó la identidad del ministro de Defensa, Walter Ayala, encendió las alarmas, al prácticamente amenazar a un medio de comunicación, que momentos antes había emitido un reportaje cuestionando al abogado dado de baja en la Policía. Sin embargo, fuentes del sector señalaron que el perfil es falso.

Las mismas fuentes admitieron que el Ministerio de Defensa (Mindef) cometió un error, al etiquetar a la referida cuenta falsa en una publicación oficial en la víspera, en la que se daba cuenta de una visita de Ayala al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

“Lo primero que debemos entender es que tenemos que confiar en la información que publican las entidades públicas. Si una entidad etiqueta al ministro, se entiende que es porque ha verificado que es su cuenta o el mismo ministro les ha dicho que ese perfil le pertenece. Esta excusa de que no sabíamos lo que genera es una distorsión”, dijo el abogado especializado en nuevas tecnologías Erick Iriarte.

Iriarte, en comunicación con El Comercio, refirió que él, como muchos otros, asumieron que este tuit del falso Ayala era cierto.

“[Desde el Mindef] deben tener más cuidado y precaución y evitar estos errores. Mucha gente, incluyéndome, asumimos que esta información oficial que dio el sector Defensa era correcta”, agregó.

Lo cierto es que ni el presidente Pedro Castillo ni ninguno de los integrantes de su primer Gabinete Ministerial tienen sus cuentas en Twitter verificadas. Es decir, con el check azul.

Por ejemplo, en la referida red social hay hasta tres usuarios que refieren ser el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Víctor Raúl Maita Frisancho. Ninguno supera los 100 seguidores. Y existen cuatro cuentas que serían del excandidato de Renacimiento Unido Nacional (RUNA) a la Presidencia Ciro Gálvez, quien desde el miércoles pasado es el titular del Ministerio de Cultura (que pasará a llamarse ministerio de las culturas).

De los 19 ministros de Estado, este Diario ha podido confirmar el usuario de 10 de ellos [ver recuadro].

Sin marco legal

Antes de jurar como primer ministro, Guido Bellido aparecía en su foto de perfil en Twitter en una oficina y detrás de él había posters de dos Vladimir: Lenin y Cerrón. Este último secretario general de Perú Libre, exgobernador regional de Junín, un condenado a cuatro años de prisión suspendida por el delito de negociación incompatible.

Bellido, en otras redes, principalmente Facebook, ha posteado opiniones misóginas, homofóbicas y radicales.

En Twitter, se dedicaba a replicar sus entrevistas como congresista electo y también las declaraciones de Cerrón.

En su primer tuit, ya con el fajín puesto, Bellido respaldó la designación de Francke como ministro de Economía y Finanzas, luego de que este haya dejado en suspenso su juramentación. Y el jefe del Gabinete Ministerial se ha dedicado a informar sobre sus actividades, como una reunión con el titular de Vivienda, y el viaje que realizó a Cusco para dialogar con los manifestantes que bloquearon el corredor minero.

Iriarte advirtió que, hasta el momento, no existe una norma sobre el uso de las redes sociales por parte de funcionarios públicos. Aunque sí refirió que la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), en el 2019, publicó un Manual de estilo para las cuentas oficiales de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En este documento se establece que las personas que administran las redes sociales de una entidad del Ejecutivo “deben garantizar su uso apropiado”.

“Se deben evitar las opiniones de carácter personal que puedan afectar los valores de la institución del Estado. Siempre deben actuar con transparencia y respeto a la legislación. Por tanto, no se justifican los comentarios despectivos ni ofensivos”, subraya.

El abogado especialista en nuevas tecnologías recordó que la exministra de Justicia y Derechos Humanos Marisol Pérez Tello protagonizó una situación “interesante”. Tras ser nombrada al inicio del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, ella dejó de utilizar su cuenta personal de Twitter, y todos los anuncios respecto a su gestión se realizaban por las redes de su despacho.

Iriarte también señaló que, en Estados Unidos, los presidentes de la República tienen una cuenta personal y otra oficial, bajo la denominación POTUS. Agregó que cuando la persona deja el cargo, el perfil de su administración pasa a ser gestionado por los archivos norteamericanos.

“Por ejemplo, la cuenta de Barack Obama, la de su mandato, pasó a llamarse @POTUS44, y ahí se puede ver todo lo que hizo en su gobierno. Trump ha pasado a ser @POTUS45. Un detalle importante es que el archivo general de la República en el Perú no tiene reglas para el resguardo de la información en el entorno digital”, acotó.

¿Una autoridad puede bloquear a un usuario?

El Tribunal Constitucional, por medio de la sentencia N° 00442-2017-PA/TC, estableció que no se puede “obligar” a alguien a aceptar seguidores en su cuenta personal de Twitter, mediante el desbloqueo de cuentas, así se trate de un funcionario público o no, porque “vulneraría su libertad personal”.

La institución también indicó que el uso que un funcionario público le dé a su cuenta personal en la referida red social “no altera su naturaleza privada”. “Es decir, el hecho de que mediante aquella se transmita información que pueda ser de interés público no convierte dicha cuenta en una oficial o institucional”, subrayó el fallo.

De esta manera, el tribunal resolvió una acción de amparo que interpuso Iriarte en contra del ex primer ministro Pedro Cateriano.

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